Agenda de la derecha, mantenimiento del veto a la enmienda 3, sucesión en 2010, nuevo ministerio, 3er Congreso del PT e conservadurismo económico son algúns de los assuntos tratados en esta edición, que fala también sobre aborto y la salud pública en el Brasil

La vez y la hora de Lula y los sindicalistas
Agenda de la derecha
Mantenimiento del veto a la enmienda 3
Sucesión en 2010
Nuevo ministerio
Nombres polémicos
Conservadurismo económico
Buenos vientos
Aborto y la salud pública
3er Congreso del PT

La vez y la hora de Lula y los sindicalistas

El presidente Lula concedió en el mes de mayo su primera entrevista colectiva en este segundo mandato. Algunos esperaban ver un presidente acorralado por los entrevistadores, forzado a hablar sobre temas considerados espinosos por los medios, como la reelección, la coalición de los partidos que sustentan el gobierno, la reforma laboral y el aborto. Sin embargo, lo que se vio fue un presidente tranquilo, dispuesto a responder a todas las preguntas.

Desde el punto de vista de los medios, el espectáculo resultó en un tibio intercambio de informaciones, en parte por la propia pauta propuesta por las empresas de comunicación, y la incapacidad que tienen los profesionales de ir más allá de los titulares del día a día.

Si, por un lado, a los grandes periódicos les gustó lo que escucharon – el presidente descartó la posibilidad de disputar el tercer mandato en 2010; defendió candidato único de la base aliada para la sucesión presidencial, dejando en abierto un amplio abanico de opciones, ya que 11 partidos componen la coalición gubernista -; por otro, Lula logró polemizar con sectores que lo apoyan, antiguos compañeros de partido y del movimiento sindical, cuando respondió sobre cuestiones sindicales.

Como era de esperar, los titulares del día siguiente a la entrevista dieron destaque a la crítica de Lula a la huelga de los empleados públicos. “Lula compara huelga de empleados a vacaciones”, publicó el periódico Correio Braziliense; “Lula acusa empleado de utilizar huelga como vacaciones”, en la portada de la Folha de S.Paulo; el periódico O Estado de S.Paulo destacó que, según Lula, “los empleados públicos no pueden hacer huelga como si fueran trabajadores de la iniciativa privada”.

Cuestionado por una periodista sobre el anteproyecto de ley preparado por la Abogacía General de la Unión (AGU), que “endurece las reglas para los sindicalistas”, Lula dijo que siempre discutió con sus compañeros empleados públicos que la huelga en el sector público no se tendría que hacer del mismo modo como se hace huelga en una fábrica. El “empleado público no tiene patrón y en realidad quien se perjudica no es el gobierno, sino el pueblo brasileño”. Y fue todavía más allá, declaró que “ningún brasileño puede aceptar que alguien haga 90 días de huelga y cobre los días parados, porque entonces deja de ser huelga y pasa a ser vacaciones”.

A la crítica de Lula, el presidente de la Central Única de los Trabajadores, Artur Henrique, respondió que “primero hay que asegurar el derecho de los empleados a la negociación colectiva. Después se plantea el tema de cómo reglamentar los conflictos”. El dirigente sindical agregó que “a nadie le gusta hacer huelga”. “Pero sin la garantía de negociación colectiva ésta es la única forma de que las autoridades respondan a las reivindicaciones”.

La CUT es contra el anteproyecto que trata de la huelga en el sector público. Para la central, su contenido es “autoritario e indecente” y aborda el tema por medio de términos utilizados en la época de la dictadura. El anteproyecto de la AGU, encaminado a la Casa Civil, prevé, entre otras cosas, que ninguna huelga de los funcionarios públicos podrá ser deflagrada sin la presencia de por lo menos dos terceras partes de la categoría en la asamblea; en todos los sectores del funcionariado público hay que mantener 40% de los servicios sin alteración de la rutina; y toda huelga debe ser comunicada a las autoridades 48 horas antes de ser deflagrada.

