Los obstáculos a superar en el segundo gobierno Lula, las alianzas políticas, la nueva composición del gobierno, Lula y el PT y el III Congreso del PT son los temas deste mes no boletín


Los obstáculos a superar en el segundo gobierno Lula
Alianzas políticas
Nueva composición
Lula y el PT
III Congreso del PT

Los obstáculos a superar en el segundo gobierno Lula

Importantes iniciativas políticas han sido adoptadas por el gobierno Lula y por el Partido de los Trabajadores en el primer mes posterior a las elecciones presidenciales en Brasil.

El Directorio Nacional del PT convocó para julio del próximo año el III Congreso Nacional del partido y el gobierno ya prepara un paquete para intentar que el país crezca 5% al año. En este segundo mandato, el presidente promete dar más énfasis a la ampliación de la inversión pública y a la ejecución más rápida de los proyectos en las áreas de energía y transportes. También se tiene en miras la reducción de los tributos, sobre todo los que inciden sobre las inversiones.

Lula le ha exigido a su equipo que “destrabe la economía”, lo que significa aumentar la capacidad de inversión del poder público en los niveles federal, estadual y municipal; reducir la carga de impuestos de sectores económicos que puedan palanquear el crecimiento y aumentar la capacidad productiva, sin presión inflacionaria.

Después de las elecciones, segmentos conservadores de la sociedad, los medios e incluso sectores del propio gobierno intentaron disputar los rumbos del segundo mandato de Lula, mediante la imposición de la pauta económica derrotada en las elecciones, como cortes presupuestarios, reforma de la previsión social y laboral, cambio en la política externa, ignorando que en la disputa de proyectos que se realizó en la segunda vuelta de las elecciones vencieron las fuerzas democráticas y populares.

Los cortes presupuestarios defendidos por estos sectores están en la contramano de los cambios propuestos en el Programa de Gobierno Lula. Uno de los nombres pensados para asumir alguna cartera en el área económica del gobierno, Delfim Neto, ex ministro de Hacienda durante la dictadura militar en Brasil, es uno de los arduos defensores de la propuesta de “déficit nominal cero”, que prevé un ajuste fiscal todavía mayor, con la reducción de las inversiones en las políticas sociales y de infraestructura.

Para estos sectores, la Previsión no es una política social. El mercado la empezó a considerar como un activo financiero – una rica fuente de dinero, la materia prima básica del sistema financiero, que gana la vida lidiando con recursos (propios y ajenos). Un cambio en las reglas de la Previsión Social que dificulte el acceso de las personas a los beneficios, como defiende el empresariado, en tesis podría empujar a los trabajadores hacia planes privados de jubilación.

El discurso de la necesaria reforma laboral no pasa de un engaño destinado a flexibilizar la legislación, cuyo resultado serían peores condiciones de trabajo y bajos salarios para los trabajadores.

En lo que concierne a la política externa, la oposición conservadora defiende el retorno del alineamiento automático con Estados Unidos y la retomada de las negociaciones del Alca. En el primer gobierno Lula, Brasil dio prioridad a las relaciones con países de Sudamérica y diversificó las relaciones políticas y comerciales con China, India, Rusia, Sudáfrica y países árabes, como forma de superar la dependencia de Estados Unidos. El éxito de esta política irrita a la elite y a los grandes medios.

Es pública la existencia de fuerzas en el actual gobierno que llevan a cabo una dura batalla para asegurar la pauta económica. De un lado, los llamados desarrollistas, que defienden una política que asegure el crecimiento acelerado, rigor fiscal y control de la inflación, con generación de empleos y mantenimiento de las políticas sociales. En este campo se encuentran el ministro de Hacienda, Guido Mantega, y la ministra jefa de la Casa Civil, Dilma Roussef.

Del otro lado se encuentran los que defienden la ortodoxia económica del ex ministro de Hacienda, Antonio Palocci, y del presidente del Banco Central, Henrique Meirelles. Brasil mantuvo los últimos cuatro años una política de altos intereses y superávit primario que resultó en un crecimiento mediocre, por debajo de los promedios mundiales.

Para el sociólogo Emir Sader, hay por lo menos dos diagnósticos sobre los obstáculos para el desarrollo de Brasil. “Según los obstáculos que definamos tendremos dos países totalmente distintos, dos segundos mandatos totalmente diferentes”.

