Las últimas semanas, Brasil ocupó un papel de destaque en la gran prensa internacional. La nacionalización de las reservas de gas y petróleo en Bolivia y las declaraciones del presidente Evo Morales sobre la presencia de Petrobras en aquel país dieron inicio a todo tipo de ataques a las relaciones diplomáticas entre Brasil, Bolivia y demás países de Latinoamérica. Sin embargo, esta pauta fue superada después de las primeras noticias de la actuación del crimen organizado en São Paulo. La contabilidad parcial muestra números correspondientes a una verdadera guerra.


Otoño caliente en Brasil
PSDB acorralado
Ola conservadora
Integración latinoamericana
Lula puede vencer en la primera vuelta
Apoyo popular
Confusión entre PSDB y PFL
Todavía el PMDB
Más un desarrollista en el ministerio de Economía
Paquete agrícola
“McCarthy brasileño”

Otoño caliente en Brasil

Las últimas semanas, Brasil ocupó un papel de destaque en la gran prensa internacional. La nacionalización de las reservas de gas y petróleo en Bolivia y las declaraciones del presidente Evo Morales sobre la presencia de Petrobras en aquel país dieron inicio a todo tipo de ataques a las relaciones diplomáticas entre Brasil, Bolivia y demás países de Latinoamérica, sobre todo entre los que integran el Mercosur. Analistas conservadores llegaron a decretar el fin de la integración sudamericana. Sin embargo, esta pauta fue superada después de las primeras noticias de la actuación del crimen organizado en São Paulo, más rico estado del país, bajo el control de la facción criminal Primeiro Comando da Capítal (PCC). El resultado de los ataques del PCC y de la reacción de la policía fue la muerte de más de 160 personas, entre ellas policías, agentes de seguridad y civiles (inocentes y supuestos criminales). La contabilidad parcial muestra números correspondientes a una verdadera guerra.

La eclosión de los ataques tuvo inicio el día 12 de mayo, en repudio a la transferencia de 765 presos vinculados al PCC a la Penitenciaría 2, de Presidente Venceslau. Desde entonces lo que se vio fue una serie de atentados contra la policía, el levantamiento en más de 80 penales de todo el estado de São Paulo y decenas de autobuses incendiados. La capital del estado vivió momentos de pánico y la población se recogió en sus casas por temer la ola de violencia que se instaló.

El gobernador Cláudio Lembo, del Partido da Frente Liberal (PFL) afirmó a la prensa que se había enterado de los ataques del PCC algunos días antes que se llevaran a cabo. Lembo asumió el cargo en marzo de este año, en sustitución al gobernador del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Geraldo Alckmin, que dejó el gobierno para presentarse como candidato a la Presidencia de la República en las elecciones de este año.

En base a esta información, la bancada del PT en la Asamblea Legislativa entró con una representación en el Ministerio Público estadual, solicitando que se investigara un posible acuerdo entre representantes del Estado y el crimen organizado. La Asociación de Cabos y Soldados de la Policía Militar del Estado de São Paulo también presnetó una representación criminal en la Procuraduría General de Justicia en contra del secretario estadual de Seguridad, Saulo de Castro Abreu Filho, y del entonces secretario de Administración Penitenciaria, Nagashi Furukawa. La Asociación cuestiona el atraso de los secretarios para avisar a los policías sobre la posibilidad de acciones criminales y rebeliones en los penales del estado previstas para el mes de mayo. Nagashi Furukawa se dimitió del cargo dos semanas después de los ataques del PCC.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofreció ayuda federal al gobernador Cláudio Lembo; además de la Policía Federal, ofreció el uso de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, con cerca de cuatro mil hombres, y de las Fuerzas Armadas, contra la facción criminal PCC. Sin embargo, el gobernador de São Paulo no aceptó el apoyo.

En entrevista en vivo a la Red Globo, en el noticiero Jornal Nacional, al oír la pregunta del periodista William Bonner – ‘Gobernador, le vamos a hacer una pregunta que todos los brasileños, o por lo menos una gran parte de los brasileños se hizo los últimos días. ¿Por qué motivo le parece que podría ser peor para la población recibir ayuda federal? -, el gobernador Lembo, como bien recordó la psicoanalista Maria Rita Kehl, ‘nos hizo recordar la retórica autoritaria de los militares: nada a declarar además de ‘todo está tranquilo, todo está bajo control’.

En nota, el gobierno federal dice que “la única respuesta eficaz – nadie debe dudar de ello – será la que se base en el pleno respeto a la ley, con inteligencia policial, operaciones asociadas, nuevos equipos, recursos presupuestarios, salarios dignos, integración con la sociedad civil, estrecha articulación entre las policías locales y todos los organismos federales correspondientes. Para sorprender, prender y desbaratar con urgencia”.