El ex presidente de la CUT, João Felício, fue duro en su respuesta al anteproyecto. En artículo publicado en el portal de la Central en la Internet, el sindicalista afirma que “algunas de las piezas del baúl de maldades son verdaderas perlas, tiradas a los cerdos de los grandes medios, cuyos patrones insisten en pautar e imponer el programa neoliberal derrotado en las últimas elecciones como política de gobierno, desconstruyendo el servicio público y ridicularizando a los empleados para hacer más factible la privatización del Estado brasileño”.

Para Felício, “al defender el proyecto de reglamentación de huelga, el presidente de la República entra en choque con su base de sustentación, con el movimiento sindical y social que fue a las calles para defender la democracia y derrotar el golpe de derecha. Mientras tanto, es aplaudido por la misma derecha que trató de derrumbarlo, lo que debe servir como elemento de reflexión y, además, intensa preocupación. Definitivamente, el movimiento sindical brasileño no merece una legislación que reglamente su vida”.

La polémica entre el presidente y los sindicalistas tuvo más un episodio en la misma semana en la que concedió la entrevista colectiva. Durante la reunión del Consejo de Desarrollo Económico y Social (CDES), órgano de asesoría del presidente de la República, Lula pidió a los sindicalistas que discutieran reformas laborales y de la previsión social sin “miedo” y sin “dogmas”. Como respuesta, más una vez el presidente de la CUT endureció su discurso y dijo que “nosotros [sindicalistas] no le tenemos miedo al debate. No tenemos dogmas. Pero si se trata de combatir dogmas, entonces les pido a los consejeros que los abandonen y vengan a discutir la reducción del elevadísimo superávit primario, la reducción de la alta tasa de interés, el aumento de los fondos para políticas públicas y sociales y la inclusión de los trabajadores. Queremos discutir temas como lo que hay que hacer para acabar de una vez por todas con la muerte de trabajadores cortadores de caña de azúcar en Brasil, por ejemplo. Lo que no aceptamos es que nos inviten siempre para discutir la agenda de la derecha, la agenda que fue derrotada en las últimas elecciones”.

Agenda de la derecha

La agenda a que se refiere el presidente de la CUT fue tema de debate en la última reunión del Directorio Nacional del PT. De acuerdo a la resolución aprobada por los directivos petistas, “el conservadurismo neoliberal intenta recuperar espacio”. (Lea el texto integral)

“Derrotada en las elecciones de 2006, la oposición neoliberal trata de poner de nuevo en pauta una reforma laboral y de la previsión que implicarían en pérdida de derechos. Las medidas y actitudes del gobierno en esta área siempre deben tener el sentido opuesto: ampliar los derechos laborales y de la previsión social de la población brasileña”, dice el documento del PT.

Para los directivos petistas, “propuestas que pretenden aumentar la edad para la jubilación, transformar el actual sistema en un régimen privado y de capitalización individual, siguiendo el ejemplo del modelo chileno, son políticamente insustentables. Ya la defensa de medidas como la restricción al derecho de huelga causa confusión en el campo popular. El PT siempre defendió y seguirá defendiendo el derecho a la huelga”.

Todavía según el documento, el “PT considera necesario dar atención a las críticas que la CUT y otros sectores de los movimientos sociales hacen al PLP 01/07. El Directorio Nacional orienta la bancada del PT a buscar una solución mediada entre el gobierno y los movimientos sociales y traer este debate para deliberación en la dirección nacional del Partido”.

La CUT, junto con otras entidades, está levantando dos banderas centrales de lucha: no a la enmienda 3 – vetada por el gobierno; y no a la aprobación del Proyecto de Ley Complementaria (PLP 01) – editado por el gobierno.

Este último es una parte esencial del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) lanzado por el presidente Lula, que prevé corte de impuestos e inversiones de R$ 503,9 mil millones hasta 2010 — incluyendo recursos del gobierno federal, estatales, como la Petrobras y el BNDES, y la iniciativa privada —, con prioridad para la infraestructura. El programa engloba un conjunto de medidas destinadas a reducir la carga y a incentivar la iniciativa privada, aumentar las inversiones públicos y mejorar la política fiscal.

