La especulación de la prensa acerca de un tercer mandato del presidente Lula, la oposición al gobierno en el Congreso, las decisiones del Tribunal Superior Electoral (fidelidad partidaria, el derecho de huelga en el sector público, la financiación de los partidos políticos), la elección de la nueva dirección nacional del PT y la salida del PCdoB de la CUT son los temas tratados en esta edición.

El calendario político brasileño prevé elecciones cada dos años. En el 2008 tendremos elecciones municipales. En el 2010 las elecciones serán prácticamente generales: se elegirá el presidente de la República, 2/3 del Senado, toda la Cámara de Diputados, todos los 27 gobernadores estaduales y las respectivas 27 asambleas legislativas.

La elección presidencial de 2010 contiene una novedad. Por primera vez desde 1989, el nombre de Lula no estará entre las alternativas.

El actual presidente de la República está impedido, por fuerza de la ley, de ser candidato a un tercer mandato en 2010 (aunque pueda presentar su candidatura en el 2014). Pero sin duda Lula ejercerá una gran influencia en su propia sucesión.

La oposición de derecha cree que, sin Lula como oponente, ganará las elecciones presidenciales. Varios de los partidos que apoyan el gobierno creen que, sin Lula, el Partido dos Trabalhadores tendrá que apoyar un candidato a la presidencia de otro partido.

En su 3er Congreso, el PT aprobó que lanzará candidato a la presidencia de la República. Pero una parte de la gran prensa duda de esta decisión. Hasta hace poco decía que el PT tendría que apoyar un candidato de otro partido. A fines de octubre o inicio de noviembre la gran prensa pasó a defender otra tesis: la de que el PT podría defender un cambio constitucional, que permitiría que Lula disputara un tercer mandato en 2010.

La especulación de la gran prensa se basaba en un hecho: algunos diputados federales presentaron la propuesta de otorgarle al presidente de la República el derecho de convocar plebiscitos, sin que esta decisión pasara por el Congreso Nacional. Un diputado presentó como ejemplo del tipo de plebiscito que se podría convocar aquel que alteraría la Constitución y permitiría que Lula disputara un tercer mandato.

La propuesta fue rechazada por un amplio frente, que abarca desde la oposición de derecha hasta la oposición de izquierda, pasando por el PT y por el propio Lula. Pero el hecho de que exista esta propuesta y de que tenga entre sus partidarios un diputado federal petista, generó una ola de especulaciones sobre cuál seria, de hecho, la posición del Partido de los Trabalhadores.

La propuesta de tercer mandato fue rechazada por diversos motivos.

En primer lugar, porque para aprobar este cambio constitucional sería necesario efectuar una intensa movilización, que provocaría una radicalización en la disputa política del país, iniciativa que no condice con la línea moderada adoptada desde 2003 por el gobierno Lula.

En segundo lugar, porque el PT y Lula se opusieron a la aprobación de la reelección durante el gobierno FHC, condenando entre otras cosas el cambio de las reglas del juego.

En tercer lugar, el PT está interesado en convocar una Constituyente exclusiva para aprobar una reforma política. En este contexto, la propuesta de un tercer mandato apequeña la propuesta de Constituyente y hace que la misma parezca un casuismo.

En cuarto lugar, la defensa de un tercer mandato para Lula da la impresión de que el PT considera que, sin Lula, inexorablemente será derrotado – una impresión que sólo lo ayuda al PSDB.

En función de estos y otros motivos, el diputado estadual Rui Falcão afirmó que “la oferta de un tercer mandato consecutivo al presidente Lula, efectuada por dos diputados gubernistas el día en que Lula cumplía 62 años, fue un verdadero regalo de griego”.

El diputado también afirma que “en el caso de que ocurra una reforma política, el presidente Lula es favorable a la reelección, estipulándose en cinco años a partir de entonces el mandato del presidente, gobernadores y alcaldes”.

La polémica en torno al tercer mandato sólo gana espacio porque, después de casi cinco años de gobierno, el presidente Lula mantiene altos índices de aprobación, en torno al 60%. Pero como lo recuerda el diputado Rui Falcão, que presidió el PT en 1994, “la continuidad del programa democrático-popular del gobierno Lula y el mantenimiento de los compromisos programáticos del PT y los partidos aliados también se pueden asegurar por medio de un candidato propio del PT o de sus aliados, con sustentación popular y apoyado por una coligación. Es evidente que el apoyo de Lula, en función de su liderazgo, carisma y popularidad, así como las realizaciones del gobierno petista, juegan un papel fundamental en la sucesión de 2010”.

