Una mirada sobre Brasil
Con el inicio de septiembre, la campaña electoral llega a su final. El día 1º de octubre los brasileños irán a las urnas para elegir su Presidente de la República, una tercera parte de la bancada del Senado, todos los 513 parlamentarios de la Cámara de Diputados, 27 gobernadores y Asambleas Legislativas en los estados.
Campaña electoral llega al final
Cautela y mucha campaña
Seguridad pública
Reforma política
Libertad de expresión
Campaña electoral llega al final
Con el inicio de septiembre, la campaña electoral llega a su final. El día 1º de octubre los brasileños irán a las urnas para elegir su Presidente de la República, una tercera parte de la bancada del Senado, todos los 513 parlamentarios de la Cámara de Diputados, 27 gobernadores y Asambleas Legislativas en los estados. En el caso de la Presidencia y los gobiernos estaduales, si hay segunda vuelta, las elecciones se realizarán el último domingo de octubre.
Incluso después del inicio del horario de propaganda electoral en la radio y la televisión, una apuesta de los candidatos para mejorar su desempeño en la preferencia del electorado, una encuesta divulgada por el Instituto Datafolha muestra que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantiene el liderazgo, incluso con posibilidad de vencer en la primera vuelta. La intención de voto en el ‘petista’ aumentó dos puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior. Lula aumentó de 47 para 49% el total de sus votos. El segundo colocado en la disputa, el candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Geraldo Alckmin, osciló del 24 para el 25% de las preferencias. Ya Heloísa Helena, del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) osciló de 12 para 11%.
La encuesta también muestra que el gobierno obtiene una aprobación record: Lula posee la mayor tasa de aprobación a un presidente desde que el Datafolha empezó a realizar encuestas nacionales de evaluación del gobierno federal, en 1990. La tasa de los que consideran que el gobierno del ‘petista’ es excelente o bueno, que ya había aumentado siete puntos porcentuales entre julio e inicio de agosto (38 para 45%), aumentó de nuevo y actualmente es del 52%. Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), antecesor de Lula, alcanzó su mejor marca en diciembre de 1996, luego de completar dos años de gobierno, y era aprobado por el 47% de la población.
Este liderazgo del presidente Lula se puede deber al apoyo que el actual gobierno recibe de las capas populares; a las expectativas que la mayor parte de la izquierda política y social mantienen respecto de un segundo mandato Lula; y al repudio a un eventual retorno del PSDB y el Partido da Frente Liberal (PFL) al gobierno federal.
Las candidaturas de oposición enfrentan dificultades en el debate comparativo, entre otros motivos porque en la confrontación el gobierno Lula supera los ocho años de gobierno Cardoso y los doce años de los representantes del PSDB en São Paulo (Alckmin estuvo al frente del gobierno del estado de São Paulo durante cinco años).
También les es difícil enfrentar el debate sobre el próximo mandato: las propuestas de Heloísa Helena no parecen factibles, y las propuestas de Alckmin traen de vuelta las privatizaciones, los cortes en los presupuestos sociales, la implantación del Alca y la represión a los movimientos sociales.
En la semana de estreno de los programas electorales en la televisión, la oposición tuvo que enfrentar en los telediarios la noticia de que las negociaciones salariales del primer semestre de este año fueron las mejores que los trabajadores ya obtuvieron en el periodo por lo menos desde 1996, año en el que el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese) dio inicio a las investigaciones sobre reajuste salarial.
Según el Dieese, varios factores contribuyeron para el buen desempeño de las negociaciones, como la expansión del mercado consumidor interno, estimulada por la mayor oferta de crédito y por los efectos de los programas sociales, así como por el impacto de los últimos aumentos reales del salario mínimo oficial.
