Los desafíos para el crecimiento, las metas para la inflación, los Gobiernos estaduales y la seguridad pública son los alguns de los assuntos en Una Mirada sobre Brasil, que tambiem fala sobre la visita de Bush al Brasil


Los desafíos para el crecimiento
Agua fría
Metas para la inflación
Heterodoxia
Gobiernos estaduales y la seguridad pública
Bush visita Brasil

Los desafíos para el crecimiento

“El nombre de mi segundo mandato será desarrollo. Desarrollo con distribución de ingresos y educación de calidad.” Esta frase es del presidente Lula y fue reproducida en su Programa de Gobierno en el 2006. En poco más de dos meses del inicio de un nuevo mandato, lanzó el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que prevé inversiones de R$ 503,9 mil millones hasta 2010 – lo que incluye recursos del gobierno federal, de estatales, como la Petrobras y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y la iniciativa privada -, con prioridad para la infraestructura. Este inicio de marzo un nuevo conjunto de medidas menciona inversiones de R$ 8 mil millones en educación hasta el 2010. El Programa de Desarrollo de la Educación, que algunos denominan PAC de la Educación, debe dar prioridad a la educación básica.

Por medio de una nota, el Ministerio de Educación registra que en su totalidad serán necesarios R$ 8 mil millones para implementar todas las propuestas del plan, es decir, cerca de 0,5 del Producto Interno Bruto (PIB), la suma de todas las riquezas producidas en el país. “Sin embargo, algunas medidas sólo exigirán recursos a partir de 2008. Para este año ya están asegurados R$ 500 millones. Es posible obtener más R$ 450 millones a título de suplemento”, dice el texto.

El plan, discutido en la reunión del ministro Fernando Haddad con el presidente, contiene medidas que abarcan desde la alfabetización de jóvenes y adultos hasta la educación superior, pero se da énfasis a la educación básica, que incluye la fundamental y la media. “Incluso las acciones en los demás niveles o modalidades de enseñanza, en el caso de la alfabetización, educación profesional y superior, se estructuran para fortalecer la educación básica, afirmó Haddad.

El Programa de Desarrollo de la Educación propuesto por el Ministerio de Educación será presentado a educadores y especialistas en el área de educación para críticas y perfeccionamiento. Según el ministro Haddad, después de la discusión con los educadores, el tema volverá a la mesa del presidente para posterior anuncio. La expectativa del ministro es que el plan se pueda anunciar en abril.

Entre las medidas, Haddad destacó la creación de un sistema de seguimiento y monitoreo de metas para aumentar la calidad de la educación, cuyos indicadores servirán como base para evaluar alianzas y transferencias voluntarias del gobierno federal a estados y municipios.

Con el anuncio del Programa de Desarrollo de la Educación, el gobierno pretende aplicar su agenda al país y rechazar el diagnóstico de analistas y articulistas de los grandes periódicos, que afirman que el gobierno está paralizado. Lula ha sido sistemáticamente criticado por haber tardado tanto para realizar la reforma ministerial. Según el presidente, a pesar de que todavía no anunció el nuevo ministerio, el gobierno está funcionando y los programas en el área social y de infraestructura están en fase de consolidación. “El gobierno está funcionando. Ahora nos encontramos en una fase de concreción del proyecto del PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento) en el área de saneamiento básico, vivienda y urbanización de las favelas. Prácticamente hemos terminado en lo que se refiere a los proyectos de energía, de carreteras, ferrovías, la revitalización del río São Francisco para llevar agua a algunos estados brasileños”, afirmó Lula.

Las expectativas respecto del nuevo ministerio son altas, sobre todo en lo que concierne a la constitución del equipo económico. Los próximos años, como lo ha defendido el propio presidente Lula, deben ser marcados por un fuerte crecimiento (no inferior al 5% al año), la expansión del empleo debe seguir, así como la recuperación de los ingresos de los trabajadores y la inclusión social de los millones de brasileños que todavía viven por debajo de la línea de pobreza.

Agua fría

En el gobierno es pública la existencia de fuerzas que traban una dura batalla para asegurar la pauta económica. De un lado se encuentran los que defienden una política que garantice el crecimiento acelerado, rigor fiscal y control de la inflación, con generación de empleo y mantenimiento de las políticas sociales, como el propio ministro Guido Mantega. Del otro están los que defienden la ortodoxia económica. En los últimos cuatro años Brasil mantuvo una política de altos intereses y superávit primario, que resultó en un crecimiento insignificante, por debajo de los promedios mundiales.

