Los meses de mayo y junio ponen de manifiesto una contradicción en la política brasileña: por un lado, el gobierno federal y el presidente Lula exhiben un gran apoyo de la opinión pública; por otro, están cada vez más intensas las articulaciones de la oposición en el sentido de derrotar el PT en las elecciones presidenciales de 2010.

Los meses de mayo y junio ponen de manifiesto una contradicción en la política brasileña: por un lado, el gobierno federal y el presidente Lula exhiben un gran apoyo de la opinión pública; por otro, están cada vez más intensas las articulaciones de la oposición en el sentido de derrotar el PT en las elecciones presidenciales de 2010.

La popularidad del gobierno y también del presidente poseen varias causas: el carisma presidencial; la empatía (versión popular de la consciencia de clase) que los sectores populares sienten por Lula; el crecimiento de los ingresos, del empleo y del consumo en las capas populares; y las debilidades y opciones de la propia oposición.

Las encuestas de opinión son muy claras: el gobierno y el presidente son apoyados por cerca del 70% de los entrevistados. En otras encuestas, mitad de la población defiende un tercer mandato para Lula (la legislación brasileña permite solamente una reelección).

Estos números, como es natural, provocan un cierto triunfalismo en sectores del gobierno y de los partidos que lo apoyan. Sin embargo, es necesario tener cautela, ya que hay señales contradictorias en la política electoral-institucional y en la organización popular.

En la economía, los principales indicadores señalan la elevación del crecimiento económico, crecimiento del empleo, de los ingresos y del consumo. Pero hay que observar estos números con prudencia.

La elevación del crecimiento económico es real y superior a lo que se acumuló durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Pero hay que contestar dos preguntas: a) ¿se trata de un crecimiento sustentable? b) ¿se trata de un crecimiento combinado con la reducción de las desigualdades?

En lo que concierne a la sustentabilidad del crecimiento, hay fuertes controversias.

La oposición de izquierda (que posee pequeña fuerza electoral y social, pero tiene una presencia relevante entre los formadores de opinión y los medios de comunicación) minimiza el crecimiento obtenido por el gobierno Lula y concentra sus críticas en dos aspectos: por un lado, afirma que los cuellos de botella estructurales del país siguen presentes, lo que impediría un crecimiento a largo plazo; por otro, afirma que el crecimiento que se obtuvo está dentro de los marcos de un modelo que, al fin y al cabo, reproduce las desigualdades sociales.

La oposición de derecha argumenta que el crecimiento alcanzado durante el gobierno Lula es producto de una coincidencia virtuosa entre dos variables: por un lado, las políticas del gobierno Cardoso; por otro, una coyuntura internacional favorable, sin crisis y con elevación en el precio de las commodities.

La oposición de derecha también afirma que el gobierno Lula dio continuidad a una parte de la política del gobierno Cardoso, pero no efectuó las “reformas estructurales” necesarias para dar sustentabilidad al país. Además, la oposición de derecha acusa el gobierno Lula de haber ampliado de manera irresponsable los “gastos públicos”. Por fin, la oposición de derecha afirma que la actual crisis internacional, combinada con la ausencia de reformas y el aumento de los gastos, harán que Brasil no crezca de manera sustentada.

En el gobierno y entre los partidos que lo apoyan hay por lo menos dos corrientes de opinión.

Por un lado están aquellos que consideran que el crecimiento que se obtuvo es sustentable, y lo que hay que hacer ahora es monitorear con atención los fundamentos (inflación, intereses, cambio, “gastos públicos”) y, además, evitar la contaminación por parte de la crisis internacional. Esta nos parece ser, por ejemplo, la postura de Henrique Meirelles, presidente del Banco Central. Sin embargo, también representa la opinión de otros sectores de la coalición que apoya el gobierno Lula, incluso de miembros del PT.

