Los seis meses del mandato del Lula, el PAC en São Paulo, en el servicio público y la seguridad, el Superávit primario, la nueva dirección de UNE son algúns de los assuntos da edición.


Lula completa seis meses del segundo mandato
Superávit primario
Observatorio del PAC en São Paulo
El PAC y el servicio público
El gobierno y los movimientos
PAC de la Seguridad
Seguridad versus violencia
Representación comprometida
La compleja integración
PCdoB puede salir de la CUT
UNE elige nueva dirección y define plan de luchas
Extraños aplausos

Lula completa seis meses del segundo mandato

El presidente Lula completó seis meses de su segundo mandato con buenas noticias. Encuestas realizadas el mes de junio muestran que siguen en alta los índices de su popularidad y del gobierno.

La encuesta de la Confederación Nacional de las Industrias (CNI)-Ibope señala que el presidente Lula cuenta con el apoyo del 66% de la población, que aprueba su manera de gobernar. Los que lo desaprueban son 30%. Sobre el gobierno, 50% de los entrevistados lo consideran bueno u óptimo. Para 33%, es regular, y sólo el 16% considera la administración federal mala o pésima.

El levantamiento efectuado por el Instituto Sensus y encargado por la Confederación Nacional del Transporte (CNT), muestra índices similares. La encuesta señala que el petista sigue teniendo una buena evaluación, con la aprobación del 64% de la población. En abril, fecha de la última encuesta de este instituto, la aprobación fue del 63,7%. Solamente 29,8% lo desaprueban. La evaluación del gobierno también es bastante parecida: 47,5% considera que el desempeño del gobierno es positivo y sólo un 14% lo evalúa de forma negativa. “Lo que mantiene la popularidad del gobierno es el funcionamiento de la economía y los programas sociales, además del carisma del presidente”, dijo Ricardo Guedes, director del Instituto Sensus.

Desde que asumió el segundo mandato, el 1º de enero de 2007, Lula intenta implementar una agenda positiva de inversiones en infraestructura, educación y seguridad, además de mantener los programas sociales que ya se estaban implementando.

Para muchos observadores, esta iniciativa marcaría una diferencia muy importante en relación a los seis primeros meses del primer mandato (2003-2006), que fueron dominados por temas como la reforma de la Previsión Social y las altas tasas de interés.

Ya en enero, el gobierno brasileño lanzó el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), en el que se proponía una inversión del vector, del ajuste para el desarrollo, buscando superar las restricciones monetaristas que dominaron los primeros años de su primera gestión en la presidencia de la República.

El PAC engloba un conjunto de políticas económicas planificadas para los próximos cuatro años, que tiene el objetivo de acelerar el crecimiento económico de Brasil, con la previsión de inversiones totales de 503 mil millones de reales hasta 2010, siendo una de sus prioridades la infraestructura, como puertos y carreteras.

El Programa se compone de cinco bloques. El principal de ellos engloba las medidas de infraestructura, incluyendo la infraestructura social, como vivienda, saneamiento y transportes de masa. Los demás bloques incluyen: medidas para estimular crédito y financiación, mejora del marco de regulación en el área ambiental, desgravamiento tributario y medidas fiscales de largo plazo. La meta es obtener un crecimiento del PIB de 5% al año.

El primer balance divulgado en abril por el Comité Gestor del PAC (CGPAC), compuesto por los ministros de la Casa Civil, de Economía y de Planificación, y responsable por el monitoreo de 1.646 acciones (734 estudios y proyectos, y 912 obras), señalaba que 91,6% de esas acciones tenían una marcha satisfactoria, siendo que 52,5% del total avanzaba en ritmo adecuado, con el cronograma al día y los eventuales riesgos administrados, y 39,1% tenía que ser acompañado con atención, ya que sufre un pequeño atraso o se identificaron riesgos potenciales, incluso en el caso de que su cronograma esté al día.

A fines de este primer semestre, el gobierno afirma que logró solucionar varios problemas que impedían la realización de algunas obras del PAC. De acuerdo a la ministra de la Casa Civil, Dilma Rouseff, en entrevista a la revista Carta Capital, hubo muchos avances desde el primer balance del Programa. Ela citó como ejemplo la hidroeléctrica de Estreito, la Ferrovía Norte-Sul, la Transnordestina y el Ferroanel, cuyos obstáculos se están removiendo y algunas obras ya retomaron sus actividades.

Con las inversiones, la economía brasileña debe crecer 4,7% este año, según una proyección divulgada a fines de junio por el Banco Central. La estimativa del BC supera el 4,5% previsto por el PAC. El número fue incluido en el “Informe de Inflación”, documento preparado por el BC cada tres meses con un análisis sobre la situación de la economía.