La propuesta de tercer mandato para Lula sirvió como pretexto para las que las fuerzas de oposición endurezcan su posición en la negociación de la prorrogación de la CPMF (Contribución Provisoria sobre el Movimiento Financiera), tributo considerado como esencial para el cumplimiento de las acciones del gobierno federal.

La CPMF fue aprobada durante el gobierno FHC, y en la época recibió duras críticas por parte del PT. La oposición del PT a la CPMF, en aquella oportunidad, se está explotando mucho actualmente a nivel de la prensa, que no se preocupa con registrar que –ya en aquella época– una parcela importante del PT defendía la aprobación del tributo.

Actualmente la CPMF constituye una importante fuente de ingresos para el gobierno. El hecho de no aprobarla, como pretende el PSDB, haría que varias políticas gubernamentales no se pudieran aplicar.

El gobierno efectuó un gran esfuerzo para convencer el PSDB de que sería bueno para el país, inclusive para las relaciones gobierno/oposición y para el próximo presidente de la República, la aprobación de la CPMF.

Sin embargo, hasta el momento prevaleció en la posición del PSDB la tendencia oposicionista de la agremiación. Incluso sin los votos del PSDB, el gobierno considera que vencerá la votación en el Senado, que debe llevarse a cabo hacia mediados de noviembre.

Otro tema en debate en el Congreso Nacional es la creación de la Empresa Brasil de Comunicación (EBC), por medio de la medida provisoria 398/07 que creó la EBC y, con ella, la televisión pública (TV Brasil).

La TV Brasil comienza a transmitir su programación a partir del día 2 de diciembre, con señal digital, hacia São Paulo. La señal será abierta, en un canal que se está definiendo. La misma programación también será transmitida a São Paulo con señal analógica, la misma tecnología que se utilizará para las transmisiones de la TV Brasil hacia los estados de Rio de Janeiro y Maranhão, además del Distrito Federal.

Más allá de las divergencias de mérito sobre los temas en debate en el Congreso Nacional, está claro que hay una polarización que corresponde al acercamiento de las elecciones municipales de 2008.

Esta polarización, sumada con las dificultades estructurales del Legislativo, ha provocado impasses que sirvieron como pretexto para que las altas cortes de Justicia brasileñas usurpasen prerrogativas de los legisladores.

Los tres ejemplos más recientes de ello fueron las decisiones judiciales sobre la fidelidad partidaria, el derecho de huelga de los empleados públicos y las contribuciones de los partidos políticos.

La resolución del Tribunal Superior Electoral sobre las contribuciones de autoridades y cargos de jefatura y dirección, publicada el 16 de octubre, simplemente prohíbe que partidos políticos reciban donaciones o contribuciones de “autoridades” que ocupan cargos ad nutun (cargos en comisión) de la administración directa o indirecta.

Se incluyen en esta prohibición los Ministros, Secretarios de Estado y del Municipio, presidentes, jefes o directores de empresas de la administración directa o indirecta, inclusive las autarquías, y todos los servidores que ocupen cargos de confianza (cargos en comisión) que ejerzan “función de dirección y jefatura”.

No se incluyen ahí los servidores que “ejecutan” las decisiones, sino los que practican actos que “traen en sí una decisión, y no mera ejecución”.

Tal resolución no afecta los mandatos electivos y por lo tanto las contribuciones o donaciones de los afiliados parlamentarios y de los demás mandatarios están permitidas.

A partir de la fecha de publicación de la nueva Resolución n.º 22.585, los directorios partidarios deben adecuarse a las nuevas normas, excluyendo de la lista de donadores y de las contribuciones estatutarias los afiliados ocupantes de esto tipo de cargos.

Si eventualmente a partir de esta fecha los directorios partidarios reciben directamente en sus cuentas bancarias, donaciones o contribuciones de afiliados que se encuadren en las prohibiciones impuestas por el TSE, deberán devolver tales valores a través de extorno, cheque o transferencia bancaria, registrando la operación con la documentación correspondiente, que deberá acompañar la rendición de cuentas que se entregará el próximo año en la Justicia Electoral.