Sader analiza que el gobierno Cardoso trató de destrabar la economía a través de la venta del patrimonio público a precios irrisorios en el proceso de privatización; por medio de la facilitación de la libre circulación de capitales, trasfiriendo capitales del sector productivo al especulativo, atraído por elevadas tasas de intereses; y también a través de la precarización de los contratos de trabajo – eufemísticamente denominados de “informatización” y “flexibilización” de las relaciones laborales; en lugar de aumentar las contrataciones, hizo que la mayoría de los brasileños ya no posea trabajos formales y sufra la desapropiación de sus derechos elementales, al mismo tiempo que se elevó el desempleo. “Cardoso consideraba que el Estado debía retraerse para dar lugar al mercado – en la educación y la salud, así como en la falta de capacidad de control y de reglamentación estatal. Los derechos sociales de la población se redujeron”.

Según el sociólogo, “Brasil se convirtió en un país mucho más trabado que antes. Se destrabaron obstáculos para los grandes capitales. Se trabó el crecimiento de la economía y los derechos sociales. Se trabó la capacidad del Estado de fomentar el desarrollo y redistribuir ingresos, así como de realizar prestaciones sociales. La herencia que el gobierno Lula recibió fue la de un país trabado por la hegemonía del capital financiero, por la precarización del mundo laboral, por el desarme del Estado, por el deterioro de los derechos sociales y del nivel de empleo”.

Sader alerta que “el segundo mandato de Lula puede favorecer aún más la libre circulación de capitales y dar continuidad a las elevadas ganancias de los bancos, que nunca obtuvieron tanto lucro, hacer que los capitales se dirijan a la especulación y no a la producción, que los trabajadores tengan cada vez menos empleos y menos derechos. O puede hacer que el Estado se transforme en un instrumento de desarrollo económico y social, redistribuyendo ingresos y elevando el nivel de empleo, fomentando la diversidad cultural y la democratización de los medios de comunicación”.

Alianzas políticas

Los primeros movimientos realizados por el PT y el gobierno tratan de reafirmar los compromisos programáticos asumidos durante el proceso electoral.

Por una parte, el Partido aprobó una resolución en que señala como importantes desafíos para el próximo periodo el crecimiento sostenible de la economía, a fin de asegurar la inclusión social, el empleo, la distribución de ingresos y la expansión de las políticas sociales, particularmente en el ámbito de la educación.

El documento del PT también señala que es necesario democratizar el país, que pasa, en primer lugar, “por una reforma político-institucional que asegure y amplíe la soberanía popular, de transparencia a las instituciones y garantice una mayor participación del pueblo en la vida política del país”.

Los próximos meses debe entrar en la pauta política el debate sobre una posible reforma política, capaz de introducir profundos cambios en los sistemas partidario y electoral brasileños. En la base de la discusión se destacan por lo menos tres puntos: la financiación pública de campaña, la lista partidaria y el mantenimiento del voto proporcional.

La resolución también defiende “la importancia de la democratización de la comunicación social”. En un país como Brasil, donde pocos grupos dominan los medios de comunicación social, el combate a la concentración de la propiedad es clave para democratizar la comunicación. Pero este proceso va más allá de la quiebra del oligopolio de las elites sobre los medios. Su premisa debe ser el derecho a la comunicación, que no se resume al derecho al acceso sino también a la producción y mediación de discursos sociales.

La Constitución de 1988 prevé la complementariedad de los sistemas privado, público y estatal de comunicación. Sin embargo, el sistema público prácticamente no existe. Para que pueda haber comunicación libre de intereses comerciales o políticos, hay que equilibrar la proporción entre estos sistemas y asegurar parte de las concesiones a organizaciones de la sociedad civil, garantizando mecanismos de financiación.

Como lo subraya Venício Lima, investigador del Núcleo de Estudios sobre Medios y Política (NEMP) de la Universidad de Brasilia, “la creación de un sistema público de medios, además de que es una exigencia constitucional, avanzaría rumbo a la pluralidad y la diversidad de la comunicación. En otros términos, esto significa contribuir para perfeccionar nuestra democracia”.

Por fin, la resolución del PT defiende el “mantenimiento y ampliación de las inversiones en políticas sociales, en particular en la universalización del acceso y la mejora de la calidad de la educación, en la producción y apropiación de los avances científicos y tecnológicos, así como de la producción cultural brasileña, que deben considerarse como instrumentos de gran oportunidad de formación de las nuevas generaciones y de superación de desigualdades”.

