En el ámbito del comercio mundial, progresaron varias iniciativas desde el inicio del año: la aprobación del Acuerdo Bilateral de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en el que el primero se comprometió a abrir su economía a productos industriales, servicios, inversiones y propiedad intelectual en cambio de mayor acceso al mercado norteamericano de textiles.

En el ámbito del comercio mundial, progresaron varias iniciativas desde el inicio del año: la aprobación del Acuerdo Bilateral de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en el que el primero se comprometió a abrir su economía a productos industriales, servicios, inversiones y propiedad intelectual en cambio de mayor acceso al mercado norteamericano de textiles.

El Comisario Europeo para el Comercio, Peter Mandelson, no se manifiesta sobre la definición de las modalidades de negociación de la reducción de los subsidios a los productos agrícolas europeos, incluso con la llegada del plazo final – en abril – previsto por la Conferencia de la OMC en Hong Kong. Sin embargo, propone la retomada urgente de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, para tratar de obtener más ventajas para la exportación de los bienes industriales europeos y consolidar la disposición presentada por Brasil y Argentina en aquella conferencia: reducir sus aranceles efectivamente aplicados, según las discusiones del capítulo de NAMA (Acceso a Mercados no Agrícolas).

Llegó el momento en que el movimiento social de la región debe promover este debate, ya que hubo enorme oposición – victoriosa- respecto del Alca, pero prácticamente no se oye ningún cuestionamiento sobre las negociaciones con la UE, como si el capitalismo europeo fuera mejor que el norteamericano.

La OCDE prepara otro Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) para los países en desarrollo. Este acuerdo, que ahora se llama “Cuadro Político para Inversiones” estuvo disponible en el sitio de la organización entre enero y febrero para comentarios de los interesados.

Al contrario de las negociaciones del AMI, que fracasaron en 1998 por falta de consenso entre los países industrializados cuando intentaron establecer un tratado internacional en el ámbito de la OCDE, ahora se está ofreciendo un paquete de propuestas de aplicación “voluntaria” para los países en desarrollo.

Tales propuestas abordan diez ejes temáticos relativos a la facilitación de inversiones: política de inversiones, promoción y facilitación de inversiones, política comercial, política de competencia, política fiscal, gestión corporativa, responsabilidad social empresarial, desarrollo de recursos humanos, desarrollo de infraestructura y servicios financieros y gestión pública.

Ellas se destinan a los países en desarrollo, pero no consideran el contexto de dichos países y tratan de convencerlos a adoptar una serie de procedimientos para atraer inversiones. El foco es básicamente la defensa incondicional de la apertura económica y la liberalización del comercio e inversiones como condición sino qua non del desarrollo. Las inversiones sólo vendrán si los intereses y derechos de los inversionistas están totalmente protegidos y, respecto de ello, el texto original contiene varias “perlas” que vale la pena mencionar.

Se exige una reforma fiscal, para evitar que una compañía multinacional sea doblemente tributada, en su país de origen y en el exterior. También se propone un sistema de premiación, vía reducción de impuestos para las empresas que cumplan correctamente con los procedimientos legales. Se defiende también la libre remesa de lucros y las propuestas se oponen a “cargas regulatorias”.

Algunas normas positivas, aceptadas y reconocidas por los países industrializados, como las “Directrices para las Multinacionales de la OCDE” y la “Declaración Tripartita sobre Multinacionales y Política Social” de la OIT fueron totalmente excluidas del texto.

La pretensión es aprobar este texto en la próxima conferencia de la OCDE. Aunque es tratado como de adhesión voluntaria, no hay duda de que será el parámetro para que las MNC’s europeas inviertan a partir de ahora, y por lo tanto cabe la denuncia y la presión para que el gobierno brasileño no lo acepte. (Lea más en los comentarios de la TUAC).