Un tratado firmado hace varios años por Argentina y Uruguay define la administración compartida del Río Uruguay en la frontera entre los dos países, así como los debidos cuidados con su preservación ambiental.

Un tratado firmado hace varios años por Argentina y Uruguay define la administración compartida del Río Uruguay en la frontera entre los dos países, así como los debidos cuidados con su preservación ambiental. En 2004 se anunció la inversión de cerca de US$ 1,8 mil millones de dos grandes compañías multinacionales de papel y celulosa, la finlandesa Botnia y la española Ence, para construir sus plantas a las orillas uruguayas del río, en el municipio de Fray Bentos.

Aparentemente no había controversias, pero cuando dichas empresas iniciaron la construcción de la obra hacia fines del año pasado, también tuvo inicio un movimiento de protesta de la población de la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia argentina de Entre Ríos. Esta movilización era liderada por ambientalistas, que argumentaban que el río sería contaminado por las empresas, aunque hay técnicos argentinos que afirman lo contrario (Lea más en Diário La Republica del 31/3/2006).

Obtuvieron el apoyo del gobernador de la provincia y rápidamente los activistas adquirieron suficiente fuerza como para bloquear el paso de vehículos en el puente que une los dos países. Tal actitud ocasionó razonables daños a las exportaciones uruguayas, y las relaciones entre los dos gobiernos se deterioraron sustancialmente. Sin embargo, durante la asunción al cargo de la Presidenta Bachelet de Chile, los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, anunciaron que las obras de las empresas se suspenderían durante noventa días y que el tráfico en los puentes sería liberado. Se pretendía anunciar un acuerdo en pocas semanas, lo que se llevaría a cabo durante un encuentro formal entre los dos gobernantes hacia fines de aquel mes.

Ello no ocurrió y el bloqueo del puente se reinició. Argentina quiere que el tema se discuta en el Tribunal de La Haya, organismo de solución de controversias previsto en el Tratado del Río Uruguay, mientras Uruguay solicita la interferencia del Grupo Mercosur para solucionar el impasse.
Este tema, aparentemente de fácil solución, se “politizó” y se convirtió en causas nacionales, generando un enorme impasse no sólo entre los dos países sino para todo el Mercosur. La percepción de la sociedad uruguaya es que los grandes países de la región, Argentina y Brasil, no se preocupan con el desarrollo de los países menores y dificultan la recepción de inversiones. Además de ello, han reducido la importación de bienes uruguayos.

Sectores del Frente Amplio, coalición partidaria que actualmente gobierna Uruguay, con el apoyo del Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, plantearon la hipótesis de retomar las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos, actualmente uno de los principales destinos de las exportaciones uruguayas. El presidente Tabaré Vázquez, durante una reunión ministerial, desautorizó cualquier expectativa en este sentido, y posteriormente la intervención del canciller Reinaldo Gargajo, en una reunión partidaria, también desechó dicha posibilidad. Por ahora, por lo tanto, este riesgo no existe.

Para que el Mercosur avance es necesario que las asimetrías y desigualdades entre los países participantes se reduzcan. Las acciones concretas para cumplir este desafío dependen sobre todo de los países más grandes, que tendrán que ceder más en las negociaciones comerciales y destinar más recursos a la integración, para que las economías menores se fortalezcan más rápidamente. Ello debería entenderse como una inversión que los mayores harían ahora para obtener resultados más adelante, en términos de acceso a mercados en crecimiento.

Es justa la preocupación argentina con la preservación ambiental del Río Uruguay, pero es lamentable la forma en que ella se manifestó, todavía más porque se trata de dos gobiernos progresistas. Tanto en Argentina como en Brasil hay muchas industrias de papel y celulosa y en este momento hay propuestas de nuevas inversiones, no sólo de las dos plantas en Uruguay sino también de la VCP y la Stora-Enso en el Sur de Brasil.

Es verdad que hay controversias en lo que concierne al impacto ambiental de estas industrias, en función del hecho de que en general suelen adquirir grandes áreas para plantar eucaliptos y/o pinos, su materia prima, lo que concentra tierra y provoca alteraciones en la diversidad biológica local. Sin embargo, el impacto en la atmósfera y cuenca hidrográfica, que es dramático en las industrias más antiguas, mejoró mucho con la utilización de nuevas tecnologías.

La suspensión de la construcción anteriormente propuesta ofrecía el plazo necesario para que se hicieran nuevos análisis, con el propósito de eliminar las preocupaciones argentinas. Pero con el retraso de la construcción el gobierno uruguayo tendrá que pagar multas a las empresas y, finalmente, el bloqueo al puente perjudicará a todos, ya que los productos brasileños que circulan rumbo a Argentina también pasan por allí.

Por lo tanto, se trata de un tema político del Mercosur, y el Grupo Mercado Común tendrá que adoptar una posición sobre la cuestión.