De acuerdo con la CUT, el PLP 01/07 limita los gastos con personal del gobierno en los próximos 10 años a la inflación más 1,5% al ano; esto significa en la práctica una política de aprieto salarial para los empleados públicos, ya que los fondos cubrirán solamente el crecimiento vegetativo de la nómina de pago – eventuales promociones, pagos por año trabajado, jubilaciones -, lo que enyesará la política de concursos públicos y hará que no sean posibles nuevas contrataciones y la necesaria valorización de los servicios, que han perdido calidad.

Pero como bien lo dijo el periodista Altamiro Borges, en su artículo “La ley antihuelga del gobierno Lula-II”, el gobierno Lula “quiere agradar a todos. Ayer, el veto presidencial a la Enmienda-3 de la precarización del trabajo, medida saludada por el sindicalismo; hoy, una brutal regresión en el derecho de huelga de los trabajadores. Por lo tanto, aunque las entidades sindicales y los movimientos sociales no estén de acuerdo con el gobierno sobre el PLP 01/07, están juntos en su defensa al veto del presidente a la Enmienda 3”.

Mantenimiento del veto a la enmienda 3

La Enmienda 3, vetada por el presidente Lula, prohibía los auditores fiscales de la Secretaría de Hacienda de punir o cerrar las empresas prestadoras de servicio constituidas por una sola persona, cuando entendieran que la relación de prestación de servicios con una otra empresa era, en realidad era una relación laboral. La enmienda transfería al Poder Judicial la definición de vínculo de empleo, beneficiando a profesionales liberales que actúan como personas jurídicas y las empresas que utilizan sus servicios, en sustitución al contrato de trabajo por la CLT.

En la práctica, tal enmienda imposibilitaría fiscalizaciones del MTE en los casos de trabajo esclavo. Si un equipo de empleados públicos encuentra trabajadores sin un documento que compruebe su trabajo formal en una estancia, el empleador simplemente podría alegar que las personas que allí se encuentran no tienen vínculo con él. Y le cabría a la Justicia del Trabajo, en el caso de que algún empleado entre con una acción judicial, definir quién tiene razón: el empleador o el equipo de fiscalización. Los auditores no podrían aplicar autos de infracción, que actualmente constituyen uno de los instrumentos más importantes en el combate a la esclavitud.

En la reunión del Directorio Nacional, el PT decidió comprometerse junto a los movimientos sociales, en el esfuerzo concentrado para la votación del mantenimiento del veto presidencial a la enmienda 3, como un momento importante de articulación de la lucha institucional con la lucha social en defensa de los derechos de la clase trabajadora. “El PT decide organizar una campaña en defensa de los derechos laborales, en apoyo al veto del Presidente Lula a la enmienda 3, poniendo en tela de juicio su contenido desreglamentador de derechos de la clase trabajadora a través de la pretensa reglamentación de la PJ (persona jurídica)”, dice el documento.

Sucesión en 2010

Una de las primeras preguntas enfrentadas por Lula durante la rueda de prensa fue sobre la sucesión presidencial en 2010, y si presentaría o no su candidatura a un tercer mandato consecutivo.

Lula contestó lo que repite hace rato: “fui contrario a la reelección hasta el momento en que la ley perduró, y fui obligado a ser candidato a la reelección porque la situación política exigía que yo fuera el candidato”. Dijo asimismo que no será candidato en 2010 y defendió un mandato de cinco años sin derecho a la reelección.

El presidente también declaró que el candidato a su sucesión debe pertenecer a la base de sustentación del gobierno, y ello debe discutirse entre todos los partidos que la componen. No será necesariamente un candidato del PT.

Según la periodista Maria Cristina Fernandes, del periódico Valor, esta declaración dice más sobre su gobierno que sobre su sucesión. “Lula no será capaz de mantener unidos los 11 partidos de su coalición si desde ahora manifiesta preferencia por cualquier de ellos”. Fernandes analiza que “es más que improbable que el partido del presidente de la República no tenga un candidato a su sucesión, lo que no significa que sea el preferido de Lula”.