Para el ministro de la Justicia, Márcio Thomaz Bastos, esfuerzos aislados para combatir el crimen organizado son inútiles. Bastos defiende la unión y el uso de servicios de inteligencia integrados entre el gobierno federal y los estados.

El presidente nacional del PT, Ricardo Versión, considera que la situación creada por la ola de ataques violentos en São Paulo ocasiona extrema preocupación, pero no debe utilizarse política o electoralmente. “No es hora de entrar en una disputa política. Lo importante es controlar esta situación. Por ello, creemos que el gobierno estadual debería aceptar la ayuda que el gobierno federal le ofrece”, afirmó el presidente, asegurando que la actual “situación es fruto del fracaso de la política penitenciaria en São Paulo”.

Ya el consejero de derechos humanos del Ministerio Público, Carlos Eduardo Cardoso, fue más contundente. Durante una audiencia pública realizada en la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo, dijo que no ve ninguna forma de abordar el tema de la violencia “sin concluir que todo es resultado de la omisión, negligencia e incompetencia de las autoridades estaduales de seguridad pública. Recordó que “hace cinco años, São Paulo fue sorprendida por la eclosión de una mega rebelión en 29 unidades carcelarias en todo el estado, la mayor de Brasil hasta aquel momento. La rebelión de hoy es mucho mayor que aquella y la mayor del mundo occidental”.

El consejero de derechos humanos, según la agencia de noticias Carta Mayor, defendió el despido de “los comandantes de las policías y principales administradores del área de seguridad” de sus cargos. “Diversas veces esos mismos administradores declararon públicamente que el PCC estaba derrotado, que el aparato del Estado trabajaba constantemente con inteligencia para ello. Pero no era verdad. Mintieron, nos engañaron a todos. Y hablo de omisión y negligencia para dejar de lado la hipótesis de connivencia”, declaró Cardoso.

El secretario de Administración Penitenciaria de São Paulo, Nagashi Furukawa, admitió que el PCC presentó condiciones para acabar con la serie de ataques a fuerzas de seguridad del Estado y que se llevó a cabo una reunión entre representantes del gobierno y el líder de la facción, Marcos William Herba Camacho, el Marcola; pero negó que haya habido acuerdo entre las partes. Sin embargo, la sospecha se basa en la admisión del comandante general de la Policía Militar (PM), coronel Elizeu Eclair Teixeira Borges, de que el gobierno promovió un encuentro entre Marcola y algunos de sus representantes.

El presidente nacional del PT criticó el probable acuerdo efectuado entre el gobierno del estado y la facción criminal PCC para acabar con las rebeliones en el estado de São Paulo. “Ello es un absurdo”, dijo Versión. “Llegar a este punto en la práctica significa abrir un precedente para rebeliones periódicas, con atentados a la sociedad. Si hubo negociación, éste es un escándalo de grandes proporciones”.

La actuación del gobierno del estado de São Paulo despertó sospechas, no sólo en lo que se refiere al posible acuerdo, sino también por la demora, de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, en divulgar la lista completa con los nombres y circunstancias de la muerte de las personas “identificadas”. La dificultad en la obtención de las informaciones generó indicios de que la reacción de la policía puede haber sido la responsable por varios casos de ejecución, como sucedía en la época del antiguo Escuadrón de la Muerte.

Todavía durante la audiencia pública en la Asamblea Legislativa, el presidente del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria, Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, según Carta Mayor, declaró que estaba perplejo con la negativa de las autoridades en divulgar la lista de los muertos. “No hay ningún pretexto que justifique la omisión deliberada del Estado. Las familias tienen el derecho de enterrar a sus muertos – bandidos o no – y la sociedad tiene el derecho de saber qué pasa, para exigir que las personas asuman sus responsabilidades, si necesario. Esta decisión no puede permanecer al criterio de una o dos personas. ¿Deciden no divulgar y todos tenemos que aceptar esta decisión?”, se preguntó Mariz. “El Estado mató personas, sean quienes sean y en qué condiciones. Y no lo puede dejar de divulgar so pena de cometer un crimen”, completó.

El día 25 de mayo, el gobierno de São Paulo entregó solamente una parte de las informaciones que la Defensoría Pública de São Paulo había solicitado sobre los sospechosos muertos por la policía en función de los atentados coordinados por el PCC. Se divulgados 130 laudos necrológicos del Instituto Médico Forense. En 28 de estos casos la descripción era la misma: resistencia seguida de muerte, en confrontación con la policía. En 20 de ellos, los disparos se efectuaron desde arriba hacia abajo, lo que puede comprobar una ejecución sumaria.

La trayectoria del disparo es uno de los factores utilizados para evaluar si hubo abuso policial en la acción. Un disparo desde arriba hacia abajo puede significar que la persona fue alcanzada cuando ya se había rendido, estaba arrodillada o en el suelo. Pero la conclusión sobre el abuso todavía depende de otras investigaciones y documentos.

