Las acciones de la Policía Federal brasileña, el Congreso del MST, la reforma política y la no renovación del de la concesión para la RCTV son los temas tratados en esta edición.


Congreso Nacional no realiza reforma política
Las acciones de la Policía Federal
Periodismo o propaganda
Congreso del MST

Congreso Nacional no realiza reforma política

El sistema político brasileño posee características muy especiales. La principal de ellas es la financiación privada de campañas electorales. En parte en función de ello, hay una inmensa promiscuidad entre los políticos y las grandes empresas, lo que resulta en escándalos periódicos de corrupción.

Otra característica del sistema político brasileño es el voto en lista abierta. En la práctica, los partidos lanzan una lista de candidatos y los electores elijen si votan en el Partido (voto de lema) o en el candidato (voto nominal). Ello hace que las campañas electorales sean muy confusas para el electorado (más de cinco mil candidatos a diputado federal, en todo el país, disputaron la elección de 2006), motivo por el cual la participación en las elecciones proporcionales (para diputados) es menor que la participación en las mayoritarias (para senadores, alcaldes, gobernadores y presidentes). Además, muchos parlamentarios consideran que el mandato es suyo (y no del Partido), y cambian de partidos varias veces a lo largo de los cuatro años del mandato.

Estas y otras características del sistema político brasileño ayudan a crear una distancia entre la mayoría del pueblo y los electos, una desmoralización del legislativo y de los partidos. También por este motivo, la izquierda enfrenta dificultades cada vez mayores para elegir a sus parlamentarios y conformar mayorías legislativas, incluso cuando vence las elecciones para gobiernos por un largo margen.

El sistema político brasileño es parte integrante de un gran problema de Brasil: la falta de democracia. La historia de Brasil es marcada por 4 siglos de monarquía y esclavitud, de los cuales 3 siglos transcurrieron en la época de la colonia. Además, en 118 años de República (1889-2007), tuvimos 35 años de dictadura (1930-1945 y 1964-1985) y 64 años (1889-1930 y 1946-1964) de democracia restricta (con restricciones al derecho de voto de las capas populares, al funcionamiento sindical y la actuación de los partidos de izquierda).

Desde que surgió, el PT lucha por democracia. Como bien lo recuerda el diputado estadual Rui Falcão en su artículo publicado en el portal del PT, “el PT contribuyó para crear nuevos derechos para los trabajadores, entrando muchas veces en conflicto con limitaciones institucionales anacrónicas, ya superadas por los hechos de la vida. Un ejemplo: los militantes del PT hicieron huelgas para que el derecho universal de huelga fuera finalmente reconocido en el país”.

“El partido creó reglas internas democráticas, que contrastaban con la legislación partidaria y electoral, y sorprendía a todos con sus “encuentros” de militantes, que tomaron el lugar de las convenciones tradicionales de los demás partidos, en las cuales un senador o diputado vota cuatro o cinco veces. El PT instituyó la composición proporcional de las direcciones y, por último, la elección directa de sus dirigentes, proceso que en las últimas elecciones partidarias, en plena crisis, reunió a más de 350 mil afiliados votantes en todo el país”, afirma el texto de Rui Falcão.

En las disputas electorales, Rui recuerda que el PT innovó al introducir mejoras en el sistema electoral, siempre a favor de la ampliación de los espacios de participación. Destaca que el partido logró “acabar con el voto vinculado y los sublemas, que adulteraban la voluntad del elector; conquistamos elecciones directas en todos los niveles, eliminando el Colegio Electoral y los biónicos; ayudamos a instituir el horario político de los partidos en radio y televisión, el Fondo Partidario, al mismo tiempo que, a través de proyecto de la ex alcaldesa y diputada federal Marta Suplicy, tornamos obligatoria la inclusión de por lo menos una tercera parte de mujeres en las listas de candidatos a las elecciones parlamentarias”.

Hace varios años el Partido de los Trabajadores considera que la reforma política es una prioridad. En la concepción del PT, la reforma política incluye una vasta gama de temas, desde el control social del Estado hasta la democratización de la comunicación. Entre estos temas, es claro, se encuentra la reforma electoral.

