Después de varios meses intentando gestar una candidatura con capacidad de enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 1º de octubre de este año, la oposición fue sorprendida en el mes de abril por el resultado de encuestas electorales, que ratifican una polarización política y social entre los candidatos del PT y del PSDB.

Después de varios meses intentando gestar una candidatura con capacidad de enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del 1º de octubre de este año, la oposición fue sorprendida en el mes de abril por el resultado de encuestas electorales, que ratifican una polarización política y social entre los candidatos del Partido dos Trabalhadores (PT) y del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). También señalan que la candidatura de Lula mantiene el electorado popular y empieza a recuperar el apoyo de los sectores medios de la población.

Por lo tanto, el escenario electoral sigue marcado por la confrontación entre la candidatura del PT y las fuerzas neoliberales, representadas en el momento por el ex-gobernador de São Paulo, el candidato Geraldo Alckmin del PSDB, partido que administró el país desde 1995 hasta 2002 y ahora pretende recuperar el gobierno federal.

Aunque la oposición neoliberal se esfuerce para mantener el debate electoral en los marcos de la corrupción, lo que efectivamente está en juego es el balance que la población hará de los avances y los límites del gobierno Lula, vis-à-vis las consecuencias de un retorno al gobierno de los partidos neoliberales.

La reelección del presidente Lula tendrá desdoblamientos estratégicos, principalmente en función del papel que su política externa desempeña en América Latina. Su victoria significará el fortalecimiento de las fuerzas progresistas en el continente y su lucha por una integración económica, política y cultural que haga posible no sólo la resistencia, sino también la superación de la dominación imperialista sobre América Latina.

Ya los reflejos de una victoria de la oposición neoliberal se sentirían en toda América Latina. Brasil volvería a establecer relaciones preferenciales con Estados Unidos, promoviendo el aislamiento de países como Venezuela y Bolivia y resucitando la natimuerta Área de Libre Comercio de las Américas (Alca).

En la encuesta realizada por el instituto CNT/Sensus, difundida el día 11 de abril, Lula aparece con 37,5% de las intenciones de voto contra 20,6% del candidato del PSDB, Geraldo Alckmin. En tercer lugar se encuentra Anthony Garotinho, del Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), con 15% de las intenciones de voto. Este resultado es similar al que se obtuvo en la encuesta del instituto Datafolha, divulgada el 7 de abril, en que Lula mantiene el liderazgo, con 40% de las intenciones de voto. Alckmin aparece en el segundo puesto, con 20%, seguido de cerca por Garotinho, con 15% de las intenciones de voto.

Todavía según el Datafolha, la senadora del Partido Socialismo e Liberdade (P-Sol), Heloisa Helena, aparece con 5%; el diputado federal Roberto Freire, del Partido Popular Socialista (PPS) con 1% y el senador del Partido Democrático Trabalhista (PDT), Cristovam Buarque, mantuvo el 1% de las preferencias. Estos tres candidatos apoyaron a Lula en las elecciones de 2002, y en aquel año Heloisa Helena y Cristóvam Buarque estaban afiliados al PT.

Los resultados de estas encuestas se divulgaron después de la caída del ministro de Economía Antonio Palocci, en función de denuncias de violación de la confidencialidad bancaria del casero Francenildo Costa, que lo acusó de frecuentar una mansión en Brasília utilizada para encuentro de personas que hacían cabildeo.

Los ataques contra el ministro Palocci también incluyeron acusaciones sobre su conducta cuando era alcalde de la ciudad de Ribeirão Preto, interior del estado de São Paulo, así como sobre las actividades de ex-asesores.

La oposición neoliberal trabajó para derrumbar el ministro de Economía y trató de utilizar su caída para desgastar el gobierno Lula. Sin embargo, su caída puede tener un resultado opuesto a lo que se pretendió, una vez que el ex ministro Antonio Palocci era fuertemente identificado con políticas consideradas conservadoras por una gran parte de la izquierda que apoya el gobierno Lula. De esta forma, su sustitución por Guido Mantega constituye un refuerzo para el gobierno, incluso desde el punto de vista electoral, una vez que debilitó la ortodoxia monetarista.

En realidad, hace varios meses que el entonces ministro Antonio Palocci estaba perdiendo peso en el gobierno. Desde fines de 2005, cuando el gobierno comenzó a acelerar el ritmo de las inversiones y fue sepultada la propuesta de “déficit nominal cero”, la oposición neoliberal reforzó los ataques contra el ministro Palocci, que hasta entonces recibía de la oposición un tratamiento diferenciado del dedicado al restante del gobierno.

