La situación de los conflictos agrarios en Pará, Estado campeón en muertes de líderes agrícolas, empeoró los últimos meses. En función del mes de Lucha del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra), los movimientos (también la Fetagri – Federação dos Trabalhadores na Agricultura, ligada a la CUT) realizaron varias ocupaciones, que ocasionaron la prisión de seis trabajadores rurales y una muerte, según denuncias.

La situación de los conflictos agrarios en Pará, Estado campeón en muertes de líderes agrícolas, empeoró los últimos meses. En función del mes de Lucha del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra), los movimientos (también la Fetagri – Federação dos Trabalhadores na Agricultura, ligada a la CUT) realizaron varias ocupaciones, que ocasionaron la prisión de seis trabajadores rurales y una muerte, según denuncias.

El mes de marzo, la Policía Militar retomó una ola de desalojos que se había iniciado el año pasado por decisión judicial. Según la asesoría del MST, “un grupo de 280 Policías Militares realiza la operación de reintegro de tenencia de áreas ocupadas”. “El Estado declaró que mantendrá la operación a cualquier costo. El discurso del Estado ha sido el de empujar la responsabilidad al gobierno federal”, dice una nota del movimiento, emitida al final de marzo.

Al inicio de abril, el MST declaró en nueva nota que “las acciones realizadas por los trabajadores/as del sur y sudeste de Pará son resultado de la acción aislada del gobierno del Estado y del Poder Judicial, que dejaron de cumplir todos los acuerdos establecidos en audiencias anteriores, como la que estableció que cualquier acción que involucre áreas de interés para la reforma agraria pasaría por una amplia discusión a fin de establecer un acuerdo que beneficiara la seguridad y el bienestar de trabajadores y trabajadoras”.

Según el MST, en el Sur de Pará la situación es la más crítica. “Hace siete años, familias acampadas en el Campamento 26 de marzo esperan que el STF emita el decreto de expropiación de la Fazenda Cabaceiras, que consta en la lista de prácticas de trabajo esclavo, crímenes ambientales y tenencia ilegal de tierras del Estado. Tenemos el caso de las familias del Campamento Lourival Santana que hace dos años están en la Fazenda Peruano, tierra cuya tenencia es comprobadamente ilegal. La impunidad impera en los casos de asesinatos de trabajadores/as, liderazgos, religiosos/as y abogados”.