Hace pocas semanas, en Santiago, tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente Lagos a propósito de presentarle el convenio de cooperación que firmamos con su fundación Chile 21, la del Partido de los Trabajadores del presidente Lula, “Perseu Abramo”, y el CEPES de nuestro país.

De dicha reunión surgió la necesidad de que nuestra región vaya articulando un pensamiento propio que, respetuoso de las singularidades de cada país, contribuya a renovar la visión latinoamericana. Esto no debe significar una perspectiva aislacionista o de ruptura; por el contrario, es una de las condiciones para abrirnos e integrarnos a partir de una personalidad reconocible y respetada.

Esta asociación de los centros de estudios que esperamos expandir gradualmente a otros países de la región tiene por tarea aportar a la búsqueda de comunes denominadores en torno a una política de desarrollo que dando cuenta de los signos de esta nueva época nos permita sentirnos parte de una misma narrativa histórico-política, es decir, una similar manera de leer el pasado, entender el presente y proyectar el futuro.

Caído el pensamiento único, la región enfrenta el desafío de un nuevo ciclo; esta posibilidad se ve beneficiada por la afinidad política de gran parte de quienes hoy gobiernan. Pensamiento y acción hoy pueden reconciliarse entonces en función de las oportunidades y amenazas que presentan la globalización y un mundo con pocas certezas.

En los años sesenta, la región construyó un paradigma de desarrollo que se debatía en las principales universidades y centros de decisión de Europa y Estados Unidos. Eso no volvió a suceder. Las décadas de los 80 y los 90 fueron en promedio negativas. La primera, dominada por la crisis de la deuda y la inflación, y los años 90 —excluyendo a Chile y alguna otra excepción— nos legaron modernización, reformas promercado y apertura que convivieron negativamente con una mayor concentración de la riqueza, profundización de las desigualdades, y en algunos casos, como el nuestro, una enorme degradación institucional acompañada de corrupción inédita.

Sabemos que la identidad no se construye hacia atrás. Por eso el desafío es avanzar a través de dos movimientos simultáneos: uno, el de la profundización de la integración, que en el caso del Mercosur necesita un impulso en cuanto a la creación e internalización de normas, instituciones, instrumentos de compensación y complementariedades productivas; y el otro, articulando redes que nos permitan interactuar, producir asociaciones en todas las áreas vinculadas al conocimiento, movilizar sectores de la sociedad civil de cada país, aportar a la formación de una nueva dirigencia con visión global y regional, y propender a una mayor información y entendimiento de las realidades de cada uno de los países. El objetivo es que la región sudamericana pueda constituirse en un eje dinamizador de un proyecto que nos permita reforzar el sentido de pertenencia y alcanzar, en la medida de las posibilidades, consensos básicos sobre un nuevo modelo de desarrollo latinoamericano.

Si bien los problemas y los retos no son los mismos, son extremadamente familiares. La calidad democrática e institucional, el desarrollo productivo, la mejora en la distribución del ingreso, la inserción competitiva de las economías en el mundo, la prioridad en la educación, la ciencia y la técnica, la seguridad ciudadana y la cohesión e inclusión social, son los temas que marcan una agenda común para nuestros países.

Escuchamos decir hace muy poco tiempo al principal asesor del presidente Lula, Marco Aurelio García, en un coloquio llevado a cabo en Buenos Aires, que las cuatro cuestiones fundamentales para Brasil son el crecimiento sostenido, la distribución del ingreso, la estabilidad de las fuentes de financiamiento del crecimiento y la democratización de la sociedad.

En el mismo sentido, el senador chileno Carlos Ominami del Partido Socialista actualmente en el gobierno, en un seminario sobre desarrollo económico organizado por nuestro centro de estudios, señalaba que su país tiene insuficiencias en materia de educación, ciencia y tecnología, de capacidad de innovación al interior de las empresas, de capacitación laboral, de espacios institucionales de coordinación entre el sector publico y privado, de modernización de la gestión estatal, de fomento a las pequeñas y medianas empresas, y de concertación social. Y sostenía que los esfuerzos que se habían realizado a partir de los 90 crearon un instrumental moderno que está disponible para ser usado con mayor intensidad y más recursos. Pero era necesario, concluía Ominami, una mayor claridad estratégica y una mayor capacidad de coordinación de los esfuerzos necesarios para crear nuevas ventajas comparativas.