Para algunos analistas del mercado, el gobierno realmente tiene razones para conmemorar, ya que las proyecciones del crecimiento defendido por Lula son bastante optimistas y se acercan cada vez más a la estimativa de 4,5% que el gobierno federal trazó al anunciar el PAC. Según las proyecciones efectuadas por cien instituciones financieras, la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de diciembre de 2007 será de 4,20% y no de 4,16, como se había proyectado anteriormente. Para la industria la expectativa aumentó de 4,19% para 4,23%.

Superávit primario

Pero según algunos articulistas de la gran prensa, puede entenderse la euforia porque las metas de crecimiento del gobierno son tímidas. El gobierno podría pagar menos intereses y usar el dinero extra para ampliar inversiones públicas, reducir impuestos y “acelerar” el propio PAC.

Para ellos el gobierno todavía teme que “crecer demasiado” pueda provocar algunos efectos del calentamiento de la economía, como escasez de mercancías o de energía eléctrica. Por lo tanto se conforma con 5%, porque si se alcanza este índice, ello ya representará una victoria política, ya que el promedio de las últimas décadas representa la mitad de este porcentual.

Si este análisis está correcto, es como si, en el fondo, el gobierno siguiera prisionero de un trauma típico del neoliberalismo en Brasil: el miedo de crecer.

El aprieto fiscal promovido por el sector público obtuvo un record en abril. Gobierno federal, Estados, municipios y estatales ahorraron R$ 23,5 mil millones para pagar los intereses de sus deudas, el mayor valor ya registrado desde 1991, inicio de la serie estadística del Banco Central. Este ahorro, denominado superávit primario, fue record y equivale a casi toda la inversión en obras estimado por el gobierno federal para este año, que debe ser de cerca de R$ 25 mil millones. De los R$ 23,5 mil millones ahorrados en abril, R$ 14,9 mil millones- o 63% – vinieron del gobierno federal.

También contribuyó para el record las empresas estatales, que obtuvieron un superávit primario de R$ 4,727 mil millones, el mayor valor ya registrado por esas compañías en un mes de abril.

De forma general, los números muestran que la situación de las cuentas públicas es la misma que se observó recientemente: el sector público, estimulado por el gobierno federal, sigue ahorrando mil millones de reales para pagar intereses.

Las inversiones públicas en el Proyecto Piloto de Inversión (PPI) – un tipo de inversión que no depende de aprobación parlamentaria sino solamente de decisiones del gobierno -, que reúne obras en infraestructura y saneamiento cuyos gastos se pueden deducir del superávit primario sumaron, de enero a mayo de este ano, R$ 990,5 millones.

El valor es superior en casi 60% al volumen aplicado en PPI en el mismo periodo del año pasado, cuando alcanzó R$ 592,4 millones, pero es menos que el 10% del presupuesto total de R$ 11,3 mil millones previstos hasta diciembre.

A pesar de que el valor que se pagó por las obras hasta ahora está lejos de esta previsión, el secretario del Tesoro Nacional, Arno Agustín, afirmó que hasta fines del año se alcanzará este monto. “Hay una evolución normal, con una aceleración de las inversiones a lo largo del año”, dijo. Para Agustín, es normal el menor volumen de las inversiones porque todavía hay proyectos a aprobar y al final del año las liberaciones son más intensas. “Seguimos con el objetivo trazado por el gobierno, de que el conjunto de inversiones previsto para este año se realice”, garantizó. Las inversiones totales, incluyendo el PPI y más R$ 3,8 mil millones, todavía del presupuesto del año pasado, llegaron a R$ 4,5 mil millones en los cinco primeros meses del año. La previsión de inversiones para todo el año es de R$ 16,4 mil millones.

Agustín también comentó que, aunque el mes de mayo haya revelado un crecimiento de gastos y reducción de ingresos, el gobierno cumplirá la programación financiera y la meta de superávit primario para este año, establecida en 3,8% del Producto Interno Bruto.

Según Agustín, los gastos de 2007 tuvieron un crecimiento menor que en 2006 y los ingresos aumentan en un ritmo menor, pero crecen aún más que los gastos, lo que asegura que las cuentas están bajo control: “La convergencia de ello muestra una situación fiscal de largo plazo bastante positiva”.

El informe del Tesoro Nacional que se presentó el día 27 de junio, señala que, mientras los ingresos aumentaron en un 3,7% por encima del crecimiento del PIB entre 2005 y 2006, este año crecen 3,4% en relación al año pasado. Esta misma comparación, en el caso de los gastos, revela una desaceleración más acentuada, que se redujo del 7,2%, entre 2005 y 2006, para 2,5% entre el año pasado y este año. “Por ello vemos que hay solidez en el equilibrio de las cuentas”, afirmó Agustín.

