Periscopio internacional 27/Septiembre – Una mirada sobre Brasil

Sigue la campaña electoral para elegir concejales y alcaldes/as en todos los municipios brasileños. El cuadro todavía no está definido, aunque las encuestas realizadas durante el mes de agosto indiquen, por lo menos en las principales ciudades, el favoritismo de las candidaturas que defienden el gobierno Lula.

En paralelo a la campaña electoral, algunos temas han ganado espacio en los medios de comunicación. Entre ellos, destacamos los siguientes: el alcance de la Ley de Amnistía; la demarcación de la reserva indígena Raposa Serra do Sol; el destino de las reservas petrolíferas brasileñas; las denuncias de que varias autoridades, entre ellas el presidente del Supremo Tribunal Federal, habrían sufrido intervención en sus teléfonos; y la política de intereses.

Amnistía
El 27 de agosto, víspera de más un aniversario de la Ley de Amnistía promulgada todavía durante la dictadura militar brasileña, la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido dos Trabalhadores divulgó una nota en la que repudia “los ataques difamatorios efectuados por sectores conservadores y antidemocráticos contra los compañeros Paulo Vanucchi y Tarso Genro”, respectivamente responsables por las áreas de Derechos Humanos y de Justicia del gobierno Lula.

La nota de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT afirma asimismo que “la Ley de Amnistía de 1979 no beneficia a los que cometieron crímenes de tortura ni tampoco impide el debate público, la búsqueda de la verdad y la Justicia”.

Pocos días antes, el ex presidente José Sarney (PMDB) afirmó en entrevista a la prensa que “hay que olvidar la punición a torturadores de la dictadura”.

El debate sobre el alcance de la Ley de la Amnistía debe proseguir, pero un desenlace práctico para la situación de los torturadores, entre otros agentes del Estado que cometieron crímenes durante la dictadura, depende de lo que decidirá la Justicia, frente a varios procesos iniciados por víctimas y familiares de torturados, desaparecidos y asesinados por el Estado durante la dictadura cívico-militar iniciada en Brasil en 1964.

Indígenas
También el 27 de agosto tuvo inicio la votación, en el Supremo Tribunal Federal, de la acción impetrada por latifundistas contra la demarcación continua de la reserva indígena de Raposa Serra do Sol.

La demarcación continua se basa en laudos antropológicos y es el paso final de un proceso que tuvo inicio todavía en el gobierno Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Le cupo al gobierno Lula dar el paso definitivo y tomar las medidas para retirar del territorio de la reserva, a los no indígenas.

La mayor parte de los no indígenas ya se retiró de la reserva, con derecho a indemnización. La resistencia partió de latifundistas (arroceros), porque una parte de ellos es ocupante ilegal de tierras públicas. En esta resistencia contaron con el apoyo del gobernador del estado de Roraima y de oficiales retirados (así como de algunos de la activa) de las fuerzas armadas brasileñas, uno de los cuales entrenó a fuerzas paramilitares para enfrentar la Policía Federal.

La votación en el Supremo Tribunal Federal comenzó con una victoria de los indígenas. El voto del ministro responsable por relatar el proceso fue a favor de la demarcación continua de las tierras indígenas. En función de ello, otro ministro – por lo que todo indica partidario de las demandas de los arroceros— solicitó la revisión del proceso.

Aunque no haya una obligación legal, se espera que el proceso vuelva a juzgarse todavía en septiembre. En el estado de Roraima, situado al norte del Brasil, los arroceros y sus aliados se dedican a provocar a los indígenas favorables a la demarcación. Sólo la presencia de tropas de la Policía Federal impide la eclosión de un conflicto de mayores proporciones.

Petróleo
Encuestas de la Petrobrás llevaron al descubrimiento de enormes reservas de petróleo en el litoral brasileño, situadas a una inmensa profundidad. A pesar de los enormes desafíos tecnológicos y operacionales involucrados en el caso, este petróleo re-posiciona a Brasil entre los países productores e hizo que el gobierno debatiera cómo lidiar con la riqueza resultante.

Aunque no haya una decisión sobre el modelo de exploración de estas reservas, el gobierno Lula ha defendido abiertamente un cambio en los actuales marcos reguladores, herencia del gobierno Cardoso y que benefician a los inversores privados, en detrimento de los intereses públicos, estatales y federales.

Una de las alternativas en estudio es la creación de un Fondo, similar al que existe en Noruega. Otra alternativa es la capitalización de Petrobrás, ampliando la parcela pública de las utilidades de la empresa.

De cierto modo sorprendida por esos descubrimientos, la derecha y sus portavoces percibe el potencial del hecho, el impacto que ello ocasionará en el desarrollo del país, pero está más preocupada con el “uso electoral” de las reservas que en enfrentar el debate sobre la gestión de estas riquezas en beneficio de la mayoría de la población, tal como se ha propuesto en algunos discursos del presidente Lula, que ya dijo que utilizará los ingresos derivados de las reservas en educación y combate a la pobreza.

Escucha telefónica
Después de las esposas, lo que se discute son las escuchas telefónicas. Hace varias semanas, el asunto preferido de los articulistas de las revistas semanales y de la prensa diaria eran las esposas que la Policía Federal les había puesto a algunos políticos y grandes empresarios.

Ahora, las atenciones se vuelcan a las escuchas clandestinas que implican a autoridades, entre ellas el presidente del Supremo Tribunal Federal. Sectores de la oposición acusan a la Abin y a la Policía Federal y llegan incluso a hablar de crimen de responsabilidad por parte del presidente de la República. Las investigaciones empezaron y pueden apuntar hacia otras direcciones: una trampa para el gobierno, para tratar de crear una crisis artificial; una guerra de facciones en las fuerzas policiales; o espionaje vinculado a intereses empresariales e intentos de chantaje económico.

Intereses
Mientras la política sigue su curso y a veces está presente en las páginas policiales, el país sigue ahorrando enormes valores para pagar la deuda pública.

Sólo entre enero y julio de 2008 el sector público brasileño (es decir: Federación, Estados, municipios y estatales) reunió y gastó R$ 98,225 mil millones para pagar intereses de la deuda.

La prensa registró que se trata de un valor record, que supera en un 23,4% los R$ 79,578 mil millones ahorrados entre enero y julio de 2007. El “monto corresponde a un 6,01% del Producto Interno Bruto (PIB)”. “Aun así, el esfuerzo fue insuficiente para pagar toda la cuenta de intereses referentes al periodo de enero a julio, que fue de R$ 106,803 mil millones. La diferencia (el llamado déficit nominal) fue de R$ 8,5 mil millones”.

“Con el superávit primario insuficiente para cubrir los intereses, la deuda neta total del sector público aumentó de R$ 1,180 billón al final de junio para R$ 1,192 billón a fines de julio. Sin embargo, la relación entre la deuda y el PIB se redujo (de 40,6% para 40,4%), debido al crecimiento económico del país”.