La Defensoría Pública va a analizar todos los casos. “Si se comprueba abuso policial, será posible realizar acciones contra el Estado, ya que éste responde objetivamente por los actos de los agentes públicos”, dice Pedro Gilbert, defensor público.

PSDB acorralado

Ausente y en silencio durante la semana siguiente a los ataques, el candidato del PSDB al gobierno de São Paulo, José Serra, fue rescatado por el diario Folha de S. Paulo el domingo siguiente. En artículo titulado “El enemigo es el crimen”, Serra presenta un discurso en que afirma que “todos estamos en contra de los criminales que nos desafían”. Para él, éste debe ser el foco de la cuestión. “La crítica al Poder Judicial, a los gobiernos, a la policía, al Ministerio Público, a la legislación, a la desigualdad social, a las fallas del sistema educativo, todo ello puede ser más o menos pertinente. Pero hay que distinguir entre lo esencial y lo circunstancial. Y lo esencial es identificar al enemigo, sobre todo para que no se cometan injusticias en nombre de la falsa sociología”.

Serra también dice que “el uso político o electoral de esta guerra sólo fortalece a los bandidos y sirve solamente para dañar el Estado de Derecho”. Sin embargo, el candidato no deja de criticar al gobierno federal cuando imputa al crecimiento económico del país, que considera mediocre, la violencia en las ciudades.

Para quien desea gobernar el estado de São Paulo, frente al actual cuadro de seguridad pública en las ciudades ‘paulistas’, Serra aprovecha el espacio en los medios para proponer solamente “el aumento de la pena mínima para crímenes practicados contra policías, procuradores, agentes penitenciarios, jueces y fiscales durante el ejercicio de su función, así como el aumento de la pena aplicada a cualesquiera de esos empleados públicos cuando sean flagrados en asociación con criminales”.

El tono del texto de José Serra es de alguien que sabe que es responsable por la crisis de la seguridad pública en el estado. El PSDB gobernó São Paulo durante 12 años y, según datos de la bancada del PT en la Asamblea Legislativa ‘paulista’, de 1998 a 2004 se dejaron de aplicar R$ 1,5 mil millones en el área de la salud y R$ 4 mil millones en la educación.

El gobierno de São Paulo, bajo el mando de Geraldo Alckmin – candidato a presidente de la República por el PSDB -, dejó de ejecutar durante los últimos años R$ 615 millones en el área de seguridad pública, cuando el estado tuvo un exceso de recaudación de R$ 18 mil millones, anunciado como importante resultado fiscal.

El candidato Alckmin redujo los fondos per capita gastados todos los años con el sistema penitenciario ‘paulista’. En 2004 se gastó R$ 1,145 mil millones con la administración e inversiones de la red carcelaria para una población carcelaria de 109.163 personas – un promedio de R$ 10.494 per capita al año. En 2005 se gastó R$ 1,078 mil millones para 120.887 presos – un promedio per capita anual de R$ 8.917. Se trata de una reducción del 15% en los dos últimos años completos de gobierno de Alckmin.

La reducción de los fondos utilizados en los penales paulistas agrava los principales problemas que el sistema ya enfrenta – sobre todo el hacinamiento. Actualmente hay 124.446 presos para 95.645 plazas en todo el estado. El déficit es de 28.801 plazas. Otro problema común en los penales del estado de São Paulo es la falla en el control, que permite el ingreso de teléfonos celulares, con los cuales los presos organizan rebeliones. Con más dinero sería posible contratar más agentes penitenciarios y comprar sofisticados aparatos para dificultar la comunicación en la cárcel.

El senador del PT, Aloisio Mercadante, candidato al gobierno del estado de São Paulo, señala que el estado no posee un servicio eficiente de inteligencia en el sistema carcelario, y tampoco hay perspectivas de recuperación de los presos. “Necesitamos de una alianza entre municipios, estados y el nivel federal para combatir al crimen organizado”, defendió. En su opinión, el gobierno federal aumentó en un 74% los recursos para la Policía Federal, que actualmente cuenta con 11 mil hombres. “Durante los últimos tres años del gobierno Cardoso sólo 54 personas fueron presas por la Policía Federal. Durante los primeros tres años del gobierno Lula 2.971 personas fueron presas. Sólo el año pasado hubo 750 presos y más de 320 toneladas de drogas aprehendidas”.

Según Mercadante, es posible y necesario invertir en la formación profesional, motivando y mejorando los salarios. “Tenemos que ofrecer a las fuerzas de seguridad pública instrumentos útiles a la investigación científica y la inteligencia policial, porque entonces los resultados aparecen con mucho más eficiencia. La Policía Civil de São Paulo posee actualmente el segundo peor salario de Brasil. Todavía se sacan las huellas dactilares manualmente, ya que el sistema aún no fue digitalizado. Todo ello perjudica la eficiencia y los resultados evidentemente no aparecen”, explica.