En el 2006, según datos divulgados a fines de febrero por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el Producto Interno Bruto (PIB), que refleja todas las riquezas que se producen en el país, aumentó solamente un 2,9%, una de las más bajas tasas de crecimiento del mundo, muy inferior a la estimación efectuada por el propio gobierno al inicio del año, de 4,5%.

El Banco Central fue señalado como el gran villano del caso, incluso por el mismo ministro de Economía. Para Guido Mantega, en el 2006 “hubo tasas de interés más elevadas” que las actuales, que inhibieron la inversión empresarial productiva. Los altos intereses llevan a los que tienen dinero a especular en el mercado financiero, una aplicación que genera menos riquezas que en el ámbito de la producción.

Una parte del empresariado aprovecha el resultado para reclamar que los altos impuestos son los responsables por el bajo crecimiento. La responsabilidad de los impuestos en el caso del bajo crecimiento tiene un componente ideológico, ya que rescata la pauta de los sectores más conservadores del país: el debate sobre el tamaño del Estado brasileño. Por medio de una nota, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) comentó que “lo que impide la aceleración de la tasa de crecimiento en Brasil es la aplastante carga tributaria”.

El Estado recauda actualmente 39% del PIB en tributos para financiar sus gastos con empleados, programas sociales, inversiones y pago de intereses. Cuanto más gasta, más tiene que recaudar. Según el empresariado, con la reducción de impuestos la producción de mercancías y su consumo se harían más baratos. Con esta tesis, los empresarios ganarían más dinero, incluso con los altos intereses.

La defensa de la reducción de los impuestos tiene que ver con la tesis de cortes en los gastos de gobierno. En este caso, la CNI, por ejemplo, propone la reforma de la Previsión – menos gastos con los jubilados. Los que defienden el “desarrollismo” piden un menor pago de los intereses de la deuda, lo que también es obstaculizado por las tasas del Banco Central. En entrevista a la agencia Carta Mayor, el economista especializado en cuentas públicas Francisco Lopreato, de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) asegura que “los que dicen que el problema es la carga tributaria y piden la reforma del sistema de previsión no desean discutir la tasa de interés, ya que ella favorece el sistema financiero”.

El hecho que llamó la atención los últimos días fue el cambio que se llevó a cabo en el Banco Central, el día siguiente a la divulgación del PIB de 2006. El director de Política Económica, Afonso Beviláqua, considerado como el símbolo de los altos intereses, segundo cargo más importante del BC, dejó el cargo que ocupaba hace cuatro años. Su plaza será ocupada por otro director del Banco Central, Mário Mesquita, del área de Estudios Especiales, quien acumulará esas funciones por tiempo indeterminado según el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, que también admitió la ocurrencia de nuevos cambios.

Sin embargo, hay opiniones que aseguran que debe perdurar el conservadurismo en el Banco Central. Para la profesora de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), Maryse Farhi, especialista en política monetaria y que prepara un estudio en el que compara la actuación del Banco Central de Brasil con el de otros países emergentes, Mesquita tiene el mismo perfil conservador que Beviláqua. En entrevista a la agencia Carta Maior, la economista afirma que algunas características del director señalan este hecho. Él fue economista del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre 1997 y 2000 y director de la Federación Brasileña de los Bancos (Febraban) del 2005 hasta el 2006, cuando pasó a ocupar el cargo en el Banco Central.

Según Maryse Farhi, un texto producido en conjunto por Beviláqua y Mesquita fue divulgado recientemente en la página web del Banco Central. Escrito en inglés, el trabajo hace la apología de la política de intereses adoptada por el BC en el primer gobierno Lula. “El texto reafirma la opción de rápida desinflación, aunque ello sacrifique el crecimiento”. Por ello, si Mesquita pasa a ocupar el cargo, ello significará un cambio de seis por media docena”, afirmó la profesora a la agencia de noticias.

El 7 de marzo, una nueva reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), que define la tasa de interés, se mostró nuevamente conservadora. Las dos mayores centrales sindicales (Central Única de los Trabajadores – CUT – y Fuerza Sindical) criticaron la reducción de sólo 0,25 punto porcentual de la tasa (de 13% para 12,75%. El corte fue el mismo que el BC efectuó en enero.

La CUT también declaró que, dos días antes de la reunión del Copom, el BC ya había demostrado “sometimiento al sistema financiero”, al reducir el rendimiento de la libreta de ahorros y de las cuentas individuales del FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Sin embargo, la decisión condenada por la CUT fue tomada por el Consejo Monetario Nacional (CMN), del cual el presidente del Banco Central forma parte, pero que también se compone de los ministros de Economía y Planificación.