Durante el primero gobierno Lula la reforma política no se pudo realizar, debido principalmente a la presión de los pequeños partidos, que amenazaron romper con el gobierno si el PT insistiese en la reforma. Tres años más tarde, estos pequeños partidos estaban en el epicentro de la crisis que afectó profundamente al PT y al gobierno.

En función de ello, el PT pasó a considerar estratégico realizar la reforma política al inicio del segundo mandato. Sin embargo, la Cámara de los Diputados rechazó, el 27 de junio, dos propuestas que cambiarían el sistema político: el voto en lista cerrada y el voto en lista flexible.

Teniendo en cuenta la sucesión de crisis políticas que afectaron y siguen afectando al país, se esperaba que el debate de la reforma política en la Cámara de Diputados mereciese atención nacional, sobre todo a través de los medios de comunicación. Mientras en la Cámara de Diputados decisiones extremadamente importantes para la democracia en el país son discutidas y votadas, por lo menos en lo que atañe a su aspecto electoral, el gran destaque de todos los medios son las acciones de la Policía Federal y el episodio relacionado con el cierre de un canal de televisión en Venezuela. La Reforma Política, que debería estar en el centro de la pauta, se presenta en segundo plano en los noticieros.

La reforma política defendida por el Partido de los Trabajadores preveía cambios institucionales profundos. Sin embargo, la reforma que se avecina parece reducirse a temas electorales y, peor que ello, a partir de la no aprobación de la lista cerrada preordenada, la reforma será aún más perjudicada.

La resolución del Directorio Nacional del PT, en abril de este año, defendía como fundamental el fortalecimiento de mecanismos de democracia directa como plebiscitos, referendos y proyectos de iniciativa popular, así como el perfeccionamiento de instrumentos de democracia participativa y control social. El texto afirmaba que la reforma política también tendría que garantizar la “democratización de la información y la comunicación a través de la democratización de la comunicación social, además de una mayor transparencia y control externo del poder judicial”.

El PT se empeñaría por la aprobación inmediata de la financiación pública de campaña, voto en listas preordenadas – asegurando equidad de género, mediante mecanismo que intercalara mujeres y hombres en las listas -, fin de las coligaciones proporcionales, creación de las federaciones de partidos y establecimiento de criterios rigurosos de fidelidad partidaria, elementos importantes para ampliar la democracia y mejorar el sistema electoral brasileño.

La tramitación legislativa de la propuesta de reforma política resultó en una derrota profunda para el PT.

La derrota en la propuesta de lista comprometió seriamente el restante de la reforma política, como la financiación pública de campaña y la fidelidad partidaria.

La lista cerrada significa que, de acuerdo con el porcentual de votos obtenidos, el partido indicaría sus electos, con base en una relación preordenada. El elector pasaría a votar en el lema y no en el candidato.

Los contrarios al sistema dicen que las máquinas partidarias ganarían una fuerza descomunal, porque determinarían el orden en que los candidatos aparecen en la lista. Sus defensores afirman que el cambio fortalecería a los partidos, ya que acabaría con lo que ocurre actualmente, es decir, candidatos de una misma sigla disputan votos. Además, la lista cerrada posibilitaría la aprobación de otro punto defendido por el PT: la financiación pública de campaña.

Historial

La primera sesión en la Cámara Federal que definiría los puntos de la reforma política fue postergada a partir de un cambio en las posiciones de varios partidos y de la disidencia de casi una tercera parte de los parlamentarios del PT.

Los opositores del cambio alegaron que no se puede retirar del elector el derecho de votar en su candidato. Este argumento no se sustenta, una vez que ello ya acontece actualmente, porque el elector puede votar en un candidato y contribuir para elegir a otro del mismo partido o de otra sigla coligada.

El presidente de la Cámara Federal, Arlindo Chinaglia, llevó a cabo una especie de prueba en el plenario para verificar las posiciones. Puso en votación un requerimiento de diputados favorables a la creación de las listas, que querían acabar con la discusión y votar el tema. Los contrarios a la lista, por otro lado, querían seguir con la discusión, para atrasar la marcha de la materia.