“Debemos tener una política efectiva de recuperación de los presos y de prevención de la violencia. Tenemos que invertir sobre todo en educación, cultura y deporte para la juventud. Tenemos que dar continuidad a los estudios de nuestra juventud y abrir posibilidades en el mercado laboral. En realidad, tenemos que profundizar esas políticas preventivas contra la violencia”, defiende Mercadante.

El episodio de los ataques del crimen organizado en São Paulo debe consolidar el tema de la seguridad pública como uno de los ejes del debate electoral.

Ola conservadora

Para los que recorrieron las calles de São Paulo durante los ataques del PCC, frases como “hay que tirar una bomba en cada penal y acabar con todos de una sola vez”, “en la época de la dictadura esto no sucedía”, “la solución es la adopción de la pena de muerte en Brasil” eran corrientes. El sentimiento de inseguridad en la población era capaz de sugerir solamente medidas de represión contra los “pobres, sucios y malos”. Como lo dijo la psicoanalista Maria Rita Kehl, “ya que no tenemos justicia, ¿por qué no contentarnos con la venganza?”

De todos modos, estas declaraciones sólo corroboran la tesis de que hay una ola conservadora presente en toda la sociedad, cuya profundidad y alcance es posible vislumbrar, por ejemplo, en el resultado del referendo sobre la comercialización de armas.

El escenario abre espacio para los más extraños análisis, como el defendido por la articulista Barbara Gancia, después de los ataques. La periodista de la Folha de S. Paulo dijo que hay que recordar que, aunque el presidente Lula diga que el problema de la seguridad pública empieza por la educación, “la desigualdad también es fruto de la falta de planificación familiar”.

Según Barbara, un estudio efectuado en Estados Unidos muestra que el aborto legalizado contribuyó para reducir el crimen en cerca del 50%. La tesis es que los hijos no deseados y/o de madres solteras tienen menos atención y sufren más abusos. Por consiguiente tienen más posibilidades de involucrarse con la criminalidad. Es decir, la periodista defiende una visión carichata de la tesis según la cual una de las causas de la criminalidad sería la pobreza. Para Barbara Gancia, los pobres son criminales en potencial.

Algunos sectores de la intelectualidad dicen que detectan peligrosas similitudes en el discurso de líderes del crimen organizado con grupos extremistas de izquierda que actúan en Latinoamérica. Según la antropóloga Alba Valuar, “la retórica política de grupos de extrema izquierda en Colombia, Bolivia, Perú, etc., está contaminando a esa gente, que empezó a actuar en redes que no son solamente interestaduales, sino internacionales o transnacionales, transestaduales y transnacionales”.

La réplica viene del escritor Moacyr Scliar, al afirmar que “el PCC no es el PC”. Según el autor, “el terror urbano desencadenado por el PCC en São Paulo pone de manifiesto diversos errores: errores en el sistema penal, errores en la política de seguridad pública, errores en el tema del control de la droga, principal fuente de ingresos de los bandidos, errores en la relación entre los niveles del poder público”. También señala un antiguo error de la izquierda: antes que nada, la trasgresión sería un resultado de la miseria y, más que ello, una forma de corregir los efectos de la mala distribución de los ingresos.

Según Scliar, “no hay duda de que la pobreza es un caldo de cultivo para la trasgresión; pero cuando ésta surge se convierte en una entidad autónoma, en un negocio con sus propios medios y fines. Algo muy distinto de la concepción revolucionaria de los teóricos comunistas, que hablaban de lucha de clases, pero lucha en el sentido más amplio, abarcando huelgas y movimientos de protesta. En lo que se refiere a violencia, por otra parte, los comunistas eran más víctimas que villanos, y la historia de Olga Benário es un ejemplo típico de ello. El PC, Partido Comunista, no era el PCC”.

Scliar pone las cosas en su debido lugar: “por supuesto, hay oportunidades en las que los policías se portan como bandidos y hay otras en las que los bandidos parecen justicieros, pero ésta no es la regla y no debe servir de parámetro para una política de combate contra la violencia. Que, claramente, se compone de dos fases: una de ellas, urgente, de represión policial; otra, a largo plazo, de corrección de las desigualdades y de la patología social de modo general. No son excluyentes. Excluyentes son el PC y el PCC”.