Según lo averiguó la agencia Carta Maior, el CMN justificó la reducción del rendimiento de la libreta de ahorros por medio del argumento de que, como en general los intereses están bajando en el país, es natural que ello también ocurra con la libreta. Sin embargo, se sabe que el impulsor de la idea fue la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), que la presentó el año pasado a Guido Mantega. Y el ministro de Economía aceptó la propuesta. El ministerio de Economía aceptó la sugerencia de Febraban porque necesita de los bancos y los fondos de inversión para seguir postergando todos los meses el pago de la deuda pública en títulos negociados en el mercado, que ya llega a los billones de reales. Si, por ejemplo, los bancos decidieran boicotear esa postergación del pago de la deuda, como retaliación por el eventual veto de la propuesta de la federación, el gobierno seguramente tendría problemas.

Metas para la inflación

El Copom fue instituido el 20 de junio de 1996, durante el mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso, con el propósito de establecer las directivas de la política monetaria y definir la tasa de interés, siguiendo el ejemplo de lo que ya había sido adoptado por el Federal Open Market Committee (FOMC) del Banco Central de Estados Unidos y por el Central Bank Council, del Banco Central de Alemania.

Desde 1996, el Reglamento del Copom sufrió una serie de alteraciones en lo que concierne a su objetivo, a la periodicidad de las reuniones, a la composición y a las atribuciones y competencias de sus integrantes. Tales alteraciones se reflejaron no sólo en el proceso de decisión en el ámbito del Comité como también en los cambios de régimen monetario.

Se destaca la adopción por medio del Decreto 3.088 del 21 de junio de 1999, de la sistemática de “metas para la inflación” como directriz de la política monetaria. Desde entonces las decisiones del Copom pasaron a tener el objetivo de cumplir las metas para la inflación definidas por el Consejo Monetario Nacional. Según el mismo Decreto, si las metas no se cumplen, le cabe al presidente del Banco Central divulgar en Carta Abierta al Ministro de Economía los motivos del incumplimiento, así como las medidas y plazo para el retorno de la tasa de inflación a los límites establecidos.

Formalmente, los objetivos del Copom son “implementar la política monetaria, definir la meta de la Tasa Selic y su eventual tendencia y analizar el ‘Informe de Inflación’”. La tasa de interés que se fija en la reunión del Copom es la meta para la Tasa Selic (tasa media de las financiaciones diarias, con lastre en títulos federales, verificados por el Sistema Especial de Liquidación y Custodia), que permanece en vigencia durante el periodo entre las reuniones ordinarias del Comité. En caso de necesidad, el Copom también puede definir la tendencia, que es la prerrogativa otorgada al presidente del Banco Central para alterar a cualquier momento, siguiendo la dirección de la tendencia, la meta para la Tasa Selic entre las reuniones ordinarias.

El Copom está compuesto por los miembros del Directorio Colegiado del Banco Central de Brasil: el presidente, que posee el voto de calidad, y los ocho directores del BC: de Política Monetaria, Política Económica, Estudios Especiales, Asuntos Internacionales, Normas y Organización del Sistema Financiero, Fiscalización, Liquidaciones y Desestatización y Administración.

En la reunión, en la cual participan solamente los miembros del Comité y el jefe del Departamento de Estudios y Pesquisas (Depep) sin derecho a voto, los directores de Política Monetaria y de Política Económica, después de analizar las proyecciones actualizadas para la inflación, presentan alternativas para la tasa de interés a corto plazo y hacen recomendaciones acerca de la política monetaria. En seguida los demás miembros del Copom presentan sus ponderaciones y eventuales propuestas alternativas. Al final se procede a la votación de las propuestas y, siempre que posible, se busca el consenso. La decisión final – la meta para la Tasa Selic y la tendencia, si la hubiere – es divulgada de inmediato, al mismo tiempo que se difunde Comunicado a través del Sistema de Informaciones del Banco Central (Sisbacen).

En la reunión del día 7 la decisión de baja de solamente 0,25 punto porcentual de la tasa de interés fue tomada por unanimidad entre los miembros del Consejo.