El balance de los gastos totales con el PAC, previstos en R$ 15,3 mil millones, no fue divulgado por el Tesoro Nacional. El mes de mayo, el entonces secretario, Tarcísio Godoy, presentó detalladamente los gastos con las obras prioritarias y con el restante del PAC. Hasta abril el gobierno había gastado solamente 3,5% de los recursos del PAC.
Agustín recordó que las evaluaciones del PAC se hacen cada cuatro meses y que la divulgación del resultado del Tesoro no es un balance del PAC.

Sin embargo, aseguró que está ocurriendo una aceleración en la inversión del sector público. De acuerdo con él, un dato que comprueba la aceleración es el volumen total de inversiones del gobierno, que aumentó 36% en los primeros cinco meses del año en relación a igual periodo del año pasado.

El periódico Jornal do Brasil encargó una encuesta de la Asociación Contas Abertas, divulgada al inicio de este mes de julio, que muestra que, del total de R$ 7,3 mil millones autorizados en el primer semestre en el ámbito del PAC, sólo se solicitaron R$ 2,9 mil millones y se pagó R$ 1 mil millones. Este monto representa 13, 8% del total autorizado. Los números también muestran que, de las 427 acciones del PAC, 122 no salieron del papel.

Observatorio del PAC en São Paulo

El gobierno federal, después de cuatro meses de negociación con los 27 estados de la Federación y 184 municipios de las principales regiones metropolitanas del país, dio inicio a la firma de convenios de cooperación en el área de saneamiento y urbanización.

Son proyectos que se relacionan principalmente con suministro de agua, tratamiento sanitario, recuperación de manantiales, urbanización de favelas, remoción de áreas de riesgo, y sobre todo erradicación de paladitas (viviendas construidas sobre estacas).

La financiación se destinará básicamente a empresas de saneamiento estaduales y municipales que poseen capacidad de endeudamiento con ingresos provenientes del cobro por servicios.

El estado de São Paulo recibirá R$ 7,39 mil millones, de los cuales R$ 4,92 mil millones provienen de fuentes federales y el restante de las contrapartidas de estados y municipios. Las obras, en São Paulo, atenderán sobre todo a la región metropolitana de São Paulo, Campinas y Baixada Santista. En Minas Gerais se invertirán en cuatro años R$ 3,8 mil millones, de los cuales casi R$ 3 mil millones provendrán de fuentes federales. En el estado de Minas Gerais el gobierno pretende descontaminar el Río das Velhas, que forma parte de la Cuenca del São Francisco, así como la Bahía de Pampulha.

São Paulo es el estado con la mayor población del Brasil, más de 40 millones de habitantes y abriga el mayor parque industrial y la mayor producción económica – más del 31% del Producto Interno Bruto (PIB) del país; Minas Gerais es el segundo estado en lo que se refiere a población de Brasil, con casi 21 millones de habitantes, y posee el tercero mayor PIB del país.

Ambos son administrados por el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), de oposición al gobierno. Los gobernadores de estos dos estados son virtuales candidatos de oposición a la sucesión de Lula en 2010.

En el caso de São Paulo, el Directorio Estadual del Partido de los Trabajadores pretende acompañar la aplicación de los recursos por medio de un “Observatorio del PAC”. En resolución aprobada el día 23 de junio, el Directorio afirma que combatirá la instrumentación del PAC por el PSDB y por el núcleo más organizado de la oposición al gobierno Lula – que está justamente en São Paulo – por medio de la propuesta de mecanismos de participación de la sociedad en el monitoreo de estas inversiones, exigiendo reglas claras y transparencia total en su aplicación.

“Exigiremos las contrapartidas de recursos del gobierno Serra para las obras del PAC, así como mecanismos de control social para garantizar que la destinación de dichas inversiones beneficie el conjunto de la población y favorezca la economía paulista”, dice el documento.

El estado de Rio de Janeiro, administrado por Sérgio Cabral (PMDB), de la base aliada del gobierno, también recibirá R$ 2,8 mil millones. En su total, el presidente visitará diez capitales. En Rio, proyectos de urbanización de favelas y obras contra inundaciones en la región de la Baixada Fluminense recibirán fondos federales.

Por un lado, los petistas controlan la rendición de cuentas de los recursos del PAC por los gobiernos del PSDB; por otro, las elites se muestran preocupadas con los eventuales beneficios políticos que los recursos del PAC podrán proporcionar a los municipios y estados administrados por el PT.

Un estudio efectuado por el diario Folha d S.Paulo, uno de los mayores periódicos del país y, como constataron algunos institutos de observación de la medios en las elecciones de 2006, portavoz del PSDB, indicó que al frente de 9% de las ciudades del estado de São Paulo, las alcaldías del PT recibieron cerca de 35% de los fondos para saneamiento y vivienda del gobierno federal.