Votaran contra el requerimiento 245 diputados, contra 194 a favor, una amplia victoria para los que critican la lista. Concientes de que perderían, los propios defensores de la lista desistieran de votarla.

La división de la bancada del PT fue fundamental para la no aprobación de la lista preordenada. Este hecho también marcó las tendencias internas del partido, ya que todas las tendencias con expresión en el parlamento se dividieron en este tema.

Los diputados del PSDB, principal partido de oposición, votaron divididos en la propuesta. Después de la votación la bancada del partido pasó a defender una otra modalidad de reforma política, el voto distrital mixto. Aunque no lo admitan públicamente, los representantes del PSDB evalúan que el mayor beneficiario de la lista cerrada sería el Partido de los Trabajadores, porque el lema es más conocido de los electores.

Para el líder de la bancada del PT, diputado federal Luiz Sérgio (RJ), “el sistema distrital, en todas sus variantes, es una aberración antidemocrática que sofoca las minorías”. El líder afirma que en países en los que hay voto distrital los partidos siempre son perjudicados, ya que el porcentual de escaños que recibe siempre es inferior a su porcentual de votos.

La división de las bancadas hizo que los partidos defensores de la lista cerrada buscasen una solución intermedia para garantizar la aprobación de la lista, una especie de modelo mixto – la lista flexible.

Por este modelo, el partido político presentaría al elector una lista ordenada según la preferencia partidaria, y el primer voto sería para el partido y el segundo sería facultativo, para el candidato que el elector quisiera elegir.

El Directorio Nacional del PT, cuya reunión se realizó en junio para tratar exclusivamente esta pauta, reiteró su decisión y defendió como eje principal la financiación pública exclusiva de campaña que, según el partido, sólo se hace viable con la lista preordenada. La bancada del PT fue autorizada a negociar, siempre que mantuviese un proceso que otorga exclusividad a la financiación pública de campaña y a la lista preordenada, con la obligatoriedad de que el primer voto fuera en la lista, o sea, en el lema partidario.

Después de varios días de negociación entre los partidos, el diputado federal Pepe Vargas (PT-RS), relator de la reforma política en la Comisión de Finanzas y Tributación de la Cámara, divulgó un documento en el que detalla los principales puntos de la enmienda sustitutiva global al PL 1.210/2007, que trata del asunto, entre ellas el voto en lista partidaria preordenada con opción de que el elector destaque un nombre de la lista. La enmienda fue firmada por liderazgos del PT, PMDB, DEM, PSB, PPS y PCdoB. Verifique la íntegra del documento.

Sin embargo, el plenario de la Cámara Federal rechazó el día 27 cualquier tipo de lista preordenada en las elecciones proporcionales, en dos votaciones nominales relativas al Proyecto de Ley 1210/07, de la reforma política. La segunda votación nominal rechazó, por 252 votos a 181 y 3 abstenciones, los artículos que trataban de la lista preordenada cerrada, prevista en el texto original y mantenida por el relator en su parecer a las 346 enmiendas presentadas. La votación del restante de la reforma política (que incluye temas como fidelidad partidaria y financiación pública de campañas) todavía entrará en la pauta.

El presidente nacional del PT, diputado federal Ricardo Berzoini, lamentó el rechazo de la propuesta de lista cerrada. Para él ello va a perjudicar la reforma política.

Las acciones de la Policía Federal

Las últimas acciones de la Policía Federal promovieron un intenso debate en sectores de la sociedad. Por un lado, analistas políticos tratan de entender se hay algo además de estas acciones. Por otro, una parte de los medios pone en tela de juicio las acciones de la PF, con miras a mantener los privilegios de la elite, pero a la vez se alegra con la gran escena.

Primero fue la operación Navalha, que resultó en la salida del gobierno del ministro de Minas y Energía, Silas Rondeau, y llamó la atención para el presidente del Congreso Nacional, senador Renan Calheiros, del Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) del estado de Alagoas, de la base aliada del gobierno Lula.