Heterodoxia

Una buena noticia en la lucha entre los desarrollistas y los sectores ortodoxos de la economía: el gobierno sustituirá un economista identificado con las tesis del “mercado” por uno de los principales defensores de la corriente del desarrollismo como representante de Brasil y otras ocho naciones latinoamericanas en el Fondo Monetario Internacional (FMI). El nuevo indicado es Paulo Nogueira Batista Júnior, profesor de la Fundação Getúlio Vargas (FGV) de São Paulo. Nogueira Batista ocupará el lugar de Eduardo Loyo, que hizo carrera en la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Rio de Janeiro y fue director del Banco Central (BC) al inicio del primer gobierno Lula.

El cambio fue comunicado por el Ministerio de Economía, a quién cabe hacer la indicación en nombre de Brasil y sus ocho socios (Colombia, Ecuador, Guayana, Haití, Panamá, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago). Los nueve países forman una especie de bloque de actuación conjunta en el FMI. Los intereses del grupo son representados junto al Fondo, en Washington (EEUU) por un director ejecutivo.

Loyo fue director durante dos años, hasta septiembre de 2006, cuando el ministro Guido Mantega lo invitó a un nuevo mandato. Como director del BC, Loyo integraba la tropa conservadora junto a Beviláqua.

Paulo Nogueira, que debe asumir el cargo en abril, cumplirá el resto del mandato iniciado por Loyo. El profesor de la Fundação Getúlio Vargas es conocido por su visión crítica de la política económica que se llevó a cabo en el gobierno Cardoso. Es un crítico de la globalización y está en contra de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), tema sobre el cual escribió un libro (“A ALCA e o Brasil”). El economista fue una de las voces oídas por el ministro Mantega durante la elaboración del PAC.

Gobiernos estaduales y la seguridad pública

La bárbara muerte de João Hélio, un chico de seis años de edad que fue arrastrado por siete kilómetros preso al lado de afuera de un coche por el cinturón de seguridad, en Rio de Janeiro, desencadenó, en parte por la actuación de los grandes medios de comunicación, sentimientos de indignación, desesperación y miedo frente a la violencia epidémica y la profunda crisis de la seguridad pública. Por ello algunos parlamentarios dieron inicio a una campana con miras a obtener la reducción de la edad mínima para condenar a menores por crímenes que realizaron. Entre las propuestas que se presentaron, cuatro reducen la mayoridad penal de 18 para 16 años; una la reduce para 13 años, en caso de crímenes hediondos; y otra determina la condena penal “cuando el menor presenta edad psicológica igual o superior a los 18 años”.

Se había establecido el final de esta campaña para fines de febrero, cuando la Comisión de Constitución y Justicia del Senado votaría una Propuesta de Enmienda Constitucional que permitiría el cambio. Sin embargo, un acuerdo entre los líderes partidarios evitó la votación e instituyó un grupo de trabajo que, dentro de 45 días, debe presentar un paquete de medidas de combate a la violencia, en el que se incluirían proyectos relacionados con la población infanto-juvenil. Entre los elementos de la reforma sugerida también se encuentran el aumento de los recursos para el sistema de justicia y seguridad pública, la unificación de las policías y alteraciones en el sistema carcelario.

Para la profesora de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, miembro del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos de la Persona Humana y procuradora del Estado de São Paulo, Flávia Piovesan, “de un lado, en el campo preventivo, se destaca el desafío de crear alternativas al crimen, a la seducción del narcotráfico y la violencia, por medio de eficientes y creativos programas de inclusión social que permitan valorizar y re-significar la vida de los adolescentes, sobre todo los que sufren con las condiciones más vulnerables de la miseria y la exclusión”. Según Piovesan, en su artículo sobre el tema, la banalización de la muerte es el reflejo de la banalización de la vida, que niega el derecho a la esperanza a un contingente de jóvenes brasileños. En este sentido, es fundamental identificar y ampliar prácticas y políticas exitosas, especialmente destinadas a la juventud urbana.

La procuradora también subraya que en campo represivo estudios comprueban de forma exhaustiva que no sirve endurecer la legislación penal si persiste en el imaginario social la cultura de la impunidad. Es decir, la represión penal debe dejar de ser selectiva para una determinada clase social, a través de la garantía de que los autores de crímenes de cualquier naturaleza van a ser punidos. Sin embargo, si la pena debe tener un carácter retributivo y re-socializador, se constata que el sistema carcelario brasileño no satisface ninguna de estas finalidades.

