Menos de un día después de celebrar el 20º aniversario del movimiento popular que derrumbó la dictadura Marcos el 24 de febrero de 1986, la presidenta Gloria Arroyo decretó estado nacional de emergencia con el apoyo del ejército, con miras a neutralizar toda la oposición, desde la política expresada en el parlamento y en las calles, hasta la oposición armada del grupo comunista “Ejército del Pueblo”, que volvió al escenario después de un razonable periodo de retracción.

Menos de un día después de celebrar el 20º aniversario del movimiento popular que derrumbó la dictadura Marcos el 24 de febrero de 1986, la presidenta Gloria Arroyo decretó estado nacional de emergencia con el apoyo del ejército, con miras a neutralizar toda la oposición, desde la política expresada en el parlamento y en las calles, hasta la oposición armada del grupo comunista “Ejército del Pueblo”, que volvió al escenario después de un razonable periodo de retracción.

El momento fue elegido de propósito, ya que todos los grupos progresistas estaban involucrados en las manifestaciones de conmemoración del fin de la dictadura, y por ello fue fácil identificarlos y detenerlos. Diversos parlamentarios, sindicalistas y activistas de la oposición fueron arrestados sin acusación formal y por lo menos un periódico fue ocupado por la policía. Posteriormente, el gobierno emitió la “Orden General Nº 5” para restaurar “la paz y el orden” que, como en la época de Marcos, fue interpretada por el ejército y la policía como una prohibición para la realización de manifestaciones, aunque fueran pacíficas.

Las organizaciones democráticas en Filipinas apelan a las organizaciones similares en todo el mundo para que convenzan a sus respectivos gobiernos a no reconocer esta medida tomada por la presidenta Arroyo y para presionar el gobierno filipino a restaurar el orden democrático.