O periódico alega que la distribución de los recursos está relacionada con la última resolución del Directorio Estadual del PT, que establece que “el PT debe apropiarse de esta conquista [el PAC] que es de un gobierno petista y interferir directamente en el proceso de destinación de los recursos a las acciones del gobierno federal en São Paulo, sin permitir que Serra haga gentilezas con dinero ajeno”.

La Casa Civil de la Presidencia afirmó al periódico que el “gobierno federal nunca efectuó ninguna selección utilizando este criterio [político]” y dio prioridad a municipios con población superior a los 150 mil habitantes, lo que explicaría la predominancia de ciudades administradas por el PT – por lo menos 11 de ellas tienen esta población.

El PAC y el servicio público

Para los empleados públicos federales, el programa de aceleración incluye una amenaza a la rama, en el caso de que se apruebe en el Congreso un proyecto de ley complementaria (PLP 01/07) del PAC. El PLP determina que, durante 10 años, el gasto con la nómina de pago del servicio público sólo podrá aumentar en 1,5% al año, además de la reposición de la inflación.

La medida es una enmienda a la ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que establece límites de gastos para municipios, estados y gobierno federal. La LRF fue creada en 2000 en el gobierno Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que acató la “sugerencia” del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para entidades vinculadas al funcionariado público, la aprobación del PLP representaría un estancamiento salarial de 10 años, todavía mayor que la contención salarial promovida durante los ocho años del gobierno Cardoso. Este aumento de 1,5%, según las entidades, seria totalmente consumido en el crecimiento vegetativo del funcionariado, es decir, solamente las progresiones de carrera y las promociones darían cuenta de este valor. De este modo, más allá del tema salarial, la calidad del servicio público sería todavía más comprometida, ya que con esta contención en el presupuesto no se permitirían nuevas contrataciones, ni siquiera para reponer las plazas de los trabajadores que se jubilen.

La Central Única dos Trabajadores (CUT) ya realizó algunas audiencias con el ministro de la Planificación, Paulo Bernardo, y con la bancada gubernista, para negociar la retirada de la limitación de gastos con personal del PAC. “Está difícil, eles han sido muy duros. Tanto la bancada como el ministro declaran que la PLP es importante para el PAC. Según ellos, hay que dar señales al ‘famoso mercado’ de que el gobierno lleva a cabo el ajuste fiscal”, afirma Quintino Severo, secretario general de la CUT.

Las centrales sindicales quieren redactar un texto substitutivo para evitar el estancamiento del servicio público.

El gobierno y los movimientos

Si por un lado el presidente Lula puede conmemorar los resultados de las encuestas, con su popularidad en alta, por otro se prende la luz amarilla en lo que se refiere a sus relaciones con los movimientos sociales que siempre lo apoyaron.

Como ya lo afirmamos en la edición de marzo de este Periscopio Internacional, había una expectativa de que la nueva composición del gobierno reflejara las fuerzas sociales y políticas que consagraron la victoria de Lula en la segunda vuelta de las elecciones. Y también que estas mismas fuerzas jugaran un papel determinante en los rumbos del gobierno.

Sin embargo, la reforma ministerial permaneció prisionera de un concepto de gobernabilidad institucional. La prioridad del gobierno Lula fue la de corresponder a la correlación de fuerzas existente en el Congreso Nacional, mucho más conservadora que la que había sido elegida en la segunda vuelta de 2006. (Ver Periscopio Internacional de mayo de 2007 – Nuevo ministerio)

La composición del ministerio, o sea, la creación de un gobierno de coalición, con partidos de un amplio abanico ideológico, que también comporta lemas de la derecha, como el Partido Progresista de Paulo Maluf, se ha mostrado frágil cuando se trata de aprobar medidas reformistas de izquierda. Un ejemplo de esto es el bloqueo en el Congreso Nacional de las medidas que destinan para reforma agraria las tierras en las que hay trabajo esclavo.

La coalición de partidos que proporciona mayoría al gobierno en la Cámara de Diputados, no fue capaz de garantizar la aprobación de la reforma política. Los partidos no fueron capaces de votar unificados, por ejemplo, en el tema del voto en lista cerrada. Esta lista significaría un profundo cambio en el sistema electoral brasileño. Con ella, de acuerdo con el porcentual de votos obtenidos, el partido indicaría sus electos, con base en una relación preordenada. El elector pasaría a votar en el lema y no en un candidato. Lo que predominó fueron los intereses personales de cada parlamentario.

Otro episodio significativo de la fragilidad de la base de sustentación del gobierno fue la aprobación de la enmienda 3 en el Congreso Nacional, sobre la cual el presidente Lula utilizó su poder de veto. La enmienda 3 desreglamenta derechos de los trabajadores, con la flexibilización de las leyes laborales. (Leer Periscopio Internacional, edición de mayo)

Más una vez lo que se vio fueron los intereses conservadores que se superponían a las alianzas firmadas con el gobierno.