Este sistema, a veces bajo el control del crimen organizado – de quien el Estado se convierte en rehén -, sólo ha acentuado la violencia y brutalizado a los detenidos. Como lo observó Nigel Rodley, entonces relator especial de la ONU sobre el tema de la tortura, en visita oficial a Brasil, no es razonable tratar a los presos como animales para posteriormente devolverlos a la sociedad con la pretensión de que se hayan transformado en “personas reintegradas y civilizadas”.

La extensión del debate por más 45 días puede ser fundamental para que este otro entendimiento del problema gane más visibilidad. En entrevista a la agencia Carta Maior, la presidenta del Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) y subsecretaria de los derechos de la infancia y adolescencia de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, Carmen de Oliveira, declara que ha habido una cobertura desequilibrada del tema por parte de la prensa, con un tenor mayoritariamente favorable a la reducción de la mayoridad penal. En defensa de la PEC (Proposta de Emenda Constitucional), el senador Demóstenes Torres dejó trasparecer esta presión al mencionar una demanda que habría sido hecha por el periodista Alexandre Garcia, de la Red Globo, contra cualquier postergación de la votación de la propuesta.

El asesinato del niño João Hélio hizo que incluso intelectuales renombrados, como Renato Janine Ribeiro, repensara la pena de muerte en Brasil. En el artículo “La razón distorsionada”, publicado en el diario Folha de S. Paulo, en el cuaderno ‘Mais’, el 18 de febrero, sobre la violencia en Brasil, el filósofo dice que “pienso – porque todavía logro pensar, en el medio de este torbellino de sentimientos – también que hay distintos modos de imponer la pena máxima. La punición con la muerte se justifica por la gravedad del crimen cometido o por la seguridad de que el criminal no se podrá recuperar. En este caso, las dos razones están presentes. Parecen irrecuperables y su crimen es hediondo. No veo diferencia entre ellos y los nazis”.

El artículo generó reacción en el medio académico. Con el título “¿Dar voz a la barbarie?”, el profesor titular de filosofía de la UFSCar – Universidad Federal de São Carlos -, Wolfgang Leo Maar, dijo que “en lugar de valorizar una sociedad democrática y pacífica, el autor [Janine] expresa lo que hay de peor, cooperando para su reproducción.

Para Leo Maar, en lugar de posicionarse como intelectual, Janine dice solamente lo que le agrada: “sentimientos”. Busca “razones” para una presunta “sensibilidad”, pero sólo expresa con insensibilidad el más rastrero lugar común de la revancha. Los artículos mencionados acaban con la distinción entre la terrible situación que se vive y la experiencia política, ética y civil de una formación social que, al hacer valer la libertad, no se curva a las imposiciones del comportamiento vigente.

“Precisamente del intelectual se espera que no se rinda a lo vigente. Su compromiso ético reside en hacer que el conflicto con lo vigente sea objeto de experiencia crítica y elaboración progresiva. Que no actúe solamente regido por lo establecido en sus patrones de punición, sino que sepa diferenciar entre lo que ocurre bajo el control de la violencia y las posibilidades de la igualdad. Tener sensibilidad por el otro es tomar partido a favor de los derechos de la libertad y la igualdad”, critica el filósofo.

Otro artículo que se contrapuso a la tesis de Janine fue el del profesor de lengua y literatura italianas en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, Andrea Lombarda, para quien “luchar para reducir la edad penal y defender la institución de la pena de muerte muestran únicamente la dependencia del más llano y brutal sentido común, lo contrario de la cordura. Esta sociedad oculta la enfermedad con toda la gama de antidepresivos liderados por el Prozac y sus derivados. Las palabras de Ribeiro suenan como lo equivalente al Viagra, que se hizo para fingir que alguien es más macho de lo que realmente es y revelan que la edad y la preparación intelectual no necesariamente traen sabiduría”.

Bush visita Brasil

El presidente de Estados Unidos estuvo en Brasil los días 8 y 9 de marzo. En la agenda de Bush hubo un encuentro con el presidente Lula, seguido de un giro por los demás países de América Latina. En su llegada, el presidente norteamericano tuvo que encarar protestas que ocurrieron en diversas regiones del país.

La mayor protesta, promovida por estudiantes, sindicalistas y partidos de izquierda, paró la avenida Paulista, en la región central de São Paulo y reunió a cerca de 20 mil personas. Diversas entidades estudiantiles, partidos políticos, grupos de mujeres y trabajadores sin tierra participaron en manifestaciones contra la presencia de Bush con eslóganes en contra de la guerra en Irak. Los manifestantes traían pasacalles que decían: “Fuera Bush de Irak y Lula de Haití”, “Paz en Irak” y “Salario igual para hombres y mujeres”.