La nueva resolución del TSE se basa en una interpretación totalmente abusiva de la Ley 9.096/95, que en su artículo 31, numeral II, impide que en el ejercicio de su función o cargo las autoridades públicas contribuyan (directa o indirectamente, inclusive a través de publicidad) con los partidos políticos.

La interpretación del TSE es abusiva, porque extingue el derecho individual de los ciudadanos que están al frente de cargos públicos, impidiendo que utilicen su salario personal para contribuir con el partido político al cual están afiliados.

El TSE cometió el error de interpretar que las autoridades públicas no pueden participar en las actividades de su respectivo partido político (con derechos y obligaciones como cualquier otro afiliado), participación contra la cual no hay ningún tipo de impedimento legal o constitucional.

¿Por qué estos ciudadanos brasileños estarán impedidos de ejercer plenamente sus derechos políticos y de participar, incluso de forma financiera, de las actividades de las agremiaciones partidarias de su preferencia?

Por detrás de la absurda decisión del TSE existe la intención de afectar al Partido dos Trabalhadores, cuyos afiliados que ocupan cargos en comisión son estatutariamente obligados a contribuir con las finanzas partidarias.

El PT exige como condición para participar en sus actividades partidarias que haya una contribución anual de todo y cualquier afiliado. Sin embargo, con la nueva Resolución del TSE, los que poseen mayor responsabilidad política no podrán ayudar financieramente el partido al cual están afiliados o al partido de su preferencia.

Tal decisión afecta el principio constitucional de la autonomía de los partidos en definir su estructura interna, organización y funcionamiento.

En este contexto se llevan a cabo las elecciones para la nueva dirección nacional del PT. En ámbito nacional, compiten 9 listas y 7 candidatos a presidente (ver la lista completa en www.pt.org.br).

A seguir, una breve biografía de los siete candidatos, en orden alfabético por el primer nombre:

Gilney Viana: 62 años. Militante socialista desde 1961 y en el PT desde su lanzamiento en 1979. A partir de 1968 se comprometió con la resistencia armada a la dictadura militar, fue preso político durante toda la década de 1970 y salió de la cárcel en libertad condicional, cuando ya era militante del PT. Fue diputado federal y estadual (1995-2002); presidente del PT/MT y miembro del Directorio Nacional del PT. Fue Secretario de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Medio Ambiente del gobierno Lula, desde enero/2003 hasta mayo/2007. Gilney es médico y profesor de la UFMT.

José Eduardo Martins Cardozo, 48 años, es diputado federal. Abogado, Profesor y Procurador del Municipio de São Paulo, fue Concejal en São Paulo (1995-2003). Fue electo diputado federal en 2003 y reelecto en 2006. Afiliado al PT desde 1980, fue miembro del directorio estadual del PT São Paulo.

Jilmar Tatto, 42 años, es diputado federal. Fue diputado estadual de 1999 a 2004. Se eligió diputado Federal en 2006. Actual tercer vicepresidente nacional del PT, fue Presidente Municipal del PT, São Paulo, SP, Secretario de Abastecimiento; Secretario de Implantación de las Subalcaldías; Secretario de Transportes; Secretario de Gobierno en la gestión de la alcaldesa Marta Suplicy, São Paulo, SP, 2001-2004; Socio-Director de la empresa Asteca.

José Carlos Miranda, ex metalúrgico, petista desde 1981, fue Secretario de la CUT (Central Única dos Trabalhadores) en la Gran São Paulo, fundador y dirigente de la Confederación Nacional de los Metalúrgicos. Miembro del Directorio Estadual del PT de São Paulo. Integrante del Movimiento Negro Socialista ( MNS). Dirigente de la tendencia Izquierda Marxista.

Markus Sokol, 53 años, es miembro del Directorio Nacional del PT. Milita en la tendencia O Trabalho, sección brasileña de la 4ª Internacional. Joven, participó en las movilizaciones en su colegio. Ayudó a reconstruir el DCE-Libre de la Universidad de São Paulo. Ayudó a construir la Oposición Metalúrgica de São Paulo. Fue delegado en el Congreso de Fundación de la Central Única dos Trabalhadores (CUT). En el PT desde la fundación, fue Secretario Nacional de Comunicación en la campaña presidencial de Lula en 1994. En 2004 encabezó una petición con 15 mil firmas por la Retirada de las Tropas Brasileñas de Haití.