El PT, a su vez, asumió junto a los movimientos sociales el compromiso de llevar a cabo un esfuerzo concentrado para votar el mantenimiento del veto presidencial a la enmienda 3.

Estos hechos, aliados a aspectos conservadores de la política del presidente Lula, como la proposición de un proyecto de ley complementaria (PLP 01/07), como ya lo mencionamos, y la persistencia de contradicciones entre la política de desarrollo y la política del Banco Central, que se expresaron en el mantenimiento de tasas de interés todavía elevadas y en un superávit record, ha contribuido para que sus aliados históricos, como la CUT y el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), así como partidos que siempre estuvieron juntos en las candidaturas anteriores de Lula a la presidencia de la República, aumentaran el tono de sus críticas al gobierno.

PAC de la Seguridad

El gobierno Lula debe anunciar oficialmente el día 1º de agosto el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía (Pronasci), que recibió el sobrenombre de “PAC de la Seguridad”. El programa, después de cuatro meses de elaboración, fue presentado el mes de julio por el ministro de la Justicia, Tarso Genro, al presidente y a un grupo de ministros directamente implicado con el tema, cuya tarea será la de efectuar ajustes antes del lanzamiento del Pronasci.

Por orientación del presidente, todavía hay que discutir dos puntos de manera más detallada: el tema de cómo se implementará el piso salarial nacional de los policías y la definición más rigurosa de la liberación de los recursos destinados al programa para los próximos años.

Tarso Genro, según la agencia de noticias de la Radiobrás, declaró que “seguramente” el piso de los policías debe superar los R$ 1 mil. Para poner en práctica el programa ya este año, el ministro informó que será necesario destinar a ello cerca de R$ 470 millones. En este monto no estarían incluidos los gastos con el reajuste del piso salarial de los policías.

Según el ministro, la idea es construir 187 nuevas cárceles en el país. El ministro ponderó que el número dependerá de los costos de cada unidad carcelaria.

La meta inicial del PAC de la Seguridad será la creación de 2.200 plazas en cárceles específicas para jóvenes de 18 a 24 años y la ampliación, en la misma cantidad de plazas, en las cárceles femeninas. En los primeros tres años del programa, la idea es crear por lo menos un establecimiento penal femenino y otro para jóvenes del mencionado grupo de edad en cada una de las 11 regiones metropolitanas que a principio serán atendidas por el Pronasci.

De acuerdo con la asesoría de prensa del Ministerio de la Justicia, el Pronasci propone la integración de acciones de seguridad pública y políticas sociales para enfrentar la criminalidad en el país. El principal objetivo es enfrentar las causas sociales y culturales del crimen por medio de acciones de prevención, control y represión de la violencia.

Seguridad versus violencia

En entrevista al periódico Folha de S.Paulo, Tarso Genro dijo que acciones policiales como la que ocurrió a fines del mes pasado en el Complexo do Alemão, en el estado de Rio de Janeiro, están previstas en una primera fase del PAC de la Seguridad. “Operaciones de esta naturaleza están previstas para que sea posible la reocupación del territorio”, dijo el ministro, para quien “el tema de la pacificación y de la reocupación del territorio es imprescindible”.

Segundo Tarso Genro, “si el Estado no ejerce la autoridad plena en una determinada región, no logra cambiar el paradigma de seguridad pública. Las políticas sociales pueden surtir efecto en lo que se refiere a mejorar la calidad de vida, pero no reducen los índices de criminalidad. Lo que ocurre en Rio de Janeiro no es una acción del Pronasci. Se trata de una iniciativa del gobierno del Estado. En el Pronasci, operaciones de esta naturaleza están previstas para reocupar el territorio”.

Preguntado sobre el riesgo de que las acciones del Pronasci fueran contestadas por entidades de defensa de los derechos humanos, Tarso declaró “que este riesgo es pequeño, porque zonas de poder del crimen organizado cerradas para la entrada del Estado son muy pocas en el país y creo que – no digo que en un 100% de los casos, pero su casi totalidad están en el estado de Rio de Janeiro”. En lo que se refiere a la presencia de instituciones de derechos humanos y de la OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], el gobierno federal considera que se trata de algo altamente positivo, porque esas acciones siempre deben tener un contrapunto y contar con la vigilancia de estas instituciones de la sociedad. Ocurren excesos, efectivamente, y esos excesos derivan incluso de una tradición que queremos cambiar en el paradigma de la seguridad pública de nuestro país”.

El 27 de junio, una de las mayores operaciones policiales contra el narcotráfico en el estado de Rio de Janeiro dejó un saldo de 19 muertos en el Complexo do Alemão, un cerro controlado por narcotraficantes. Antes de esta confrontación, el Complexo ya estaba hace cerca de 50 días ocupado por la policía.