Ya Antonio Luiz Monteiro Coelho da Costa, autor del texto “La seducción del crimen”, publicado en la revista Carta Capital, es feliz cuando afirma que “a pesar de algunas insinuaciones de periodistas conservadores que ven en el Primer Comando de la Capital (PCC) una “retórica de izquierda” similar a la de la guerrilla sudamericana e incluso una “organización comunista”, la pandilla no tiene nada de política. Defiende a los presos con eslóganes como “libertad, justicia y paz” o “abajo la opresión” y se dice “brazo armado contra la opresión” – pero nunca contra el régimen o el capitalismo sino contra la administración penal y sus superiores inmediatos.

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Integración latinoamericana

La aparente tregua de los medios en lo que concierne a la nacionalización de las reservas de gas y petróleo en Bolivia se debe más a la dinámica de nuevos hechos que se imponen en la coyuntura que a la reducción de las críticas de sectores conservadores del país.

Al inicio de mayo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la nacionalización de la explotación de petróleo y gas, y ordenó la ocupación de los campos de producción de las empresas extranjeras en el país, entre ellas la estatal brasileña Petrobras. Después del anuncio de la decisión, las tropas del Ejército pasaron a controlar los campos bolivianos, según el Comando General del Ejército de Bolivia.

Además de la Petrobras, operan en Bolivia las compañías petroleras Repsol YPF (España y Argentina) , British Gas y British Petroleum (Reino Unido), Total (Francia), Dong Wong (Corea) y Canadian Energy. Desde entonces ellas son obligadas a entregar su producción a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que asumirá la comercialización de la producción, definiendo condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno como para exportación.

El gobierno brasileño emitió una nota en la que reconoce la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar las riquezas de su subsuelo y controlar su industrialización, transporte y comercialización. Según la nota, este acto es “inherente a su soberanía. Brasil, como ordena su Constitución, ejerce pleno control sobre las riquezas de su propio subsuelo”.

El gobierno Lula obtuvo garantías de que no habrá suspensión en el suministro del gas boliviano. Defendió los intereses de la Petrobras, diferenciándolos de los intereses del país. Sustentó la necesidad de la integración continental, impidiendo así que la solución evolucionara hacia un conflicto que sólo beneficiaría a Estados Unidos y a las demás fuerzas conservadoras del continente. Y alertó para el hecho de que, en el origen inmediato de la crisis, se encuentra un acuerdo apoyado por el gobierno del ex presidente Cardoso, que no previó alternativas para una situación como esta.

En Brasil la repercusión de la decisión de Evo Morales generó violentos ataques a la política externa del gobierno Lula. A cada paso de la diplomacia brasileña, los medios alimentaban su placard con análisis sobre quién perdió y quién ganó en la negociación. Es evidente que el gobierno brasileño siempre salía en peores condiciones en la visión de la prensa y la oposición.

Sin embargo, Morales de cierta forma contribuyó para aumentar la belicosidad de la oposición brasileña. Es probable que, apremiado por la oposición interna y la necesidad de asegurar la mayoría de los votos en las elecciones para la Asamblea Constituyente, el presidente boliviano haya hecho varias declaraciones agresivas en contra de la Petrobras y de Brasil, lo que elevó innecesariamente el tono del discurso, facilitando el trabajo de los que pretendían generar un clima tenso entre los dos países.

Para el embajador Samuel Pinheiro Guimarães, secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante una conferencia en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, según la agencia de noticias Carta Mayor, la repercusión en Brasil de la decisión del gobierno Evo Morales fue un caso de política interna y no externa. “Claramente hubo un esfuerzo de la oposición de desmantelar la política externa, considerada como uno de los puntos altos del gobierno Lula. Además de ello, hay otro esfuerzo en curso, en el ámbito internacional, para tratar de separar Brasil y Venezuela”, observó.

El embajador recordó que el tema del gas, en Bolivia, es mucho más antiguo que el gobierno Evo Morales. El primer acuerdo sobre el gas boliviano se firmó en 1938. Y el acuerdo para la construcción del gasoducto Brasil-Bolivia es de 1993. “Esta relación no fue creada por el actual gobierno”, recordó. También agregó que durante el gobierno Lula las inversiones de la Petrobras en Bolivia fueron muy bajas. “No hubo profundización de la dependencia”, aseguró.

Por otra parte, según el embajador, el contrato con Bolivia prevé renegociación de precios cada tres meses y hay una cláusula que prevé la reformulación del sistema de precios cada cinco años; además, a cualquier momento una de las partes puede proponer revisión de los precios. Así, observó, el gobierno boliviano estaba amparado en términos legales.

Un conflicto entre países de Sudamérica, en este momento, es el sueño de la derecha brasileña y de Estados Unidos, ya que pondría en riesgo al Mercosur y desarticularía los gobiernos progresistas de los países sudamericanos como Venezuela, Bolivia, Argentina y Brasil.