Cuando Fernando Henrique Cardoso asumió el gobierno, en 1995, el valor del salario mínimo era de R$ 100. Después de cuatro años, el valor real se redujo para R$ 98,83. Ello sucedió porque, después de cuatro años, la inflación en el periodo fue mayor que el reajuste del salario. En cuatro años de gobierno Lula, el crecimiento nominal es del 75%. Si no consideramos la inflación en el periodo, el aumento real llega a 25,8%. Con ello hubo un aumento significativo en el poder de compra del salario mínimo, que es uno de los más elevados en los últimos 40 años.
Incluso los empresarios, aunque reclamen de la tasa de 2,3% de crecimiento del país, reconocen que los indicadores macroeconómicos son positivos. Según el diario Folha de S. Paulo, “desde Mario Amato hasta Paulo Skaf, estas serán las primeras elecciones presidenciales en las que el presidente de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) no tiene un perfil político asociado a algún adversario de Luiz Inácio Lula da Silva”. En 1989, Amato declaró que si Lula venciera, habría un éxodo masivo de los empresarios. Después de él, presidieron la Fiesp Carlos Eduardo Moreira Ferreira, diputado por el PFL, y Horacio Lafer Piva – hijo de Pedro Piva, suplente de senador de José Serra – adversario de Lula en el 2002.
El principal candidato de la oposición, al mismo tiempo en que defiende un “shock de capitalismo”, es forzado a declarar en su programa electoral en la televisión que dará continuidad al programa Bolsa-Família, creado por el gobierno Lula. “Al repetir exhaustivamente que ampliará el Bolsa-Família, Alckmin cometió un error fatal: cedió de una vez por todas a la pauta y a la agenda de Lula”, escribió el profesor de filosofía política de la Universidad de Campinas e investigador del Cebrap, Marcos Nobre, en un artículo para la Folha de S. Paulo.
El Bolsa-Família asegura ayuda financiera a más de 11,1 millones de familias y llega al 99,9% de los municipios brasileños. En contrapartida, las familias beneficiadas deben matricular y asegurar la asistencia de sus hijos a la escuela, cumplir el calendario de vacunación, acompañamiento prenatal y participar en acciones educativas sobre amamantación materna y alimentación saludable.
Los programas sociales del gobierno Lula le rindieron el apoyo masivo de los sectores más pobres de la población, concentrados en la llamada clase E, que gana hasta un salario mínimo al mes. El apoyo a Lula se reduce a medida que los ingresos aumentan, aunque también sea mayoritario en casi todos los niveles de renta.
Esos datos, según análisis del periodista Franklin Martins, “señalan una neta separación política entre los pobres y la clase media, lo que es una absoluta novedad en el Brasil post dictadura militar”.
Martins subraya que, durante los últimos 25 años, “pobres y remediados marcharon juntos electoralmente – la clase media al frente y los pobres atrás, por supuesto”. Este fue el periodo que el periodista llama “efecto piedra en la laguna”, en el que, cuando se tira una piedra, es decir, cuando ocurre el hecho político, se producían olas concéntricas a partir de los formadores de opinión – es decir, la clase media – que, después de algún tiempo, llegaban a las orillas de la laguna, o sea, a la inmensa mayoría pobre de la población. Prevalecía en el país un comportamiento político-electoral razonablemente homogéneo, a pesar de los matices de ritmo y de discurso. Ello ocurrió en la lucha por las elecciones directas, en el apoyo a la Nueva República, en el impedimiento de Collor, en el soporte al Plan Real y al gobierno Cardoso. Lo mismo sucedió en la victoria de Lula en el 2002”.
Sin embargo, Franklin defiende que en la crisis política que tuvo inicio el año pasado ello no se repitió. Tampoco en el plebiscito sobre el desarme. “En estos dos episodios, al contrario, las olas provenientes del centro se encontraron con un dique, situado, grosso modo, en las proximidades de la clase C. No sólo no llegaron a las orillas de la laguna, sino que, bloqueadas, volvieron al centro, afectando y confundiendo a los formadores de opinión tradicionales. Para resumir: la clase media típica, más presente en el Brasil próspero, se fue para un lado; el pueblo, para el otro. Cierto o equivocado, el pueblo cree que mejoró de vida con Lula y no quiere bajarse del tranvía que, en su opinión, lo está transportando hacia días menos difíciles”, analiza.