La Operación Navalha fue realizada por la Policía Federal (PF) en diez estados y en el Distrito Federal, y movilizó a cerca de 400 policías federales para cumplir las órdenes de prisión preventiva y de búsqueda y aprensión. Fueron detenidas 43 personas implicadas en una organización criminal que desviaba recursos federales de obras públicas. Entre los involucrados se encuentran diversas autoridades estaduales, además de empleados e intermediarios de la contratista Gautama, de Bahia.

Según la PF, el objetivo del grupo era lucrar con la ejecución de obras públicas, organizada y estructurada para practicar crímenes como fraudes en licitaciones, corrupción pasiva y activa, tráfico de influencia y lavado de dinero.

Uno de los brazos del esquema, de acuerdo a la PF, operaba en el Ministerio de Minas y Energía. El jefe de gabinete del ministro Silas y su asesor fueron detenidos por la PF. Según la Policía, actuaban directamente para fraudar una licitación que benefició Gautama en una obra del Programa Luz para Todos, en el estado de Piauí.

El senador Renan Calheiros fue citado en escuchas telefónicas de la PF, realizadas durante la operación, como foco de presión para liberar fondos federales para obras de Gautama. Algunos días más tarde, en función de una relación extraconyugal con la periodista Monica Veloso, de la cual nació una niña, Renan fue acusado por una supuesta relación con Carlos Gontijo, que hacía lobby para la Constructora Mendes Júnior. De acuerdo con un reportaje, Gontijo pagó hasta diciembre de 2006 una pensión mensual de 12 mil reales a la hija de Renan.

Para comprobar que lo que ganaba era compatible con los pagos a Mónica, Renan presentó documentos que señalan una ganancia de R$ 1,9 millón en los últimos cuatro años, con la venta de ganado. Sin embargo, otro reportaje del noticiero Jornal Nacional lanzó sospechas sobre este hecho y negó la autenticidad de las notas fiscales de venta de ganado presentadas por la defensa de Renan. Después de la denuncia, el Consejo de Ética postergó la votación del informe del senador Epitácio Cafeteira (PTB-MA), que sugería que se archivaran las denuncias por falta de pruebas.

No se logra dar inicio al proceso contra el presidente del Senado, ya que hace días el caso está sin relator, porque el senador Sibá Machado (PT-AC) renunció a la presidencia del Consejo de Ética.

En su lugar asumió el diputado federal Leomar Quintanilha, del PMDB del estado de Tocantins.

Muerte al rey

Días después de la operación Navalha, la Policía Federal volvió a ocupar los informativos, esta vez con la operación Xeque-Mate, destinada a desbaratar una pandilla implicada en contrabando, tráfico de drogas y máquinas tragamonedas. En esta operación, en que la Policía Federal culpabilizó a 58 personas, apareció nada menos que Genival Inácio da Silva, Vavá, hermano mayor del presidente Lula. Fue acusado por la PF en función de sospecha de tráfico de influencia en órganos públicos y exploración de prestigio en el poder judicial.

El presidente Lula, que participaba en una reunión oficial en India, dijo que no creía en la involucración de su hermano, pero que “como presidente de la república, si la PF tenía una autorización judicial y el nombre del hermano aparecía en las investigaciones, paciencia”.

El asesor especial para Asuntos Internacionales de la Presidencia, Marco Aurélio Garcia, afirmó que la denuncia de la Policía federal contra Genival Inácio da Silva, Vavá, hermano del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muestra que el gobierno está investigando “sin ningún tipo de restricción”.

Pero ¿quién es el rey que llevó el Xeque-Mate (jaque mate)? Si es que lo llevó, porque entre las 39 personas denunciadas por el Ministerio Público Federal (MPF) bajo la acusación de pertenecer a la mafia de los tragamonedas, el nombre de Vavá no fue incluido. En nota, la Procuraduría dice que, en su entendimiento, “no hay en los autos elementos que indiquen la participación [de Vavá] en cualquiera de las pandillas”.