Ricardo Berzoini, 46 años, es diputado federal. Es empleado licenciado del Banco do Brasil y uno de los fundadores del PT, partido al cual es afiliado desde 1980. Fue secretario de comunicación, secretario-general y presidente del Sindicato de 1994 a 1998. Berzoini también fue el primer presidente de la Confederación Nacional de los Bancarios (CNB-CUT). Fue ministro de la Previsión Social y posteriormente ministro del Trabajo y Empleo del gobierno Lula. En agosto de 2005 volvió al Congreso y al mismo tiempo se encargó de la secretaría-general del PT. Fue electo presidente nacional del PT en 2005.

Valter Pomar, 41 años, es desde 2005 secretario de relaciones internacionales del PT. Gráfico e historiador, inició su militancia política a fines de los años 1970. Afiliado al PT desde 1985. En 1997 fue electo tercer vicepresidente nacional del PT.

La nueva dirección nacional del PT, que será electa los días 2 y 16 de diciembre de 2007, tendrá entre sus tareas preparar las condiciones para que el PT dispute y venza las elecciones presidenciales de 2010, lo que tiene que ver con un buen desempeño partidario en las elecciones municipales de 2008. También tendrá la tarea de recomponer las relaciones entre el PT y sus tradicionales aliados de izquierda, entre los cuales se encuentra el Partido Comunista do Brasil, que decidió romper con la Central Única dos Trabalhadores y convocar el congreso de fundación de una nueva central, que debe llamarse Central dos Trabalhadores Brasileiros.

Como lo señala el periodista Pedro Pomar, “la inminente legalización de las centrales sindicales provocó el surgimiento de nuevas entidades y una reconfiguración de los arreglos existentes en la ‘superestructura sindical’. Según lo que parece, el mayor estímulo para ello reside en la posibilidad de acceso a una parte de los ingresos de la Contribución Sindical (antiguo Impuesto Sindical), a que tendrán derecho aquellas centrales que sean reconocidas como tal por el gobierno, una vez atendidos los requisitos de representatividad”.

La central impulsada por el PCdoB pretende, según Pomar, “apoyarse en la estructura de la Corrente Sindical Classista (CSC), políticamente vinculada al PCdoB y con expresiva participación en la CUT (16% de los delegados en el Concut de 2006)”.

La Corrente Sindical Classista afirma que está saliendo de la CUT como forma de protestar contra la “hegemonía” de la Articulação Sindical, principal corriente petista en la CUT, que estaría reprimiendo la corriente comunista, es decir, la CSC quiere crecer dentro de la CUT y la ArtSind no lo permite. Por otra parte, también habría otras causas indirectas para la decisión de dejar la CUT: “la crisis del movimiento sindical”, “la crisis de la dirección sindical”, y el “cambio en el gobierno Lula”, entre otros motivos porque “el crecimiento frenado no resuelve” el problema del desempleo. Wagner Gomes, comunista y vicepresidente de la CUT, va todavía más allá al aclarar que los comunistas defienden un “nuevo proyecto de desarrollo con soberanía y valorización del trabajo” (Valor Econômico, 20/7).

Curiosamente, los comunistas deciden romper con la CUT exactamente en el momento en que la dirección de la Central Única dos Trabalhadores está presentando con un gran énfasis sus diferencias en relación a varias actitudes del gobierno Lula. Por ello se dice que la decisión de la CSC está más relacionada con el contencioso entre PCdoB y PT. Los comunistas desean alejarse del PT desde que Aldo Rebelo fue derrotado por Arlindo Chinaglia en la disputa por la presidencia de la Cámara de Diputados — y, por ello, también habrían optado por retirarse de la CUT. Pero en el caso de que realmente creen una nueva central, ellos podrán, en lugar de reforzar el proyecto de “desarrollo con soberanía y valorización del trabajo”, fragmentar todavía más la clase trabajadora, con beneficio para los sectores neoliberales que actúan dentro y fuera del gobierno.