Los embates con los grupos criminales que controlan el área resultaron en la muerte de por lo menos 44 personas. De acuerdo con el secretario de Seguridad del Estado de Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, todas las muertes ocurrieron en la confrontación. Otras 80 personas fueron heridas, incluso diversos policías; niños y jóvenes fueron impedidos de ir a clase y el acceso a los centros de salud también se restringió.

El operativo policial generó reacciones diversas en la sociedad. En entrevista a la revista Carta Capital, la socióloga y coordinadora del Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec), Silvia Ramos, dijo que considera que la postura del gobernador de Rio de Janeiro, Cabral Filho, representa un avance en relación a las gestiones anteriores, pero reprueba el tratamiento exclusivamente policial. Para ella, “falta un plan”. La política de Cabral tiene “muchos méritos por conseguir mejorar su visión con la sociedad, pero todavía está apoyada casi exclusivamente en la Policía Militar”.

Entidades de defensa de los derechos humanos y movimientos populares se reunieron con la Secretaría de Seguridad Pública de Rio de Janeiro. Llevaron denuncias de abuso policial presentadas por los habitantes y adoptaron una postura totalmente contraria a las megaoperaciones y a la actual política de seguridad aplicada por el gobierno estadual, considerada criminalizadora de la pobreza. Según la agencia Carta Maior, también le exigieron al gobernador que cumpliera con las declaraciones dadas durante la campaña electoral, en la que Sérgio Cabral se posicionó de forma contraria al empleo del llamado “caveirão”, vehículo blindado utilizado por la Policía Militar en incursiones a las comunidades carentes.

Para Sandra Carvalho, de la entidad Justiça Global, por detrás de esta realidad hay una concepción errónea de combate al crimen organizado. “La política de Seguridad Pública criminaliza la pobreza, y esas acciones originan la idea de que el narcotráfico y el crimen se organizan solamente en las comunidades pobres”, defiende ella.

La acción de la policía, continúa Sandra, no pode resumirse solamente a intervenciones represivas, sino que debe englobar trabajo de inteligencia que desintegre las redes del crimen organizado, que cuentan con la participación tanto de la policía como de la Justicia.

Para Raquel Willadino, del Observatório das Favelas, “no estamos en contra de la entrada de la policía, sino contra la forma como ello se está llevando a cabo”. La previsión, según ella, es que las acciones se extiendan a otros cerros en Rio de Janeiro, uno de los mayores motivos de preocupación de las organizaciones.

El presidente Lula anunció la destinación de R$ 2,8 mil millones del Programa de Aceleración del Crecimiento para Rio de Janeiro, incluyendo inversiones sociales en diversos complexos de favelas de la ciudad. Sandra señala que ésta es una demanda histórica de las comunidades, pero afirma que debe haber también otras iniciativas, como una reforma de las policías. “No se puede condicionar la liberación de fondos para gastos sociales a esas acciones”, defiende ella.

Representación comprometida

El Congreso Nacional aprobó la ley de Directrices Presupuestarias (LDO). La LDO es la ley que orienta la formulación del Presupuesto para el año siguiente, en el caso para 2008. Ella estipula los parámetros, como tasa de crecimiento, reglas para inversiones, gastos e inflación, por los cuales el gobierno se orientará para elaborar el presupuesto. Según el texto aprobado por los parlamentarios, el parámetro de expansión del PIB (Producto Interno Bruto) será de 5% de 2008 a 2010, la inflación de 4,5% y el dólar está cotizado a R$ 2,23 para el próximo año.

La sesión del Congreso que votó la LDO no fue conducida por su presidente, el senador Renan Calheiros – Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), de la base aliada del gobierno. Renan salió de la sesión después de una fuerte presión de los partidos de oposición en la Cámara Federal y en el Senado.

El presidente del Senado Federal fue acusado de que sus gastos personales eran pagados por un contratista (ver Periscopio Internacional 15). Desde entonces sufre fuertes presiones para dejar el cargo hasta que el Consejo de Ética de la Casa concluya las investigaciones.

El Senado ha sufrido fuertes turbulencias en los últimos meses. Además de las acusaciones que pesan sobre Renan, al final del mes de junio un otro senador de la República renunció a su mandato para escapar de un proceso de desafuero y de la posibilidad de perder sus derechos políticos por ocho años.

Joaquim Roriz, del mismo partido que Renan, fue descubierto a través de una llamada telefónica censurada por la Policía Federal durante la Operación Acuarela, en la cual negociaba la división de fondos de origen ignorado. Roriz fue gobernador del Distrito Federal (capital del país) por cuatro veces. Durante años tuvo su vida investigada por el Ministerio Público por sospecha de corrupción. Esta vez no logró escapar.