El 8 de marzo las mujeres brasileñas siempre ocupan las calles del país con sus banderas de lucha. Las manifestaciones articulan diversos temas, como la mercantilización del cuerpo y de la vida de las mujeres; el combate a la violencia; la lucha por la legalización del aborto y por la valorización del salario mínimo. Todos los años su objetivo es sensibilizar a la población y a los demás movimientos organizados sobre el hecho de que ninguna sociedad será justa y democrática si no se elimina la opresión de género.

Sin embargo, este año la coincidencia con la visita de George W. Bush al país llevó a miles de feministas, con la consigna “Feministas en lucha para cambiar el mundo: por igualdad, autonomía y libertad”, a decir no al imperialismo de Estados Unidos, a la política neoliberal defendida por el gobierno norteamericano y a la dominación de los pueblos.

Bush se encontró con el presidente Lula el viernes 9. En la pauta del encuentro constaba un entendimiento sobre el mercado de biocombustibles. A pesar de la falta de promesas de reducción de las tasas cobradas por el etanol brasileño (US$ 0,54 por barril), Estados Unidos será el gran socio del país en los procesos tecnológicos y económicos de expansión mundial, sobre todo del etanol.

“El Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación en el Área de Biocombustibles que se firmó en el día de hoy sin duda es nuestra respuesta al gran desafío energético del siglo XXI. (…). La alianza que vamos a inaugurar es ambiciosa y está relacionada con todos los aspectos vinculados a la incorporación definitiva del etanol a la matriz energética de nuestros países”, afirmó el presidente.

Con la firma del Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación en el Área de Biocombustibles, a través del cual los dos países se proponen a avanzar en la investigación y desarrollo de tecnologías, llevar los beneficios de los biocombustibles a otros países (principalmente en la América Central y el Caribe) para estimular el sector privado a invertir en el área, y expandir el mercado de biocombustibles con el establecimiento de patrones uniformes y normas comunes, Brasil y Estados Unidos sellaron una “alianza estratégica”, según las palabras de Lula.

Bush desea reducir al máximo la dependencia del petróleo venezolano, responsable por el abastecimiento del 25% del mercado estadounidense. A mediano plano, el alcohol de caña de azúcar brasileño podría sustituir la energía importada de Venezuela.

En contrapartida, Bush desea que el alcohol que se produce en Brasil tenga el mismo patrón tecnológico que el producido en Estados Unidos, que sea registrado como un bien energético y no como commodity agrícola, para escapar a los acuerdos internacionales que, en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC), reglamentan las negociaciones de este tipo de producto, y para permitir eventualmente que Estados Unidos suspenda las barreras proteccionistas a la importación del alcohol; y que Brasil permita que el capital de Estados Unidos controle las plantas, directamente o por medio de joint-ventures.

Según la agencia Brasil de Fato, a primera vista el acuerdo parece favorecer a los productores de caña de azúcar y alcohol brasileños, que podrían ampliar sus exportaciones al mercado más poderoso del planeta. Pero esto no pasa de una ilusión. Si realmente se elimina la barrera impuesta al alcohol brasileño – dice el productor Maurílio Biagi Filho -, no habrá una explosión de la exportación, sino una masiva inversión de capitales estadounidenses en plantas brasileñas. “El año pasado el 3,4% del sector estaba desnacionalizado, pero este año ese número llegará al 5%. En diez años la mitad ya no será brasileña”, afirma Maurílio, que en 2006 vendió el área industrial de su planta Cevasa, en Patrocínio Paulista, estado de São Paulo, a la transnacional Cargill.

El sector espera exportar 4 mil millones de litros de alcohol este año, frente a 2,3 mil millones en 2006, que rindieron 1,6 mil millones de dólares, el doble de lo que se obtuvo en 2005. En cuatro años se invertirán 2,5 mil millones de dólares en la producción de alcohol y se construirán 77 plantas hasta 2012.

Según la agencia, en Brasil hay 6 millones de hectáreas de cañaverales, un área que creció 13% los últimos tres años. En São Paulo, sólo en la localidad de José Bonifácio, el área plantada triplicó en las dos últimas cosechas. En el Centro-Sur, el área debe crecer de 4,6 millones para 5 millones de hectáreas.

Ambientalistas y militantes del movimiento en defensa de la Reforma Agraria critican el acuerdo y señalan un aumento del monocultivo en el país y de una mayor concentración de la tenencia de la tierra, más desempleo y éxodo rural.