Para Franklin Martins, “el núcleo duro de este nuevo comportamiento político se encuentra en el llamada clase C (que gana de 2 a 5 salarios mínimos) que, en realidad, no es una clase, sino una confluencia de diversos sectores, que van desde la clase obrera de los sectores de punta de la economía hasta la clase media tradicional empobrecida, pasando por los segmentos de la población que hasta hace poco estaban por debajo de la línea de la pobreza e ingresaron recientemente al mercado y al mundo de la ciudadanía. Son los que se benefician con el ProUni, con la computadora de R$ 1.400 comprada a crédito, con el microcrédito etc”.
Cautela y mucha campaña
De todos modos, incluso frente a un escenario tan favorable a la candidatura Lula, no se puede despreciar la ocurrencia de una segunda vuelta, por varios motivos. Hay que tener en cuenta que, en las últimas elecciones presidenciales, no hubo segunda vuelta en 1994 y en 1998, pero en aquellas oportunidades los medios de comunicación y el gran empresariado apoyaban abiertamente la candidatura Cardoso. Actualmente, la mayor parte de los medios y una gran parte del capital no apoyan a Lula.
Una encuesta realizada por el Doxa/Iuperj, que midió el espacio dado a los candidatos a la presidencia en las páginas de los cuatro grandes diarios brasileños, así como el contenido del noticiero – clasificado en Positivo, Negativo y Neutral, no deja dudas de qué lado están las grandes empresas de comunicación del país.
El caso del diario O Estado de S. Paulo es ejemplar. En nada menos que 10 de los 12 periodos quincenales medidos desde el inicio de 2006, el volumen bruto del noticiero sobre el candidato Lula es negativo. En sólo dos periodos hay un volumen mayor de noticias positivas. Ya cuando se trata de Alckmin, los números se invierten. En ocho de los periodos medidos, la cantidad de noticias positivas supera las negativas. Y en sólo cuatro prevalecen noticias negativas.
En los demás diarios investigados por el instituto – O Globo, Folha de S. Paulo y Jornal do Brasil – los números tienden a igualarse. O Globo con una pequeña ventaja en el espacio para Alckmin, y la Folha de S. Paulo con ligera ventaja para Lula. Pero el relativo equilibrio de estos diarios desaparece cuando se trata del presidente Lula, y no del candidato Lula. En todos ellos el volumen de noticias negativas sobre el presidente supera ampliamente la cantidad de noticias positivas. En O Globo, las noticias negativas sobre el presidente superan las positivas en todos los 12 periodos medidos. En la Folha y en el Jornal do Brasil, el noticiero negativo prevalece en 11 periodos.
Para que no haya segunda vuelta, el 50% más uno de los votos válidos deben ser de Lula. En tesis, la oposición puede impedir esto, si logra atraer el voto – para cualquiera de sus candidaturas – de las personas que declaran no tener candidato o que prefieren el voto nulo o blanco. En la encuesta Datafolha del 23 de agosto, la tasa de los que declaran que su voto todavía puede cambiar es del 24%.
La gran apuesta de la oposición PSDB-PFL sigue siendo el programa electoral en radio y televisión. La coligación PSDB-PFL, que cuenta con más tiempo que la candidatura Lula, tiene el desafío de hacer que su candidato, Geraldo Alckmin, sea conocido por la población y, al mismo tiempo, retire de Lula el favoritismo electoral. Sigue intentando ganar el electorado más resistente a votar en lula (una parcela de las mujeres, de la juventud, de los sectores medios y una parcela de los electores de las regiones Sur y Sureste).
En este sentido, hay una tendencia al crecimiento de los ataques contra Lula, el gobierno y el PT. Este ha sido el apelo público de los jefes políticos del PFL, como el senador Antonio Carlos Magalhães y el alcalde de Rio de Janeiro, César Maia.