En menos de un mes, la oposición y sectores de los medios de comunicación adoptaron, contra el ministro Antonio Palocci, la misma estrategia ya utilizadas con otros ministros del gobierno Lula y con dirigentes del Partido de los Trabalhadores.

Sin embargo, al contrario de lo que pretendía la oposición neoliberal, el desgaste causado por la renuncia de Palocci no fue suficiente para retomar el cerco contra el gobierno Lula y contra el PT, y tampoco para palanquear la candidatura Alckmin.

La verdad es que, por lo menos hasta el momento, la candidatura Alckmin no logró alzar vuelo, surgiendo inclusive rumores sobre su sustitución como candidato a presidente (en este caso sería indicado José Serra, actualmente candidato al gobierno del estado de São Paulo) o su superación por un candidato del PMDB.

A pesar de ello, la oposición sigue insistiendo en acusar el gobierno Lula de implicación con corrupción. Para alcanzar este objetivo, también se ampararon en la denuncia presentada por el Procurador General de la República, contra supuestos involucrados en el esquema de compra de votos, investigados también por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Correo. Ocurre que el documento divulgado por el Procurador General afirma que el esquema fue inaugurado en 1998, en la campaña para reelección al gobierno de Minas Gerais del actual senador y hasta hace poco presidente nacional del PSDB, Eduardo Azeredo.

El informe del Ministerio Público sigue ahora al Supremo Tribunal Federal que decidirá si acepta o no la denuncia del procurador general de la República, Antônio Fernando de Sousa. El proceso podrá tardar hasta dos años para ser concluido.

El texto del Ministerio Público, sin embargo, exenta al presidente de la República de cualquier responsabilidad. “No hay ninguna referencia a Lula que se pueda considerar como elemento capaz de justificar una acción penal”, afirmó el jefe de la Procuraduría durante entrevista colectiva.

Aún así, el PPS de Roberto Freire decidió defender el pedido de impedimiento de Lula. Por ley, un partido político no puede mover acción por crimen de responsabilidad contra el presidente. Por ello, el PPS decidió apoyar eventual acción iniciada bajo la inspiración de entidades de la sociedad civil. La OAB (Colegio de Abogados de Brasil), por ejemplo, realizará el próximo día 8 de mayo una discusión sobre el tema en reunión de su Consejo Federal, integrado por 81 abogados.

La probabilidad de que se inicie un pedido de impedimiento es prácticamente nula. La oposición sabe que el presidente Lula mantiene el apoyo de sectores populares y recupera el apoyo de sectores medios. Su desempeño personal es aprobado (índice de óptimo/bueno) por el 46% de los electores y el de su gobierno tiene la aprobación de 37%, según encuesta del Datafolha. Los ataques promovidos por la oposición al gobierno Lula y al PT desde 2005 no resultaron fatales.

El apoyo que tiene el gobierno Lula en los sectores populares proviene de políticas que garantizaron, aunque no en el grado que se desea, el aumento de los ingresos de los trabajadores, particularmente en lo que concierne al salario mínimo, la baja del costo de la canasta familiar en relación al nivel general de los precios, la reducción de la pobreza, el aumento del ingreso de los trabajadores en el mercado formal, y a políticas compensatorias como el Bolsa Família.

En lo que se refiere a las acusaciones de corrupción, al contrario de lo que ocurría en los tiempos de Fernando Henrique Cardoso, las investigaciones a partir de denuncias son hechas por el propio gobierno Lula, como es el caso de las acciones de la Policía Federal y, ahora, del Ministerio Público, cuyo procurador-general de la República, Antônio Fernando de Sousa, fue nombrado por el presidente Lula. Según el ministro de la Justicia, Márcio Thomaz Bastos, “ningún gobierno trabajó de forma tan sistemática en el combate a la corrupción, lo que tal vez explique un poco la percepción de que la corrupción está aumentando.”

Las iniciativas del gobierno en esta área le rindieron a Brasil la aprobación, el mes de abril, por la Organización de los Estados Americanos (OEA), de las medidas adoptadas para implementar la Convención Interamericana contra la Corrupción. En la evaluación realizada por la OEA sobre los avances obtenidos por Brasil en el enfrentamiento de temas relacionados al combate a la corrupción, se destacaron los esfuerzos realizados por el actual gobierno para la creación de normas sobre cuarentena, conflictos de interés, monitoreo de la evolución patrimonial de agentes públicos y la penalización del enriquecimiento ilícito. Proyecto de ley en este sentido ya fue encaminado por el presidente Lula al Congreso Nacional.

El informe también destaca la importancia de la creación de la Secretaría de Prevención de la Corrupción e Informaciones Estratégicas (SPCI), en el ámbito de la Controlaría General del Estado.