En el ámbito del gobierno, el presidente Lula conversa con todos los partidos políticos y les presenta una agenda con puntos prioritarios para el próximo mandato, en torno a la cual pretende construir un amplio gobierno de coalición.

La agenda propuesta va de las reformas política y tributaria a temas relativos al crecimiento económico, a la distribución de ingresos y al fortalecimiento del pacto federativo, además de la creación de un Consejo Político compuesto por los partidos de la coalición para seguir las acciones del gobierno.

En la práctica, en el primer mandato hubo el intento de crear un gobierno de coalición, aunque no hubiera una instancia permanente que reuniera a los partidos políticos.

La real prueba de esta coalición propuesta por el gobierno Lula ocurrirá en las elecciones de 2010 y 2008, así como en los próximos días, con la elección de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Congreso Nacional.

No dio buenos resultados una previa de que lo serán estas disputas. Al inicio de diciembre el gobierno fue derrotado en la votación secreta que eligió el nuevo ministro del TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión).

Aroldo Cedraz, del Partido da Frente Liberal (PFL), venció la disputa por 172 votos contra 148 para Paulo Delgado, del PT de Minas Gerais. La oposición venció incluso dividida, y el gobierno perdió aunque estuviese unificado. Además de Cedraz, la oposición lanzó las candidaturas de Gonzaga Mota, del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que obtuvo 50 votos, y de Ademir Camilo, del Partido Democrático Trabalhista (PDT), que obtuvo 20.

Es necesario que el PT constituya una especie de núcleo de izquierda dentro del gobierno de coalición. Este núcleo sería formado por los partidos de centroizquierda – como el Partido Comunista do Brasil – que apoyaron al presidente Lula desde el inicio, y también incluiría el Partido Socialista Brasileiro. La resolución del Directorio Nacional del PT afirma que “el PT propondrá al Partido Socialista Brasileiro y al Partido Comunista do Brasil un proceso de discusiones que permita establecer una acción más coordinada de las fuerzas de izquierda que apoyan el gobierno”.

El documento “Coyuntura, Táctica y Política de Alianzas” aprobado en el 13º Encuentro Nacional del PT ya expresaba las directivas para una gobernabilidad distinta de la implementada en el primer mandato de Lula. Según el texto, divulgado en abril de este año, “en nuestro segundo mandato presidencial necesitaremos de una gobernabilidad de nuevo tipo, en base a una combinación adecuada entre fuerza parlamentaria, presencia en gobiernos estaduales y municipales, apoyo y movilización organizada de la sociedad, mayor incidencia del PT y demás partidos de izquierda, compromiso de la intelectualidad democrática, mayor iniciativa política de nuestra administración y profundización de nuestras alianzas internacionales”.

Nueva composición

El Partido Comunista do Brasil ya concordó con la coalición propuesta por el gobierno. El presidente nacional del partido, Renato Rabelo, cree que “una mayor cohesión y acción coordinada de los partidos de izquierda dentro del gobierno aglutinará fuerzas para poner en práctica las ideas formuladas en el programa de gobierno que se presentó a la sociedad en el proceso electoral que reeligió al presidente Lula”.

En lo que concierne al PSB, una resolución del partido aprobada hacia fines de noviembre dice que la actuación del partido en las dos vueltas de las elecciones presidenciales asegura su “posición singular en el espectro de la izquierda brasileña, adquiriendo condiciones objetivas para participar de forma decisiva en el futuro segundo mandato del presidente Lula, defendiendo sus tesis, su programa y la acentuación del carácter popular y democrático de nuestro gobierno”.

El presidente Lula también aseguró la adhesión del Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Aliado de Geraldo Alckmin (PSDB) en las elecciones, el presidente del PMDB, Michel Temer, declaró apoyo integral al gobierno. En su opinión, el partido está unido en torno a la nueva coalición. Este hecho ocasiona alguna desconfianza, ya que el apoyo de todo el PMDB al gobierno es algo que fue intentado por todos los presidentes desde la redemocratización del país, pero en realidad nunca existió. Actualmente sólo el ala liderada por el presidente del Congreso, el senador Renan Calheiros, y por el ex presidente de la República, José Sarney, apoya al gobierno.