Durante mucho tiempo todo el continente dependió de la relación económica con Estados Unidos o la Unión Europea. Pero no se trata solamente de una unión económica, también es una unión política. El gran número de críticas es un intento de impedir que se realice la aproximación entre los gobiernos de izquierda y progresistas en América Latina, además del prejuicio ideológico, racista y xenófobo.

Según el secretario de Relaciones Internacionales del PT, Valter Pomar, para la derecha la única integración posible es con Estados Unidos. “Lo único que esa gente no considera ‘desastrado’ es curvarse y lamer las botas de los ricos y poderosos. Si los líderes de las colonias americanas en el siglo XVIII y los revolucionarios chinos en el siglo XX hubieran tenido esta conducta, Estados Unidos y China no tendrían la potencia que exhiben actualmente”, analiza.

Lula puede vencer en la primera vuelta

El presidente Lula sigue liderando la disputa para las elecciones de octubre, revelan encuestas realizadas por los institutos CNT/Sensus y Datafolha. Los levantamientos indican que sólo Lula aumentó su intención de voto entre los principales nombres que postulan la presidencia de la República. La intención de voto en Lula aumentó de 37,5% en abril para 40,5% en mayo. Ya el candidato del PSDB, el ex gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sufrió un descenso de 20,6% (en abril) para 18,7% (en mayo).

En tercer lugar aparece el ex gobernador de Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (PMDB), que también sufrió una baja, de 15%, en abril, para 11,4% en mayo. Y en cuarto lugar aparece la senadora Heloísa Helena (PSOL), que subió de 4,3% para 6,1% en el mismo periodo. Con estos números, Lula tendría más de 50% de los votos válidos y vencería las elecciones en la primera vuelta.

En una eventual segunda vuelta, Lula tendría 48,8% contra 31,3% del candidato del PSDB. En abril, la misma situación señalaba 45% a 33,2%, respectivamente.

El ex gobernador de São Paulo y Garotinho también acumulaban malas noticias en otro importante punto de la encuesta: el rechazo. Mientras la tasa de Lula permaneció prácticamente estable – de 35,7% para 34,7% -, el rechazo a Alckmin aumentó de 33,5% en abril para 40,6 en mayo. El rechazo a Garotinho también aumentó de 50,7% a 60,7%.

Según Ricardo Guedes, director de Sensus, con este nivel de rechazo el ex gobernador de São Paulo está prácticamente fuera de la disputa electoral. “Verificamos empíricamente en las elecciones brasileñas que los que tienen hasta un 35% en el índice de rechazo todavía están dentro del juego político. Los que tienen 40% o más están fuera”, afirmó.

En la encuesta Datafolha, el escenario que considera a Garotinho como el candidato del PMDB muestra que la diferencia de Lula sobre Alckmin, que era de 20 puntos en abril, pasó ahora para 22 puntos. Este porcentual está dentro del margen de error, que es de dos puntos porcentuales. Lula aparece en la encuesta con 43% de las intenciones de votos, contra 21% del candidato del PSDB. En abril, Lula tenía 40% de las intenciones de voto y Alckmin aparecía con 20%. El índice de intención de voto en Garotinho, que era de 15% en abril, se redujo para 7% actualmente.

Si el PMDB no presenta candidato, Lula aparece con 45% de las intenciones de voto, contra 22% de Alckmin. Si el candidato del PMDB es Pedro Simon, Lula tendría 44% de las intenciones de voto. En este último escenario, Alckmin tendría 22% y Simon, 2%.

La encuesta mostró que Lula vencería tanto a Alckmin como a Garotinho en una eventual segunda vuelta. Contra Alckmin, Lula vencería por 52% a 35% – una diferencia de 17 puntos. En el escenario contra Garotinho, Lula vencería por 57% a 24% de las intenciones de votos.

Apoyo popular

Las políticas gubernamentales volcadas hacia las capas más carenciadas de la población se reflejan en el levantamiento de CNT/Sensus. Lula cuenta con la preferencia de 46,7% de los electores que ganan hasta 1 salario mínimo, y de 39,3% entre los que ganan de 1 a 5 salarios. El candidato del PT también es el preferido entre los que ganan de 5 a 10 salarios (31%) y empata con Alckmin en el siguiente segmento, de 10 a 20 salarios mínimos (24,4% para cada uno de ellos). El candidato del PSDB sólo vence a Lula entre la capa más rica, que gana más de 20 salarios (33,3% a 25%).

El apoyo que tiene el gobierno Lula de los sectores populares proviene de políticas que aseguraron el aumento de los ingresos de los trabajadores, sobre todo a nivel del salario mínimo, la reducción del costo de la canasta familiar respecto del nivel general de los precios, la reducción de la pobreza, el aumento de los ingresos de los trabajadores en el mercado formal y políticas compensatorias como el Bolsa Familia.