En un primero momento algunos analistas, como lo describió Luiz Antonio Magalhães, editor de Política del DCI y editor-asistente del Observatório da Imprensa, se apuraron a decir que la Policía Federal actuaba para beneficiar al presidente Lula, porque él podría decir que, en su gobierno, incluso sus familiares pueden ser investigados, algo que nunca ocurrió antes en la historia del país. Para el periodista, “si tenemos en cuenta la verdad y a la luz de los acontecimientos posteriores, este argumento no se sustenta, aunque efectivamente en el imaginario de la población más humilde la investigación sobre el hermano del presidente acabe “rindiendo frutos” para Lula”.

Sin embargo, una tesis pertinente es la de que “quieren la yugular de Lula, el de los 60 millones de votos” como escribió el periodista Hélio Gaspari en el diario Folha de S. Paulo, en artículo titulado “A Vavá lo están linchando”. El periodista alertó para el hecho de que Vavá, linchado porque es hermano del presidente Lula, “es acusado de tráfico de influencia sin que hasta hoy haya aparecido un sólo nombre de empleado público junto al cual haya traficado cualquier pleito que involucre dinero del tesoro público”.

Para Gaspari, “la divulgación cavilosa y homeopática de trozos de grabaciones telefónicas que involucran a parientes de Nuestro Guía [Lula] se convirtió en un proceso intimidatorio y difamador capaz de hacer sonrojar a generales del Servicio Nacional de Informaciones, el SNI de la dictadura. En el caso de Vavá, las sospechas que se plantearon hasta ahora no tienen ninguna relación con los hechos. No hay proporción entre las acusaciones que le hacen y el grado de exposición a que fue deliberadamente sometido”. Y sigue: “su linchamiento no busca el ciudadano comprometido con personas deshonestas. Busca la yugular del hermano”.

De acuerdo con el analista político Wladimir Pomar, puede que no haya nada por detrás de los acontecimientos, pero algunas preguntas son pertinentes, por más incómodas que puedan parecer. Pomar cuestiona “¿por qué solamente una contratista “poco profesional” es acusada en la “mafia de las licitaciones”, cuando todo el mercado sabe lo que sucede principalmente con las grandes contratistas? ¿Por qué la revista Veja preparó un tiro de escopeta contra el senador Calheiros, aunque con pólvora mala y bala de festín? Sólo para causar escándalo, suscitar sospechas y “ensuciar” al presidente del Senado?”

Para él hay tres hipótesis: “o hay un plan para desmoralizar los arrestos efectuados por la PF, al arrastrar en el mismo vehículo a delincuentes menores e inocentes, de modo a evitar que la navaja siga su curso y afecte a los grandes delincuentes, o hay un plan efectivo para juntar delincuentes e inocentes, de modo a desmoralizar políticamente los inocentes y comprometer el gobierno. O hay una guerra interna en la PF, donde valen todas las armas, y los arrestos de delincuentes sirven para mostrar que la Policía está haciendo un buen trabajo para el país, y los arrestos de inocentes sirven para paralizar cualquier intento de colocar la PF bajo tutela gubernamental, como debe ser en cualquier país”.

De todos modos, es necesario tener mucha cautela en este momento para no correr el riesgo de hacer coro con la derecha conservadora del país. Grandes diarios y articulistas también levantaron sospechas sobre las acciones de la PF.

El periodista Fernando de Barros y Silva destacó, en artículo publicado en la Folha de S. lticulio teneretido con personas desonestasPaulo, que la “Policía Federal es la gran estrella del gobierno Lula. Pasó a dictar la pauta de los medios y la agenda nacional. El viejo cliché, según el cual la política en Brasil es caso de Policía, tendría que ser invertido: la Policía se convirtió en caso de política. Hay algo nuevo y extraño en el aire”.

Un Editorial de la Agencia Brasil de Fato llama la atención para el hecho de que la Operación Navalha, de la Policía Federal, también promueve una verdadera “guerra en la oscuridad” entre las elites del país. Es cómico y risible ver cómo, a todo costo, la elite política busca proteger sus privilegios, mantener un aire de honestidad, y asegurar un carácter de imparcialidad del Estado burgués.

El ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), acusó la Policía Federal de usar estrategias fascistas y de promover canalladas en esa operación. “El periódico O Estado de S. Paulo, que seguramente refleja el pensamiento de los grandes medios brasileños, alerta que la acción de la Policía Federal puede poner en riesgo el Estado Democrático de Derecho. Todas las veces que algún privilegio de la elite es contestado, ella misma evoca ese peligro”.