El PMDB todavía está muy fraccionado, a pesar del discurso de unidad. El partido considera que es posible obtener más espacio en el gobierno a través de la nueva composición.

El Partido dos Trabalhadores, en la resolución de su Directorio Nacional, asegura que compartirá responsabilidades con todas las fuerzas que asuman el programa de cambios elegido por la población en las últimas elecciones. Sin embargo, defiende que “el gobierno de coalición no es un condominio que se basa en la distribución fisiológica de cargos, sino un compromiso con un programa. La solidez de tal gobierno depende esencialmente de su cohesión programática, de la sustentación en el Congreso que obtenga y de la capacidad de provocar fuerte y movilizado apoyo en la sociedad”.

La Ejecutiva Nacional del Partido Democrático Trabalhista (PDT), ampliada con la bancada del partido en el Congreso y los presidentes de los directorios regionales, aprobó el 13 de diciembre la participación del partido en el gobierno de coalición del presidente Lula. Ahora la decisión será sometida al Directorio Nacional del PDT, que se reúne el 12 de enero, en Brasilia.

El gobernador electo del PDT en el estado de Maranhão, Jackson Lago, considera que el partido apoyará al gobierno Lula a partir de 2007. En la segunda vuelta de las elecciones, Lago contó con el apoyo del PT del estado, mientras su adversaria, la senadora Roseana Sarney, recibió apoyo de Lula a su candidatura.

Respecto de los miembros del PDT que son contrarios a una alianza con el gobierno, como los senadores Jefferson Peres (Amazonas), Osmar Dias (Paraná) y Cristovam Buarque (Distrito Federal), el presidente nacional del partido, diputado federal Carlos Lupi (Rio de Janeiro) afirmó que hay espacio para discutir su posición dentro del partido, pero considera que la posición de la mayoría será acompañada por la minoría. Hay que destacar que Buarque, candidato derrotado en las elecciones presidenciales de este año, salió del Partido dos Trabalhadores y declaró su preferencia por el candidato del PSDB, Geraldo Alckmin, en la segunda vuelta.

El Partido Trabalhista Brasileiro es el único partido cuyo ministro ya está asegurado en el gobierno. Lula confirmó la permanencia de Walfrido Mares Guia en el Ministerio de Turismo. Sin embargo, el presidente espera la salida del presidente del PTB, el ex diputado Roberto Jefferson, para incluir a los miembros de este partido en la coalición.

Jefferson, ex aliado político de Lula, acusado de implicación en un esquema de corrupción en Correos, denunció que algunos parlamentarios recibían dinero para mantenerse en la base del gobierno. Sin pruebas, el presidente del PTB perdió su mandato.

Otro partido que ya se mostró favorable a integrar la coalición es el Partido Verde (PV).

Lula y el PT

Para este nuevo mandato, dirigentes del PT esperan que las relaciones con el gobierno sean alteradas. Después de las elecciones, Lula se reunió con dirigentes del PT y compareció a la reunión del Directorio Nacional del partido, a fines de noviembre.

Integrantes de la Comisión Política del Directorio Nacional del partido se reunieron con Lula el 16 de noviembre. Esta fue la tercera reunión formal de la dirección nacional del PT con el presidente de la República, desde el inicio de 2003, cuando Lula asumió el gobierno. La primera reunión ocurrió en diciembre de …., mientras la segunda reunión se llevó a cabo en vísperas de la Convención que lanzó Lula como candidato a la reelección.

En la pauta de la reunión, un intercambio de opiniones sobre varios temas. Entre ellos, los desafíos del segundo mandato de Lula, la relación partido y gobierno, la relación gobierno y Congreso Nacional, la necesidad de mantener relaciones institucionales con los partidos políticos, la importancia del consejo político de los partidos que apoyaron a Lula, la necesidad de intensificar la relación con los movimientos sociales, los rumbos de la política económica, así como de las políticas de salud, educación y comunicación.

Según el presidente nacional del PT, Marco Aurélio Garcia, las discusiones con Lula se centraron en las grandes orientaciones para el segundo mandato, lo que también incluye la prioridad a la reforma política.