Por otro lado están aquellos que consideran que el crecimiento que se obtuvo sólo será sostenible en el caso que hubiere alteración en dos variables fundamentales: por un lado, la tasa de interés; por otro, el control del cambio. Dichas alteraciones se tornan urgentes en función de la crisis internacional.

Esta nos parece ser, por ejemplo, la opinión de Guido Mantega, ministro de Economía, así como de una gran parte de los petistas. Pero también representa la opinión de antiguos exponentes del pensamiento conservador brasileño, como es el caso del “tzar” de la economía durante los gobiernos militares, el ex diputado Delfim Netto.

El centro de la polémica está en la política de intereses. El Banco Central brasileño aplica desde el gobierno Cardoso una política de intereses altos. Hubo una reducción de este nivel durante el gobierno Lula, pero la tasa real de interés (descontada la inflación) continúa entre las mayores del mundo. Desde 2005, el Banco Central empezó a reducir la tasa nominal (y, en menor escala, la tasa real de interés). Ahora, además de interrumpir esta reducción, decidió ampliar la tasa en un 0,5%.

El argumento en pro de esta ampliación es la inflación. En la opinión de los críticos, incluso de Delfim Netto, éste es un argumento sin base empírica. Todo llevar a creer que el Banco Central usa la política de intereses como política anti-cíclica, tanto en el sentido de contener el crecimiento, como en el sentido de contener la ampliación de las inversiones públicas (directamente productivas y en las políticas sociales).

En abril de 2008, en las semanas que antecedieron la reunión del Consejo de Política Monetaria (Copom) que amplió la tasa de interés, hubo un ataque más o menos articulado de parte de partidos de izquierda y de asociaciones del empresariado a la política implementada por Henrique Meirelles.

Aun así, el Banco Central decidió aumentar la tasa de interés en un 0,5%, desafiando de este modo una indicación explícita del presidente de la República, Lula, que había dicho que una elevación del 0,25% no ocasionaría grandes problemas.

Esta elevación funciona como un freno para desacelerar las políticas del gobierno y, además agrava el problema cambiario, con impactos importantes en la balanza comercial y de pagos de Brasil. También amplía la presión de los sectores empresariales en favor de “reformas estructurales” de tipo neoliberal – es decir, reducción en las inversiones sociales y en el costo de la fuerza de trabajo–, como forma de compensar los intereses altos.

Las polémicas sobre la sustentabilidad del crecimiento se combinan con otro tema: ¿se trata de un crecimiento combinado con la reducción de las desigualdades?

Sobre este tema hay un gran consenso: hubo, durante el gobierno Lula, una importante elevación en el nivel de empleo, en el de los ingresos y en el del consumo de amplios sectores de la población brasileña. La revista Veja, incansable opositora del gobierno Lula, conmemoró este crecimiento dedicando su reportaje de portada a la “nueva clase dominante de Brasil, la clase C”.

El tema del “país de clase media” también está presente en sectores del gobierno, por ejemplo en el discurso de Mangabeira Unger, Secretario para Asuntos de Largo Plazo de la presidencia de la República.

Sin embargo, el consenso arriba mencionado es matizado por otras cuestiones. Por ejemplo, la epidemia de dengue que asola Rio de Janeiro, revela que el mismo país que amplía sus niveles de consumo sigue presentando gravísimos problemas en la oferta de servicios públicos y muestra que el combate estructural a la desigualdad social todavía es incipiente.

Hay grandes polémicas en Brasil, en el gobierno y en los partidos de izquierda, sobre el crecimiento y la igualdad. Pero la verdad es que el gobierno federal y el presidente Lula gozan de una excelente evaluación de parte de la población, que evalúa positivamente los resultados que se obtuvieron hasta el momento.

Lo que ocurre es que esta evaluación positiva no beneficia de forma automáticamente ni natural al PT ni a las demás fuerzas de izquierda, democráticas y populares que integran la administración federal.