Lula da Silva tiene la preferencia del electorado brasileño en todas las regiones del país, incluso en el Sudeste, donde se encuentran sus principales adversarios – Geraldo Alckmin, del PSDB (São Paulo) y Anthony Garotinho, del PMDB (Rio de Janeiro).

En la disputa de la primera vuelta, Lula tendría 33,2% en el Sudeste, contra 23,6% de Alckmin y 9% de Garotinho. El mejor desempeño del presidente sigue siendo en el Nordeste de Brasil, donde alcanza 58,6% de las intenciones de voto. En esta región, el candidato del PSDB tiene solamente 10% y el segundo puesto es del candidato del PMDB (13%).

Si las elecciones fueran hoy, el presidente tendría menos votos en el Sur (30,7%), pero todavía permanecería al frente de Alckmin (19,3%) y Garotinho (10,1%). En las regiones Norte/Centro-Oeste (unificadas en la encuesta) las tasas son, respectivamente, de 36,7%, 20,1% y 16,3%.
En la simulación de la primera vuelta Lula también vencería en todos los niveles de escolaridad, incluso en el nivel superior, donde supera a Alckmin por 28,8% contra 26%. En este segmento de la encuesta, las mejores posiciones del presidente están entre los que estudiaron hasta el 8º año de la Educación Básica, con índices que varían de 41% a 47%.

Confusión entre PSDB y PFL

En entrevista a Mônica Bergamo, publicada en el diario Folha de S. Paulo, el gobernador del estado de São Paulo, Cláudio Lembo, provocó espanto al atacar a aliados, alabar a adversarios e identificar en el comportamiento “cínico” de la “minoría blanca brasileña” la causa estructural del problema de la violencia. “Brasil sólo cree en la camiseta de la selección, que es símbolo de victoria. Es un país que sólo conoció derrotas. Tenemos una burguesía muy mala, una minoría blanca muy perversa”.

El caso en la seguridad pública en São Paulo es otra de las confusiones que el PSDB debe enfrentar. Lembo también criticó al ex gobernador Geraldo Alckmin, que dijo que aceptaría ayuda federal contra las acciones del PCC si todavía ocupase el cargo, y al ex presidente Cardoso, que atacó la negociación entre el estado y la facción criminal para que acabaran los ataques. Sus declaraciones generaron distintas reacciones entre miembros del PSDB y del PFL en el Senado.

En lugar de José Serra, considerado por muchos analistas, desde el punto de vista electoral, como el mejor candidato, los partidarios del PSDB optaron por el ex gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Tal vez, por ironía del destino, lo mismo haya sucedido en la definición del candidato a vicepresidente del PSDB. El PFL optó por el senador José Jorge, del PFL de Pernambuco, y Alckmin no va a contar con el candidato de su predilección, el senador José Agripino Maia, del PFL de Rio Grande do Norte. Y como si ello no bastase, tuvo expuesto su talón de Aquiles: la seguridad pública en el estado de São Paulo.

Todavía el PMDB

Sigue el vaivén en el Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Ahora la novedad es la posible candidatura a la presidencia de la República del senador Pedro Simon, del estado de Rio Grande do Sul. Según informaciones de la prensa, el ex gobernador de Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, sería su candidato a vicepresidente. El ex presidente Itamar Franco, el otro pre candidato del PMDB, debe renunciar a su pre candidatura para apoyar a Simon.

El PMDB ha mostrado mucha dificultad para definir la composición electoral. Al inicio de marzo, el partido se dividía entre los que defendían una candidatura propia a la presidencia de la República, los que defendían el apoyo a la candidatura de Lula y los que pretendían que el partido no tuviera candidato. Una votación previa interna le dio mayoría a la candidatura del ex gobernador de Rio de Janeiro, Anthony Garotinho. Sin embargo, sectores del PMDB siguieron defendiendo otras alternativas. Más tarde, el ex presidente de la República Itamar Franco se presentó como posible candidato del partido a la presidencia.

El día 13 de mayo los miembros del PMDB realizaron una convención extraordinaria para definir si mantendrían o no una candidatura propia. Por 351 a 303 votos el partido desistió de la candidatura.

La desistencia del PMDB en presentar un candidato propio favorece el escenario del PT, ya que la disputa se polariza entre el presidente Lula y el pre candidato del PSDB, Geraldo Alckmin. Con la salida de Garotinho, es posible que Lula ya venza en la primera vuelta. Actualmente, Garotinho ocupa el tercer puesto en las encuestas de intención de voto, lideradas por Lula, que es seguido por el candidato del PSDB.

Los derrotados en la convención del día 13 dijeron que insistirán en la tesis de la candidatura propia hasta el 11 de junio, fecha de la convención partidaria. La exigencia de la verticalización de las alianzas, determinada por el Supremo Tribunal Federal (STF) hizo que la mayoría de los miembros del PMDB pasara a trabajar para que su partido no tenga candidato a presidente para que, de este modo, pueda permanecer libre a fin de definir las candidaturas regionales con varios partidos.