La reelección de Lula, en octubre de 2006, inauguró una nueva coyuntura en el país. Por un lado, las fuerzas progresistas y de izquierda mantuvieron el gobierno del país con la obligación de implementar su programa, precondición para viabilizar la victoria de esta coalición política en las elecciones de 2010. Por otro, las fuerzas neoliberales sufrieron su segunda derrota en las elecciones presidenciales, buscando ahora acumular fuerzas para intentar recuperar la presidencia de la República en la próxima elección.

Como resalta la resolución aprobada por el Directorio Nacional del PT, “cabe al gobierno, a las fuerzas de la coalición y al PT aprovechar de la mejor manera posible las condiciones existentes para implementar el programa victorioso en las elecciones de 2006, especialmente en la segunda vuelta. El lanzamiento del PAC, el programa para la Educación, la creación de una red pública de TV, la reforma política y la ampliación de la integración continental constituyen parte importante de este programa”.

Sin embargo, sigue el texto, “hay que comprender que los éxitos administrativos del gobierno, por si solos, no crean las condiciones para la continuidad institucional del proyecto democrático-popular. Es necesario fortalecer el PT, reconstituir el campo democrático-popular (compuesto por partidos de izquierda y movimientos sociales) y definir una táctica adecuada para las próximas elecciones. La inexistencia de una candidatura natural para las elecciones presidenciales de 2010 estimula la competencia entre los diferentes partidos y personalidades que componen la coalición de gobierno”.

La elección del petista Arlindo Chinaglia para la presidencia de la Cámara de Diputados mostró la existencia de una disputa en el interior de las fuerzas que apoyan el gobierno Lula. Esta disputa combina divergencias programáticas con lucha por espacio y tiene en cuenta las futuras elecciones presidenciales.

En la elección de la Cámara, Chinaglia venció a Aldo Rebelo, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), también miembro de la base aliada del gobierno. El comunista contó con el apoyo del Partido Socialista Brasileño (PSB), aliado histórico del PT.

El deterioro de las relaciones entre el PT, PSB y PCdoB puede ser algo muy negativo, y su efecto colateral sería el fortalecimiento de la oposición, así como de los sectores más conservadores de la coalición.

Atento a este hecho, en la coalición de gobierno, el PT defiende la recomposición del campo democrático-popular, estableciendo un diálogo permanente principalmente con el PSB y con el PCdoB. “Cabe recordar que la coalición gubernamental no es el bloque democrático-popular (PCdoB, PSB, PDT, PV, PMN), que tradicionalmente orienta nuestras alianzas electorales en los estados y municipios”.

Para el DN, la composición del ministerio del segundo mandato Lula correspondió solamente a la correlación de fuerzas existente en el Congreso Nacional, pero no consideró debidamente las demás variables, como la gobernabilidad social y la correspondencia con el movimiento que fue realizado en la segunda vuelta.

Nuevo ministerio

El tempo que se gastó en la reforma ministerial fue y sigue siendo excesivo. La demora y también el método adoptado resultaron, aunque no fuera ésta la intención, en un ambiente que facilitó la operación de desgaste contra el PT, operación alimentada por la oposición y los medios.

En lo que concierne al método, lo más adecuado hubiera sido la discusión formal entre el PT y el presidente Lula, acerca de las líneas generales del segundo mandato y sobre el perfil del equipo; después, la misma discusión se llevaría a cabo con los partidos de izquierda; finalmente, se discutiría con todos los partidos de la coalición. Y esta lógica de conversaciones no debería ser solamente temporal, sino que debería expresar, de la parte del presidente, una valoración positivamente diferenciada de la opinión de su partido y de los aliados de izquierda acerca del proceso.

El método adoptado, mismo que no fuera ésta la intención, trató de manera formalmente igual a todos; en la práctica, dio al PT una interlocución inferior a la de otros partidos y sectores.

En lo que concierne a la alteración cuantitativa o cualitativa en la presencia de petistas en el gobierno, si el parámetro de comparación, por ejemplo, es el ministerio montado al inicio de 2003, el PT perdió dos espacios estratégicos: Salud, para el PMDB; y Ciudades, para el PP – un partido de derecha.

De todos modos, es necesario distinguir “la presencia de petistas en el gobierno” de la “presencia del PT en el gobierno”. La mayor parte de los ministros petistas que siguen en el gobierno, independientemente de su evaluación, siguen por indicación del presidente, no necesariamente por indicación del Partido.