Actualmente el Senado Federal posee 81 senadores electos para mandatos de ocho años; a cada elección se renueva una tercera parte de los escaños y en la elección siguiente, dos terceras partes. Todas las 27 unidades de la Federación (26 estados y Distrito Federal) poseen la misma representatividad, con tres senadores cada una, al contrario de la Cámara de Diputados Federal, que tiene una representación proporcional a la población de cada estado. El Senado, que debería representar la Federación a partir de la Constitución Federal de 1988, ganó papel de Cámara revisora y se convirtió en una institución profundamente antidemocrática.

El filósofo Renato Janine Ribeiro, al retratar el senado conservador creado durante el siglo XIX, traduce un poco lo que es el Senado brasileño. Dice el filósofo: “Con el avance de los regímenes que un día serán democráticos, se intentó contener la representación popular, electa directamente por el pueblo y presente en la Cámara Baja, mediante un “Senado conservador” (el término es de Napoleón), formado por los nobles o los ricos. El saber de las elites contendría el clamor de las masas. Se temía (decían) que la demagogia hiciera que los pobres eligieran una Cámara que podría expropiar o tasar a los ricos. Por ello, los senadores tienen mandato vitalicio o, por lo menos, más largo que el de los diputados. Si la mayoría de pobres eligiera una Cámara de izquierda, tendría que mantener esa mayoría por dos o tres elecciones seguidas, antes de controlar también el Senado. Ello daría tiempo a una reacción conservadora, incluso porque el gobierno de izquierda poco podría concretar en lo que se refiere a sus propuestas y se tornaría impopular”.

La compleja integración

Más un episodio que involucra el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y Brasil. Esta vez, Chávez lanzó un ultimátum a los Congresos de Brasil y Paraguay: si no ratifican el ingreso de Venezuela al Mercosur en hasta tres meses, el país retirará el pedido para ingresar en el bloque. Las declaraciones fueron hechas en cadena de radio y televisión.

Según Chávez, Venezuela esperará hasta septiembre. “No esperaremos más porque los Congresos de Brasil y Paraguay no tienen razón política ni moral para no aprobar. Si no lo hacen, nos retiraremos hasta que mejoren las condiciones”, dijo.

Chávez también clasificó de “impertinente” la afirmación de Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores, de que era necesario “un gesto positivo” de Chávez en relación al Congreso brasileño, donde tramita la ratificación del ingreso de Venezuela en el Mercosur. “Venezuela no tiene nada que disculparse, el Congreso de Brasil es que tiene que disculparse por intrometerse en asuntos internos”, afirmó.

La política externa brasileña ha sido objeto de frecuentes ataques de los partidos de oposición y demás sectores conservadores, que perdieron la batalla por la creación del Alca; dicen que no quieren el Mercosur, no quieren la Unasur, y no quieren la integración continental. Orientados por una política externa de subordinación a Estados Unidos, estas fuerzas utilizan todos los pretextos para atacar la integración continental.

En este contexto, las declaraciones de Chávez han fortalecido la derecha brasileña, que conquista la opinión pública con argumentos nacionalistas; y ponen el gobierno Lula en una complicada trampa, ya que tiene que responder a la altura del Estado brasileño, y al mismo tempo no empeorar todavía más la situación con los enemigos de la integración.

PCdoB puede salir de la CUT

El Comité Central del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) aprobó, el día 8 de julio, una resolución en la cual apoya la propuesta de creación de una nueva central sindical, de acuerdo con las perspectivas de cambios en la legislación brasileña, específica, que dará reconocimiento legal a la existencia de las centrales sindicales.

La resolución es una indicación para que para que la Central Sindical Clasista (la CSC, donde actúan los comunistas) salga de la Central Única de los Trabajadores (CUT) e impulse la creación de una nueva central sindical.

El “PCdoB evaluó el actual cuadro político y sindical brasileño y concluyó que las iniciativas de recomposición en curso en la esfera del sindicalismo exigen un nuevo nivel en la busca de unidad en el movimiento y cohesión en la lucha de los trabajadores’, dice el texto.

Según João Batista Lemos, dirigente sindical del PCdoB, el tema es esencialmente político”, afirma Batista, y relaciona tres puntos de partida: el cambio que ocurrió con el gobierno Lula; la nueva realidad político-sindical y el proceso de acumulación de fuerzas de los comunistas en el movimiento sindical.

Esta no es la primera vez que el PCdoB, por medio de la Central Sindical Clasista, amenaza salir de la CUT. Pero ahora la salida puede ser parte de una estrategia mayor del partido, que presupone la creación de un nuevo sector en la izquierda brasileña que incluiría lemas como el Partido Socialista Brasileiro (PSB), cuyo bloque se está consolidando desde la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados.

El PCdoB es un aliado histórico del Partido de los Trabajadores. Estuvo junto con el PT en todas las elecciones presidenciales y compone la base aliada del gobierno Lula desde el primer mandato.

