Morena y el Instituto Nacional de Formacion Politica – INFP: Profundizar la formación política I
Fortalecer la democracia participativa
En el marco del VII Congreso Nacional Extraordinario de Morena a realizarse el próximo 22 de septiembre, cuyo fin es renovar la dirigencia, revisar los documentos básicos y el programa de lucha, es pertinente discutir de manera abierta y pública sobre el futuro de la formación política en nuestro país. Considero tres ejes clave: 1) cómo fortalecer la democracia participativa por medio de la permanente vinculación entre militancia, población en general, representantes populares y servidores públicos; 2) cómo profesionalizar la formación política evitando simulación y vigilando que no se burocraticen las estructuras partidarias ni que se patrimonialicen las instituciones públicas; y 3) cómo desarrollar un internacionalismo de izquierda vigente en un contexto mundial donde quienes organizan producción, distribución y mercados de consumo son las grandes corporaciones (Amazon, Google, Facebook, X, Tik Tok). Si en la primera etapa del desarrollo de la formación política lo que se buscaba era generar todos los espacios posibles de discusión, ahora es tiempo de alcanzar precisión, estrategia y destreza. El primer punto se desarrolla en la primera entrega de este texto; los otros dos serán desarrollados en la segunda.
Democracia participativa más allá del discurso
El Instituto Nacional de Formación Política (INFP) se creó como acuerdo del 5o Congreso Nacional de Morena el 19 de agosto de 2018 donde se nombró a Rafael Barajas como su presidente honorario. Enfrentó dificultades para institucionalizarse, primero, porque la dirigencia nacional de entonces no autorizó su presupuesto y estructura (2018-2020); después, porque la pandemia dificultó impulsar el trabajo territorial necesario para llevar esa formación política a militantes y simpatizantes, así como a toda la ciudadanía. Entre 2020 y 2021 el INFP desarrolló programas virtuales de análisis coyuntural, organizó reuniones de estrategia en algunos estados para consolidar una red nacional de círculos de estudio y promovió una red de mexicanos en el exterior. Se crearon tres programas de formación (Municipal, Legisladores, Buen Gobierno) para fortalecer ideológica, ética y técnicamente a los militantes y simpatizantes interesados en la gestión pública, así como a alcaldes y legisladores electos. El alcance que tuvo el instituto en esta primera etapa fue de cientos de personas que participaron en los programas de formación y algunos cuantos miles que fueron impactados por medio de las redes sociales. La falta de vinculación orgánica con el Comité Ejecutivo Nacional había llevado al instituto a realizar una tarea que parecía marginal a pesar de la importancia que se le había dado en el Congreso Nacional que le dio origen.
Los círculos de estudio habían nacido en el plantón de Reforma en 2006, para exigir que el Tribunal Electoral reconociera el fraude. Desde entonces se habían auto-organizado para realizar análisis de coyuntura, denunciar malos gobiernos y llevar a cabo acciones en favor de sus comunidades, colonias y barrios. Con la llegada al gobierno del movimiento de regeneración nacional en 2018, un grupo de militantes se incorporó al gobierno y uno de los mayores retos fue la reorganización del partido. Pasó de ser un partido de oposición a ser el partido en el gobierno, lo que impactó la reorganización de los círculos de estudio. Así, a los 250 mil militantes originales, se sumaron millones de simpatizantes (hasta que en 2022 se formalizó la adhesión de más de 2.5 millones de nuevos militantes). Era necesario salir de la retórica de oponerse a las acciones gubernamentales para impulsar la transformación. Al mismo tiempo las instituciones del gobierno tenían importantes resistencias para habilitar el cambio de enfoque de una política de excluir la participación ciudadana a una política de hacer realidad la democracia participativa.