Por otro lado, hay un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la presencia del PMDB en el gobierno y entre los liderazgos del gobierno en el Legislativo, con implicaciones preocupantes sobre la dinámica del gobierno y las elecciones de 2010. El PMDB está al frente de los ministerios de Agricultura, de Comunicaciones, de Integración Nacional, de Minas y Energía y de Salud.

Nombres polémicos

La composición del nuevo ministerio de Lula también fue puesta en tela de juicio durante la rueda de prensa. La revista Carta Capital, uno de los 15 vehículos de comunicación sorteados para la entrevista, quiso saber sobre las presencias de antiguos enemigos en el primer escalafón del gobierno: se mencionaron las indicaciones de Geddel Vieira Lima para el Ministerio de Integración Regional y de Mangabeira Unger para la Secretaría de Acciones de Largo Plazo.

El ministro Geddel, del PMDB, es acusado de improbidad administrativa, es un ganadero, heredero político de una de las familias tradicionales de la política de Bahia, sin compromiso con las causas populares, y siempre lo apoyó a Fernando Henrique Cardoso, hasta hace poco opositor del gobierno Lula. Unger, del PR, llegó a escribir un artículo en el que lo acusaba a Lula de ser el jefe del gobierno más corrupto de la historia de Brasil, además de pedir el impeachment del presidente. Lula respondió a ello: “Mucha gente todavía se va arrepentir de lo que dijo de mi gobierno”.

Además de Geddel, otros nombres indicados por el PMDB son por lo menos polémicos para un gobierno democrático-popular. Con la indicación de Reinhold Stephanes para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa), el equipo del segundo mandato tiene más un cuadro de la derecha, ex ministro de Collor y de Cardoso.

En estas indicaciones hay un error de origen, es decir, el de tratar el Mapa como un ministerio que debe ser dirigido, preferentemente, por alguien vinculado al agronegocio. Las críticas que la indicación de Stephanes recibió de sectores ruralistas no alteran este hecho: el presidente sigue optando, como lo hizo en el primer mandato con Roberto Rodrigues y con Furlan, por una lógica de “coalición social” con sectores del gran empresariado.

Ello es lo que explica, al menos en parte, la invitación a Miguel Jorge para el Ministerio del Desarrollo. Vicepresidente del Santader y miembro del Consejo Administrativo de la S.A. O Estado de S. Paulo, ex vicepresidente de Volkswagen (y de Autolatina), ex editor jefe del diario O Estado de São Paulo, Miguel Jorge tiene una trayectoria de “ejecutivo” marcada por serios ataques a la organización sindical y a los derechos laborales de periodistas, bancarios y metalúrgicos. Y expresará, en el gobierno, los intereses de un sector del grande empresariado.

En el ministerio de las Comunicaciones, el mantenimiento de Hélio Costa también ocasiona una profunda frustración, particularmente por ser una de las áreas más estratégicas para el país. En esta área, el PT siempre defendió la indicación de alguien comprometido con la democratización de los medios de comunicación y sin vínculos con las empresas de radiodifusión u operadoras de telefonía. Este no es el caso de Costa, sabidamente comprometido con los intereses de las Organizaciones Globo. Por razones similares, no es posible dejar de registrar contrariedad con la indicación de Ronaldo Sardemberg, ex ministro del FHC, para la Anatel.

Además de estos problemas, vinculados a una determinada concepción sobre lo que debe ser el “gobierno de coalición”, se puso de manifiesto la necesidad del gobierno no bajar la guarda en los temas éticos.

Es preocupante, por ejemplo, la existencia de fuertes acusaciones contra personas indicadas para el ministerio, el rápido crecimiento del Partido Republicano (ex PL – Partido Liberal), la presencia del PTB (que sigue presidido por Roberto Jefferson y con Collor entre sus integrantes) en el ministerio encargado de la articulación institucional y en el liderazgo del gobierno en la Cámara.

Vista en su conjunto, la reforma ministerial sigue hasta ahora prisionera de un concepto de gobernabilidad institucional.