Es importante subrayar que la mayoría de los candidatos a gobernador vinculados a la oposición está adoptando una actitud cautelosa en lo que se refiere a las elecciones presidenciales. En muchos casos, candidatos a gobernador del PSDB o del PFL dan prioridad a su propia elección y aceptan el favoritismo de la candidatura Lula. El ejemplo de ello es que Alckmin fue excluido de los primeros programas electorales de los estados exhibidos en televisión por sus colegas y aliados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco y Ceará.
Ya el presidente Lula estuvo en la mayoría de los programas estaduales de sus aliados. En el caso de Ceará, el propio candidato del PSDB a gobernador, Lúcio Alcântara, en un intento de aprovechar el favoritismo de Lula, hablaba en su programa de televisión de su relación con el presidente y de sus alianzas con el “gobierno federal”.
Sin embargo, esta situación puede cambiar, en el caso de que estos gobernadores se elijan en la primera vuelta y la disputa presidencial sólo se resuelva en la segunda vuelta. Es estratégico que las candidaturas a gobernador vinculadas a Lula logren llevar las disputas estaduales a la segunda vuelta. Para que esto sea factible tendrán que basar sus campañas en la campaña presidencial.
Seguridad pública
Sin embargo, actualmente la derecha tiene ventaja en la disputa para gobernadores, senadores, diputados federales y estaduales. Por ello es probable que se sienta a gusto y piense que no tiene nada que perder si sube el tono de la campaña nacional, tanto en lo que se refiere al tema corrupción como al tema de la seguridad pública.
Aunque su política de seguridad y carcelaria sea directamente responsable por el surgimiento de la facción criminal Primer Comando de la Capital (PCC), la derecha del PSDB-PFL ha intentado – gracias al apoyo de los grandes medios de comunicación – dividir responsabilidades con el PT. En ello contó con el simbólico apoyo de Heloísa Helena, que hizo la acusación de que ‘petistas’ y ‘tucanes’ eran igualmente responsables por la crisis de seguridad en el estado de São Paulo, durante el debate realizado en la Red Bandeirantes de Televisión.
Mientras los ‘tucanes’ intentan eximirse de responsabilidad, ya que gobernaron el estado de São Paulo durante 12 años, la población de São Paulo asiste a más una serie de ataques del PCC por toda la ciudad.
Para intentar asociar el PT al PCC, la oposición del PSDB-PFL divulgó una supuesta grabación en la que miembros de la facción criminal planean ataques contra políticos, menos los del PT. Según el presidente del PSDB en São Paulo, este “privilegio” se debería a la involucración del PT con la defensa de los derechos humanos. En otra línea, pero con el mismo propósito, sectores de la prensa y de los partidos de derecha argumentan que la actuación del PCC recordaría el modus operandi de lo que llaman de “grupos terroristas de izquierda”, entre los cuales se cita a las FARC colombianas. Como se sabe, en el 2005 la revista Veja divulgó una falsa noticia de que el PT habría recibido 5 millones de reales provenientes de aquella organización.
El intento de culpabilizar el PT por las acciones del PCC, además de que no tiene ningún fundamento, es desmentido por el hecho de que el gobierno federal ofrece y presta efectiva colaboración al gobierno estadual de São Paulo en el combate al crimen, reduce la credibilidad de los ataques ‘tucanes’. El 11 de agosto el gobierno federal anunció la liberación de 78 millones de reales para la policía de São Paulo.
Todavía en agosto se implantó en São Paulo el Gabinete de Gestión Integrada de la Seguridad Pública (GGI), organismo que tratará de articular acciones entre los gobiernos federal y estadual compartiendo informaciones y optimizando recursos.
