El gobierno de Evo Morales en Bolivia está a punto de presentar un decreto para reglamentar la exploración de gas y petróleo, nacionalizando sus reservas. Estas se habían vendido a una serie de compañías multinacionales, incluso a Petrobras, durante gobiernos anteriores.

El gobierno de Evo Morales en Bolivia está a punto de presentar un decreto para reglamentar la exploración de gas y petróleo, nacionalizando sus reservas. Estas se habían vendido a una serie de compañías multinacionales, incluso a Petrobras, durante gobiernos anteriores.

El objetivo del decreto es reglamentar la Ley 3.058 de Energía, aprobada en el 2005, fruto de las fuertes movilizaciones populares que provocaron la destitución de dos presidentes durante un mismo mandato: Gonzalo Sánchez de Losada y después Carlos Meza, que lo había remplazado.

El contenido del decreto pretende poner la administración, la propiedad, los precios y la comercialización de los hidrocarburos bajo el control del gobierno boliviano, según el Ministro de los Hidrocarburos, André Soliz (lea más en Estado del 15/4/2006). La explotación adecuada de los recursos naturales bolivianos, sobre todo el gas natural, es clave para el desarrollo de este país, uno de los más pobres de Latinoamérica.

La medida deberá enfrentar resistencia de las empresas multinacionales, con el argumento de que representa un cambio en las reglas del juego y rotura de contrato. Pero es legítimo que un gobierno soberano cambie sus leyes, especialmente cuando atiende a las demandas del pueblo, y las grandes empresas no pueden perpetuar reglas sólo porque son beneficiadas por ellas.

Por medio de Petrobras, el gobierno brasileño jugará un papel extremadamente importante para asegurar un buen resultado en este proceso, ya que es considerado un socio preferencial por el gobierno Morales.