La prioridad es corresponder a la correlación de fuerzas existente en el Congreso Nacional, mucho más difícil que aquella que se produjo en la segunda vuelta de 2006. Un ejemplo de ello es la presencia de Roseana Sarney, hija del ex presidente de la República, José Sarney, en el liderazgo de gobierno en el Congreso, dando sobrevida a una oligarquía de más de 40 años, que fue derrotada por el pueblo.

Conservadurismo económico

En lo que se refiere al área económica, en el caso específico del Banco Central, el mantenimiento de su actual presidente, Henrique Meirelles, y de una directorio alineado con sus posiciones, es contradictorio con los propósitos de crecimiento económico enunciados por el PAC y con la necesaria subordinación política y institucional que el BC debe guardar en relación al Ministerio de Hacienda.

La baja del dólar por debajo de dos reales provocó el embate entre corrientes económicas distintas. Por un lado están los desarrollistas que atribuyen el precio del dólar a la alta tasa de interés, la Selic, la mayor del mundo, que incentiva el ingreso de la moneda norteamericana en operaciones especulativas que resultan en la supervalorización del real. Por otro, una parcela de economistas que sustenta que la devaluación del dólar es un fenómeno mundial, que poco se puede hacer, a pesar de dejar un rastro de destrucción en sectores industriales más tradicionales.

En la rueda de prensa, quien esperaba un cambio en el discurso del presidente Lula se desilusionó. Según el presidente, el cambio seguirá fluctuante, y su objetivo es el control de la inflación, en la opinión del Banco Central.

La reducción lenta de la tasa de interés – de 19,75% en septiembre de 2005 para 12,5% este año – promovió el ingreso de inversiones extranjeras en el país, con la entrada de un gran volumen de dólares que fueron inyectados en la economía.

Para el economista Ricardo Carneiro, de la Universidad de Campinas, en entrevista a la revista Carta Capital, son perceptibles dos movimientos con la caída del dólar. El primero es la reducción de las exportaciones de manufacturas. El segundo, el cambio de proveedores internos por externos. “Esto es pérdida de los empleos del futuro”, refuerza. “El país ya está en el camino de la desindustrialización. Y, en los sectores tecnológicamente avanzados, hay un proceso de transformación de las industrias en meras montadoras o maquiladoras”, afirma.

David Kupfer, del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), también apoya la misma tesis. En su opinión, también en entrevista a Carta Capital, frente al escenario de un largo proceso de cambio valorizado, el país será un fabricante y exportador de productos derivados de commodities con bajo grado de especialización. “Desindustrialización”, decreta.

Para los economistas, el Comité de Política Monetaria (Copom) podría promover un corte substancial en la tasa básica de interés, lo que los llevaría a los especuladores a desmontar las operaciones de apuestas en la continua valorización del real. Según economistas, el ritmo podría subir de 0,25% para 0,75% en la próxima reunión.

Buenos vientos

Pero el ministerio de Lula también reservó buenas sorpresas. Vamos a mencionar solamente dos ejemplos: el ministro de la Salud, José Gomes Temporão (PBDM); y el ministro-jefe de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Franklin Martins.

En el caso de Franklin, puso en pauta la creación de la Red Pública de TV, defendida por el Ministerio de la Cultura, Radiobrás, Casa Civil y otras instancias, responsables por la instalación del Foro, acabando con la confusión conceptual creada por el ministro de las Comunicaciones Hélio Costa. Al fin y al cabo, como bien lo destaca el periodista Bernardo Kucinski, la Constitución brasileña determina que el país debe tener un sistema de comunicación formado por tres componentes: el público, el privado y el estatal. “Hoy día tenemos una comunicación dominante de carácter privado de mala calidad, una comunicación pública débil y fragmentada, y una comunicación estatal que se avergüenza de ser estatal”; en este último caso, Kucinski se refiere a la Radiobrás.

Actualmente, según la agencia Carta Maior, las emisoras comerciales representan el 80% de las 350 TVs existentes en Brasil, obtienen más de 90% de la audiencia y recaudan 95% de los ingresos disponibles en el sector.