Es una medida considerada esencial por especialistas y por los propios órganos de gobierno para combatir organizaciones criminales como el PCC, pero se convirtió en realidad sólo tres años después de que la administración de São Paulo firmó un convenio con el Estado y pasó a formar parte del Sistema Único de Seguridad Pública (Susp). São Paulo, que fue gobernada por 12 años por gobiernos ‘tucanes’, es el último estado brasileño a dar inicio en la práctica a ese trabajo conjunto.
Reforma política
Todavía en el mes de agosto, otro importante tema estuvo en discusión: la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta de promover una reforma política profunda en el país fue presentada por juristas y recibida con simpatía por el presidente Lula.
La idea – no se trata de una propuesta oficial del gobierno ni del candidato – marcó el debate político. Entre las fuerzas que apoyan a Lula hay distintas posiciones. Ya entre los oposicionistas, hay casi una unanimidad contraria a la propuesta de convocar una Constituyente.
Según los oposicionistas, convocar una Constituyente sería “innecesario”, una “maniobra diversionista” con rasgos de “golpismo”.
La reacción de las oposiciones muestra que el presidente tocó la herida: aunque todos digan que la reforma política es necesaria y urgente, el actual Congreso de la Nación no demuestra una efectiva disposición para llevarla a cabo, entre otros motivos, porque podría afectar los “derechos adquiridos” de los parlamentarios.
Frente a este obstáculo, la convocatoria de una Constituyente, a pesar de todas las dificultades, representaría una alternativa viable para realizar la reforma política profunda que el país necesita, para tratar de temas como la fidelidad partidaria, el voto en lista y la financiación pública exclusiva de la campaña electoral.
Libertad de expresión
Mientras las grandes empresas de comunicación hacen campaña y sustentan la candidatura de la oposición con artículos y editoriales en defensa de Alckmin y ataques al gobierno Lula, el Tribunal Superior Electoral prohíbe la circulación de la Revista do Brasil producida por 23 de los mayores sindicatos del país y por la CUT.
La decisión, que hizo recordar la época de la dictadura en el país, fue motivada por una representación de la coligación Por um Brasil Decente (PSDB-PFL), contra la regional de São Paulo de la Central Única de los Trabajadores (CUT) en función de la vehiculación de la primera edición de la Revista do Brasil. El ministro Carlos Alberto Menezes consideró procedente la representación y prohibió la circulación de la revista por cualquier medio, so pena de multa prevista en el numeral 3 del artículo 36 de la Ley nº 9.504/97.
El primer número de la revista tenía en su portada el presidente Lula y un artículo que analizaba los motivos que lo llevan a mantener una elevada popularidad, a pesar de la crisis política del año pasado. El segundo número, con un artículo sobre la Volkswagen en su portada, ya se estaba distribuyendo.
La acción del PSDB y del PFL alegaba que la divulgación de la revista representaba una práctica de conducta ilícita, porque algunos de los artículos tenían el propósito de “resaltar la supuesta fuerza electoral del actual presidente de la República, al informar que su gobierno no desmanteló programas sociales y no privatizó derechos sociales y culturales”, según texto difundido en el sitio del TSE.
Según sus idealizadores, la Revista do Brasil fue lanzada en mayo con el propósito de hacer llegar a los cerca de 360 mil asociados a estos sindicatos “información desde la óptica de los trabajadores”. Los sindicatos están recurriendo de la decisión.
El 9 de agosto, según la agencia Carta Mayor, representantes de decenas de sindicatos vinculados a la CUT, periodistas y militantes de movimientos sociales, protestaron en contra de la censura impuesta a la revista. El vicepresidente de la ABI (Asociación Brasileña de Prensa), Audálio Dantas, criticó cualquier tipo de censura y defendió la libre circulación de ideas, para que todos los ciudadanos tengan derecho a la información. “Las opiniones de la mayoría de las publicaciones de los grandes medios de comunicación, ofensivas a unos u elogiosas a otros, no sufren censura, porque la Constitución garantiza que no haya esta práctica. Entonces ¿por qué una revista como esta, justamente un vehículo de los trabajadores, sufre censura?” – se preguntó.