De acuerdo con el Secretario de Relaciones Internacionales del PT, que integra la Comisión Política del Directorio Nacional, los participantes de la reunión “creen que la relación partido/gobierno, en el segundo mandato, debe ser totalmente distinta de lo que fue al inicio del actual mandato. Por una parte, clara autonomía entre las partes, sin ningún tipo de “cadena de transmisión”. Por otra, relación aún más intensa por lo menos en dos ámbitos: organizar a la sociedad en defensa del programa aprobado en las elecciones y debatir con el gobierno los grandes temas estratégicos”.

A medida que los movimientos del presidente Lula señalan un “gobierno de coalición”, aumenta para el PT la importancia de combinar el natural apoyo al gobierno con el mantenimiento de su autonomía y capacidad de crítica respecto de los eventuales contenciosos programáticos.

La presencia de Lula en la reunión del Directorio Nacional del PT hace pensar en dos posibles escenarios. Al contrario del primer mandato, cuando se mantuvo más distante de las decisiones partidarias, Lula afirmó que ahora pretende participar más a menudo en las conversaciones y discusiones.

“El hecho de que sea presidente no impide que participe en las reuniones del Directorio Nacional o de la Ejecutiva del PT. Tenemos que transformar esta relación política en una actividad de nuestro cotidiano. Una relación respetuosa, institucional y de compañeros”. El presidente también criticó a los que lo aconsejan a alejarse del partido. “¿Cómo puedo salir del PT, si el PT no sale de mí?”, preguntó.

Lula también se refirió al tema de la participación del partido en el gobierno. “No se discute si habrá más o menos PT. No podemos aceptar las divergencias que intentan insinuar que existen entre nosotros”, dijo.

Después de las elecciones, los medios de comunicación dieron inicio a la “tercera vuelta”, tratando de presentar la victoria del PT desde un prisma relativo, así como el papel del partido en la elección de Lula, para reducir al máximo la influencia y la presencia del partido en el segundo mandato. La palabra “despetización” fue ampliamente utilizada como forma de denunciar la presencia de petistas en el gobierno.

La resolución del Directorio Nacional criticó la posición de la prensa. El texto que se aprobó en la reunión dice que “hay que denunciar y derrotar el intento, patrocinado por sectores de la oposición política y la derecha económica, difundido en una parte de los medios, de confiscar la victoria del pueblo en octubre. Ellos son pocos, pero desean imponer al gobierno electo la ‘pauta política’ que fue derrotada en las elecciones, así como incidir en la composición del gobierno. Plantean de forma insidiosa la tesis de ‘despetización’ del gobierno, atribuyéndole al partido un supuesto ‘aparato’ del Estado durante el primer mandato, tesis que no se basa en la realidad”.

Para el presidente nacional del PT, Marco Aurélio Garcia, “el partido posee cuadros para ocupar cualquier función en el gobierno. Independientemente de ello, no hay ningún interés del partido en discutir su tamaño en el próximo mandato”.

Garcia afirmó que el gobierno tendrá sus propios mecanismos para realizar la composición, y el PT mantendrá contacto con estos organismos para presentar sugerencias y propuestas. “Quieren difundir que queremos crear un aparato del partido en el gobierno a través de cargos, pero no es verdad. No nos preocupamos con esto”.

III Congreso del PT

El Directorio Nacional del PT convocó el III Congreso Nacional de partido para los días 6, 7 y 8 de julio de 2007, para tratar de la construcción del PT como instrumento político de la clase trabajadora y la actualización del Proyecto Democrático, Popular y Socialista para Brasil.

Según la dirección del Partido, las distintas etapas de los debates del III Congreso lanzarán una mirada a toda su historia, “de construcción partidaria, de luchas sociales, de solidaridad internacional, de presencia en las instituciones legislativas y ejecutivas. Sobre todo lanzará una mirada sobre la experiencia del primer mandato del presidente Lula”.

Los debates del III Congreso tendrán el propósito de prepararnos para enfrentar los desafíos del presente y del futuro, entre los cuales destacamos la responsabilidad de gobernar el país por más un mandato, preparando el terreno para un largo ciclo de desarrollo sostenible.

Para lograr tales objetivos, los debates del III Congreso abarcarán a todo el conjunto de petistas, así como fomentarán el diálogo con los partidos aliados, los movimientos sociales, la intelectualidad crítica, con todos los que luchan para fortalecer la democracia en Brasil, para insertarlo de forma soberana en el mundo y para convertirlo en una nación más justa.