En lo que se refiere a este tema se pone de manifiesto que el PT y las demás organizaciones del campo democrático-popular se encuentran frente a una encrucijada: o se presentan divididos en las próximas elecciones presidenciales, fortaleciendo así a nuestros adversarios; o preparan una fuerte candidatura del campo democrático-popular para disputar y vencer las elecciones de 2010.

El llamado campo-democrático popular tiene como núcleo partidario el PT, el PCdoB, el PSB y el PDT; y como núcleo social, la CUT, la UNE, el MST y la CMP. Electoralmente, este campo compitió por primera vez en las elecciones presidenciales de 1989.

En las elecciones siguientes (1990, 1992, 1994, 1996, 1998 y 2000), hubo una progresiva ampliación del abanico de aliados. Pero entre las principales fuerzas de izquierda no había ninguna duda sobre quienes eran los aliados estratégicos.

Desde el periodo anterior a la victoria de 2002 y la asunción del gobierno Lula, surgieron tensiones en el interior del campo democrático-popular, tanto entre los partidos y en su seno, como entre movimientos sociales, partidos y gobierno.

Muchos sectores pasaron a defender la siguiente tesis: la “gobernabilidad” de la administración Lula (y, por ende, la sustentabilidad del proyecto estratégico de la izquierda) dependerían de una significativa ampliación de nuestro arco de alianzas.

En el ámbito de las alianzas partidarias se defendía la aproximación con el PSDB, el PMDB y los pequeños partidos de centro-derecha.

La polémica sobre la ampliación del arco de alianzas fue interrumpida durante la crisis de 2005 cuando, atacado por las elites económicas, los medios y la derecha, el PT y el gobierno buscaron apoyo en las fuerzas que constituían el campo-democrático popular.

La crisis de 2005 tuvo repercusiones muy negativas sobre el PT, incluso sobre potenciales candidatos del Partido a la sucesión de Lula. Tanto los adversarios como los aliados del PT empezaron a creer que el Partido dos Trabalhadores no tendría candidato para disputar la presidencia de la República en 2010.

Esta evaluación fue el telón de fondo de la elección del presidente de la Cámara de Diputados, especialmente en la segunda vuelta disputada por Aldo Rebelo (PCdoB) y vencida por Arlindo Chinaglia (PT).

Posteriormente a esta disputa se constituyó el “bloque de izquierda”, cuyo núcleo era formado por PSB, PDT y PCdoB. Desde entonces se ha profundizado la división de las izquierdas, incluso en el terreno sindical, con la creación de la Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), impulsada por el PCdoB.

Este proceso de división en las izquierdas está presente en las elecciones municipales de 2008, generalmente en beneficio del PSDB, del DEM (ex PFL) y también del PMDB.

La novedad de las últimas semanas es que la derecha brasileña, que apostaba en la inexistencia de una fuerte candidatura petista para 2010, dio una contribución involuntaria para proyectar el nombre de la ministra-jefa de la Casa Civil del gobierno Lula, Dilma Rousseff.

Dilma, señalada por la prensa como una de las alternativas de Lula, fue convocada por el Senado para prestar un testimonio en el que se pretendía desgastar el gobierno y a la propia ministra. Un senador de la oposición puso en cuestión el compromiso de la ministra con la verdad, usando como argumento el hecho de que la propia Dilma había declarado a la prensa que cuando presa y torturada había mentido a sus torturadores.

El senador de la oposición, que había apoyado la dictadura militar brasileña (1964-1985), tuvo que escuchar callado cuando la ministra Dilma Rousseff explicó la diferencia entre democracia y dictadura, y afirmó que se enorgullecía de haberles mentido a los torturadores, salvando así la vida y la libertad de compañeros y compañeras.

Acabó de este modo la maniobra de la oposición. Y se puso de manifiesto, que con altivez y línea política correcta, hay en el PT muchos y muchas capaces de dar seguimiento a la obra del actual gobierno.