En febrero de este ano, el PT y el PCdoB lanzaron candidatos propios a la presidencia de la Cámara de Diputados. El petista Arlindo Chinaglia del PCdoB (ver Periscopio Internacional 11). A partir de entonces el PCdoB debate la idea de constituir un nuevo campo entre los partidos de izquierda.

El telón de fondo de este tema es la sucesión presidencial en 2010. Como no hay un candidato natural a la sucesión de Lula, los partidos de la base aliada del gobierno se mueven para buscar un nuevo nombre.

UNE elige nueva dirección y define plan de luchas

La Unión Nacional de Estudiantes (UNE) realizó, al inicio del mes de julio, su 50º Congreso, con la participación de cerca de ocho mil estudiantes. El Congreso definió un plan de luchas para el próximo periodo y eligió la nueva dirección de la entidad. La UNE será dirigida por la estudiante de periodismo Lúcia Stumpf, del PCdoB.

Once listas compitieron por la nueva dirección. Del total de votos válidos (2.526), la lista 11, que tenía a Lúcia como candidata, conquistó más del 65%, contabilizando el apoyo de 1.802 estudiantes. Las demás listas no presentaron candidato para la presidencia.

La lista 10 tuvo 279 votos en total. La 7 obtuvo 232 votos. Ya la lista 9 conquistó 92 votos y la 8, 73. Las demás listas juntas obtuvieron 14 votos.

La nueva gestión de la UNE promete trabajar en los próximos dos años para retomar la trayectoria de lucha que caracterizó la entidad en el pasado. Para ello, pretende intensificar los actos y manifestaciones como forma de reivindicar mejoras en la enseñanza. La jornada de luchas fue aprobada en el 50º Congreso, se llevará a cabo en conjunto con movimientos sociales y servirá para conmemorar los 70 años de la entidad.

En la agenda de la entidad consta la defensa de la ampliación del número de plazas y la apertura de nuevas facultades federales, ampliación de los recursos para la asistencia estudiantil (vivienda, alimentación y guarderías); la defensa de que los reajustes de las universidades pagas solamente se realicen en común acuerdo con los estudiantes. La UNE también defiende un sistema de cupos sociales para las plazas en las universidades públicas, con un 50% de ellas destinada a alumnos de escuelas públicas. Entre estas plazas se haría un recorte racial, en base a los criterios del IBGE.
La resolución aprobada sobre coyuntura nacional señala la importancia para Brasil de la elección del presidente Lula, que la UNE apoyó, así como para el resto de América Latina; muestra avances, pero también identifica límites.

Según el documento aprobado, “los primeros meses del nuevo mandato muestran un gobierno que todavía tiene que rescatar el proyecto de reconstrucción del Estado Nacional. Hay un gran avance cuando el gobierno lanza el Programa de Aceleración del Crecimiento, con miras a invertir más de R$ 287 mil millones en infraestructura y en las áreas sociales, contribuyendo para generar empleos. Pero todavía es necesario superar los preceptos neoliberalizantes en la política macroeconómica, como la política monetarista de intereses estratosféricos, la política fiscal de superávit, reforzando la sumisión a la dictadura del capital financiero-especulativo; por ello la UNE defiende el despido inmediato de Henrique Meirelles, presidente del Banco Central. Por un lado, el presidente está correcto al vetar la enmienda 3 – una Reforma Laboral disimulada -, pero por otro el gobierno amenaza con una nueva Reforma de la Previsión Social y con restricciones inaceptables al derecho de huelga del funcionariado y el límite de reajuste para empleados públicos federales”.

Para la nueva presidenta de la entidad, sin despedir a Meirelles “no será posible exigir una financiación mayor para la enseñanza pública. El gobierno no podrá otorgar más fondos”.

Extraños aplausos

El presidente Lula fue abucheado en la apertura de los Juegos Panamericanos en el estado de Rio de Janeiro. La manifestación impidió que hiciera la declaración habitual de un jefe de Estado que recibe a los atletas en su país. Los días que se siguieron fueron de mucha especulación sobre las razones por las cuales un sector del público habría abucheado al presidente, público éste que pagó entre R$ 20 y R$ 250 por cada entrada. Otro tema que también estuvo presente en el debate en la prensa se refiere al hecho de si habría alguna orquestación por detrás de este episodio.

Rio de Janeiro es uno de los estados en que Lula, aunque recibió cerca de 70% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2006, encuentra mayor resistencia de la clase media del país. Observando los altos costos de las entradas de los juegos se puede verificar que el público allí presente no pertenecía exactamente a su base social.

El hecho es que los abucheos ocurrieron en el estado de Rio de Janeiro, cuya alcaldía pertenece a uno de los principales partidos de la oposición a Lula, el Partido de los Demócratas (ex-PFL). También es sintomático que en este mismo espacio el alcalde César Maia haya sido muy aplaudido.