Más un desarrollista en el ministerio de Economía

Uno de los mayores críticos de la política monetaria del Banco Central, el economista Júlio Sérgio Gomes de Almeida, ex director ejecutivo del Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), es el más reciente integrante del equipo del ministro de Economía, Guido Mantega. El nombramiento sitúa la producción en el centro de la política económica, ya que le cabe a la Secretaría de Política Económica del ministerio, cargo que Almeida ocupará, la formulación teórica de las directivas adoptadas por el ministerio.

Con esa indicación, el ministro señala claramente que se alineará más con las demandas del sector productivo. La elección de un economista vinculado a la industria para el cargo marca el “desarrollismo” que Mantega trata de imprimir al ministerio desde que asumió el cargo. Y también sugiere el tipo de alianzas políticas estratégicas que el gobierno planea para las elecciones y un eventual segundo mandato del presidente Lula.

El tono progresista de la indicación agradó a trabajadores y empresarios “desarrollistas” que no están en el gobierno. “Puede haber sido una elección para obtener más equilibrio en el equipo económico, que era formado solamente por monetaristas”, dijo el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), João Felício.

El nuevo secretario tendrá por lo menos un problema a corto plazo: ayudar a estudiar medidas cambiarias frente a la baja cotización del dólar.

Paquete agrícola

El gobierno federal anunció el paquete agrícola que beneficia la pequeña agricultura familiar. El Ministerio del Desarrollo Agrario anunció el perdón de una parte de la deuda contraída por la agricultura familiar en la zafra 2005/2006, de R$ 400 millones. Además, el gobierno anunció el valor del Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar (Pronaf) para la zafra 2006/2007, de R$ 10 mil millones, 11% más que el año pasado.

El gobierno también renegociará hasta R$ 10,6 mil millones en deudas de los productores rurales, reducirá los intereses cobrados en algunas líneas de inversión, postergará por 180 días el registro de incumplimiento de pago en la deuda activa del Estado y aumentará en R$ 2 mil millones el volumen de recursos destinados a financiar capital de giro con dinero del Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), así como el plazo de tales préstamos. Además, el paquete de socorro al sector incluyó R$ 50 mil millones en créditos para la nueva zafra.

Con dichas medidas, entre dinero nuevo, deuda prorrogada, recursos presupuestarios y del sector privado, el paquete inyectará R$ 75 mil millones a la agricultura empresarial y familiar.

El paquete también prevé la adopción de mecanismos relacionados con un tema central de la crisis – la falta de planificación pública e de los propios productores rurales – para tratar de impedir que el sector vuelva a solicitar socorro oficial. El paquete contiene medidas que estimulan los productores a guardar dinero. “Tenemos que prever las vacas gordas y las flacas”, defiende Guido Mantega.

“Tenemos que estimular nuestros agricultores a ahorrar cuando obtienen más recursos, en lugar de invertir”, completa Júlio Sérgio Gomes de Almeida.

“McCarthy brasileño”

“Es sorprendente la decisión de la Red Globo de no renovar el contrato del periodista Franklin Martins en el exacto momento en que este profesional sufre una sórdida campaña de difamación de parte del McCarthy brasileño, Diogo Mainardi”. Con esta declaración el periodista Alberto Dines, del Observatório da Imprensa, da inicio a la nota “La calumnia en lugar del debate sobre los medios”, que se refiere a la no renovación del contrato del comentarista político Franklin Martins con la emisora.

En abril, un artículo de la revista “Veja” mencionó que Martins habría usado su prestigio para garantizar el nombramiento de familiares (hermano y esposa) para cargos públicos. En su sitio, el periodista negó su interferencia en los nombramientos y llamó a Diogo Mainardi, autor del texto, de “difamador”.

Según la Red Globo, “la emisora no hará otros comentarios, pero agrega que la no renovación no tiene ninguna relación con las notas de Diogo Mainardi”.

Para Dines, “la más poderosa empresa de comunicación brasileña abdica públicamente de los criterios de selección de sus cuadros, los delega a una empresa competidora, la Editora Abril, y consagra de forma ostensiva el periodismo de chantaje bautizado en 1960 como “prensa amarilla”.

Todavía según Dines, la nota de la emisora “significa justamente lo contrario: la Red Globo informa al distinguido público que sí es sensible al sistema de calumnias institucionalizado por la revista semanal de mayor tiraje de Brasil”.

“El caso del despido de Franklin Martins de la Red Globo no se puede concluir con aquella nota oficial. Trasciende la emisora y sus motivos. El método de linchamiento de Mainardi no puede oficializarse y convertirse en sustituto de la observación y del debate sobre los medios”, observa Dines.