“De la Policía Federal se espera solamente que investigue las denuncias y arreste a los implicados con las acciones criminales, tanto en caso de delitos contra el tesoro público, como de crímenes financieros. Al Poder Judicial le cabe asegurar el derecho de defensa a todos y acabar con la impunidad históricamente existente en nuestro país, cuando las personas involucradas pertenecen a la clase dominante”, concluye el texto de la Agencia Brasil de Fato.

Vavá es el nuevo “Escuela Base”, dijo el periodista Paulo Henrique Amorim. “Es decir: la prensa condena un criminal que no cometió crimen”; Amorim se refiere al episodio en que una pareja, dueña de la Escuela Base, así como un conductor, fueron acusados en 1994, por la Policía de São Paulo, de abuso sexual de niños que estudiaban en la escuela. Los tres fueron amenazados de muerte y la escuela fue depredada y quebró. Declarados inocentes, iniciaron acciones judiciales por daños morales y pidieron indemnización. Los reos son siete vehículos de comunicación que divulgaron reportajes sobre el caso y el gobierno del Estado de São Paulo.

Según Amorim, “Vavá es otro criminal que no cometió ningún crimen. Los medios conservadores (y golpistas) lo condenaron, calumniaron y denigraron. Después de Vavá viene Vevé, Viví, Vovó y Vuvú. Y así será hasta el fin de los tiempos. Así procederán los medios conservadores (y golpistas) siempre que un Presidente es laborista. Esto fue lo que hicieron con Vargas, Juscelino Kubitschek (que se eligió en alianza con Goulart, João Goulart y Brizola, que siempre fue una meta preferencial de las Organizaciones (?) Globo”.

La cobertura periodística de las investigaciones que pesan sobre Vavá, como bien lo destacó el sociólogo Gilson Caroni Filho, en un artículo en la “Carta Maior, “es una clara demostración de una prensa que hace mucho cambió su papel de fiscal de los poderes por el de partido de oposición”. Para él, se trata del “periodismo vale todo que ha sido practicado en el país desde la elección del presidente Lula, en 2002. Una mezcla deliberada de información con opinión”. Una clara demostración de lo que los especialistas en comunicación denominan de “poder de agenda”: capacidad de, por medio de sucesivas ediciones de los hechos, crear en la opinión pública una percepción dominante de la sociedad en que vive.

Periodismo o propaganda

En América Latina, las empresas de comunicación, bajo la égida del periodismo, patrocinan propaganda ideológica, defienden sus intereses, en muchas ocasiones contra la legalidad democrática, y de este modo juegan un papel decisivo en la caída de gobiernos democráticamente electos.

Ello fue lo que ocurrió en Brasil en varios episodios, como la preparación del golpe de 1964; en la elección de Fernando Collor, con la famosa edición del debate de la Red Globo entre él y Lula, entonces candidatos a la presidencia de la República. En las elecciones de 2002 y de 2006, en que Lula fue electo y reelecto al gobierno federal. Los ejemplos son abundantes y bastante conocidos.

Este mes este debate resurgió y fue pautado por toda la prensa. El fin de las trasmisiones de la RCTV, un canal de TV venezolano, ocasionó histeria en los medios internacionales y brasileños.

Tal vez recelando que algo similar ocurra en Brasil, las grandes empresas de comunicación promovieron duros ataques al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ninguna de ellas explicó el real motivo para el fin de las trasmisiones, optaron por llamar dictador a Chávez, alguien que cercena la libertad de expresión.

El presidente venezolano Hugo Chávez decidió no renovar la concesión pública del canal, que fue el principal portavoz de las fuerzas políticas que intentaron, sin éxito, ejecutar un golpe de Estado en 2002. Cuando Chávez restableció el control del poder Ejecutivo, la emisora se negó a noticiar el hecho.

La deliberación de Chávez causó polémica en Brasil. Varios partidos políticos, intelectuales y movimientos sociales apoyaron la decisión del presidente venezolano.