El mayo, el 1º Foro Nacional de TVs Públicas, realizado en Brasília, contó con la presencia de Lula en su clausura – lo que no estaba previsto en la programación oficial. El presidente declaró que, al invitar a Franklin para ser ministro, le dijo: ‘Vamos a hacer la TV pública y la vamos hacer sin ninguna duda. Vamos a hacerla porque es necesario hacer. Mucho más que una voluntad del gobierno, lo haremos porque la sociedad necesita de una televisión de este tipo’.

El discurso del presidente, muy aplaudido por los cerca de 500 participantes del evento, refleja bien las preocupaciones centrales de los sectores comprometidos con este proceso. La “Carta de Brasília” (Lea el texto completo), elaborada por los representantes del gobierno, de las televisiones educativas, legislativas, universitarias y comunitarias y que contó con la contribución de las entidades que luchan por la democratización de los medios (Intervozes, FNDC, Fenaj, etc.) y de los movimientos sociales presentes (como MST, CUT y UNE), presenta los parámetros de lo que deberá ser esta televisión pública, prevista para estrenar el 2 de diciembre, fecha en la que tendrá inicio la transmisión por señal digital en el país. Quien lo relata es el periodista Altamiro Borges en el artículo “TV pública “pegou no breu” mesmo?” (Lea el texto completo)

En el documento aprobado, los participantes del Foro afirman, entre otras cosas, que la “televisión Pública debe ser independiente y autónoma en relación a gobiernos y al mercado, y su financiación debe provenir de múltiples fuentes, con la participación significativa de presupuestos públicos y de fondos no contingenciables”.

El texto dice asimismo que “las directivas de gestión, programación y la fiscalización de esa programación de la TV Pública deben ser atribución de un órgano colegiado deliberativo, representativo de la sociedad, en el cual el Estado o el Gobierno no deben tener mayoría”.

Aborto y la salud pública

En el caso del ministro de la Salud, la resolución del PT felicita su valiente actitud de defender el debate público sobre la despenalización del aborto. “En este debate sobre los derechos de la mujer, el PT se orienta por sus posiciones históricas y por la necesidad de la salud pública y la preservación del carácter laico del Estado”, dice el documento.

Temporão, que puso el tema en pauta, fue hostilizado por los sectores más conservadores de la sociedad.

La despenalización del aborto ganó un destaque todavía mayor en función de la venida del Papa Benedicto XVI a Brasil, y de su condena por parte de la Iglesia Católica, incluso con la amenaza de excomulgar a políticos que defiendan la legalización del aborto.

Durante la entrevista, Lula no escapó a la pregunta de los periodistas sobre el tema. El presidente reiteró lo que ya había afirmado desde la venida del Papa: como ciudadano, es contra el aborto, pero como jefe de Estado defiende que el aborto sea tratado como un problema de salud pública.

Según encuestas, ocurrieron en Brasil 1,1 millón de abortos clandestinos en 2005, lo que hace evidente la irresponsabilidad y la caducidad de los que defienden la actual legislación, que penaliza incluso a las mujeres que mueren o sufren secuelas resultantes de abortos clandestinos.

3er Congreso del PT

El Partido de los Trabajadores realiza del 31 de agosto al 2 de septiembre su 3er Congreso. Hay doce tesis inscriptas para disputar los rumbos del partido.

De acuerdo con la resolución del Directorio Nacional del PT, “adoptar una postura firme en el debate político-ideológico en curso en la sociedad brasileña es esencial para recuperar la influencia del PT junto a la intelectualidad democrática, donde persiste predominando una postura crítica y oposicionista, frente al PT y al gobierno Lula”.

Según el documento aprobado, el 3er Congreso del PT se inserta en este esfuerzo. La publicación de las tesis, los debates promovidos por los directorios y otras instancias del partido, así como por los partidarios de las diversas teses, ya lo pusieran al el PT en pleno proceso de preparación de su 3er Congreso.

“El 3er Congreso del PT debe ser visto como parte de este movimiento más amplio de diálogo del Partido con nuestras bases sociales y electorales, en el sentido de criar un movimiento político-social que garantice no sólo el éxito del gobierno Lula, sino principalmente la continuidad institucional del proyecto democrático-popular”, concluye el texto.