Todas las empresas de comunicación presionaron para que el presidente Lula asumiera una posición sobre el fin de la concesión de la RCTV. Sin entrar en el mérito de la decisión Lula contestó que Venezuela es soberana para decidir sobre las concesiones de canales públicos de televisión su país.

Sin embargo, las cosas empeoraron cuando Chávez llamó el Congreso brasileño de “papagayo” de Washington, en respuesta a un requerimiento del Senado para que el presidente venezolano revisara el caso de la RCTV.

El documento del Senado decía que “era de fundamental importancia para el mantenimiento de las relaciones democráticas del pueblo venezolano que tal diversidad de voces tenga aseguradas la libertad de elección y expresión a través de los medios televisivos privados representados por la RCTV.

La Secretaría de Relaciones Internacionales del PT (SRI), después de oír a la Comisión Ejecutiva Nacional, emitió una nota sobre el episodio, reiterando “la posición del PT, en defensa de la libertad de expresión en general, particularmente de la libertad de prensa, motivo por el cual nos oponemos al monopolio de la comunicación por grandes empresas, que utilizan concesiones públicas para defender los intereses privados de una minoría”. Lea la íntegra de la nota.

La Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (Abert) repudió la postura del gobierno de Venezuela y criticó la nota de la SRI: “La Abert también considera lamentable y preocupante la nota emitida por la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido de los Trabajadores (PT) que apoya la decisión del presidente Chávez de no renovar la concesión de la RCTV, una vez que el respeto a la libertad de expresión y de prensa son fundamentos de las naciones democráticas”.

Para el periodista Bernardo Kucinski, en artículo publicado en la agencia Carta Maior, “al no renovar la concesión de la RCTV, Chávez ganó tiempo. Pero el problema mayor continúa y es permanente: es la vocación golpista de los medios latinoamericanos y el gran riesgo que ello representa para la democracia. Esta es nuestra agenda”.

Congreso del MST

El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) realizó en Brasília, entre los días 11 y 16 de junio, su 5º Congreso Nacional. Cerca de 18 mil trabajadores participaron en el evento.

De acuerdo con informaciones del sitio de la entidad, el MST definió priorizar el fortalecimiento de alianzas con sectores organizados y ampliar el diálogo con la sociedad, para defender el cambio en el modelo económico, que concentra poder y riqueza, afecta a los trabajadores y trae consecuencias casi irreversibles al medio ambiente. Esas intenciones fueron formalizadas en la Carta del 5º Congreso Nacional del MST. Según Fátima Ribeiro, de la dirección nacional, el momento es de reunir el conjunto de las fuerzas sociales en defensa de otro modelo de desarrollo. “No es papel solamente del MST, sino del conjunto de las organizaciones populares de Brasil”, afirmó.

Durante el Congreso, los medios destacaron el hecho de que el presidente Lula no había sido invitado. El diario Folha de S.Paulo publicó que la “evaluación de los coordinadores del MST es que, con un micrófono en las manos, el petista tiene todo para entusiasmar a los sin-tierra y, al mismo tiempo, poner en riesgo el tono crítico que el congreso desea adoptar en relación al gobierno.

El efecto seria más devastador al MST frente a la posibilidad de que los militantes lleven el recado de Lula a sus campamentos y asentamientos – diseminados por 24 Estados”.

Lula ha sido criticado por el movimiento, que hace propaganda contra la política de incentivo del gobierno a la producción de biocombustibles y reclama que sus acampados (según el MST son cerca de 140 mil) no fueron atendidos.

El economista José Prata Araújo, en su libro “Um retrato do Brasil”, publicado por la Editorial Fundación Perseu Abramo, observa que los números de la reforma agraria siempre son controvertidos. “Para el gobierno, los números son los siguientes: 245 mil familias asentadas entre 2003 y 2005; R$ 2,730 mil millones invertidos en la obtención de tierras; 22,480 millones de hectáreas de tierras destinados a la reforma agraria en el periodo”.

Estos números son contestados por el MST. Para el movimiento, solamente un 45,7% fue asentado en área de reforma agraria. Lo restante se refiere a asentamientos antiguos o reordenación de asentamientos en tierras públicas.