En las administraciones anteriores, las áreas de atención a la sociedad civil, atención ciudadana y vinculación con organizaciones sociales promovían relaciones clientelares con grupos de interés que aparentemente representaban a la ciudadanía. Se les daba dinero —mediante “donativos”— para evitar que tomaran las oficinas, que realizaran protestas o que llevaran a cabo acciones de denuncia. Desde los primeros días del gobierno en 2018 desde Palacio Nacional se denunciaron esas organizaciones sociales clientelares que, también, participaban en el reparto presupuestal por medio de estrategias ilegales de cabildeo ante la Cámara de Diputados. Se privatizaban los espacios de participación ciudadana con la creación de asociaciones civiles (en aras de una supuesta transparencia, que tenía como objetivo que los inversionistas tuvieran acceso a información sobre los bienes comunes de México para llevar a cabo actividades financieras especulativas, como se pudo observar con la reforma energética). Aunque varias de esas prácticas se han eliminado, el caso de los testigos sociales que participan en la vigilancia de los procesos de licitación pública de mayor presupuesto es uno de los retos pendientes por resolver debido a que estas, en su mayoría, son asociaciones civiles impulsadas por proveedores y contratistas interesados en obtener contratos.
El INFP tuvo un rol fundamental en dotar de contenido a la democracia participativa. Cuando se presentó la iniciativa de reforma eléctrica, en octubre de 2021, se iniciaron modestas reuniones informativas con círculos de estudio de la Ciudad de México y en algunos de los estados donde estaba más organizada la militancia. La llegada al gobierno, las disputas internas, la falta de estrategia, habilidad y destreza para ejercer los recursos del partido, así como la pandemia, habían tenido un efecto de desmovilización. No se contaba con la mayoría absoluta en las cámaras para promover una reforma constitucional que posibilitara la plena recuperación de la soberanía en el sector eléctrico. Por eso, había que volver a organizar la movilización mediante reuniones informativas, foros y asambleas para dar a conocer el proyecto de recuperación del sector eléctrico: detener su privatización, proteger el litio como mineral estratégico para la transición energética e impulsar energías renovables desde la ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación públicos. Para febrero de 2022, se habían realizado asambleas informativas en todo el territorio nacional y se habían abierto espacios de debate público tanto virtuales como presenciales, lo que permitió reactivar el trabajo territorial. Este ejercicio habilitó que servidores públicos y representantes populares se acercaran a la ciudadanía así como, que los ciudadanos conocieran el trabajo que estaban realizando legisladores, alcaldes, gobiernos estatales y servidores públicos de la administración pública federal. Se abrió un interesante proceso de rendición de cuentas.
Es, con todo, necesario alertar sobre los malos usos de procesos como éste. Oportunistas también utilizan los espacios de rendición de cuentas para simular por lo que es necesario combatir prácticas clientelares y acarreos, así como evitar que se usen esos espacios con fines proselitistas, que desvíen recursos públicos para llevar a cabo campañas políticas por iniciativa individual, etc. Las vulnerabilidades aún son muchas y no debemos dejar de nombrarlas, porque son las que limitan las posibilidades de profundizar la transformación y habilitan los espacios para que la reacción imponga sus ideas. Por lo anterior, promover que se organicen espacios de información, análisis, rendición de cuentas es tarea necesaria y pendiente. En esto los círculos de estudio tienen una tarea histórica que aún no se termina de consolidar, por lo cual los comités de defensa de la cuarta transformación tienen que ser la vanguardia del impulso de la democracia participativa. Si el oportunismo es un problema que debemos combatir, el abuso del recurso de la denuncia para golpetear a personalidades, representantes populares y servidores públicos también. Es necesario denunciar, por supuesto, pero a la vez construir desde abajo con propuestas. De igual manera, desde la dirigencia del partido se pueden tomar medidas para que cada vez más los recursos bajen hacia las bases y dejen de transferirse a empresas privadas como hoteles, proveedores, consultoras. El partido ha avanzado poco en la implementación de la austeridad republicana y mantiene todavía prácticas neoliberales en el ejercicio de los recursos. Se siguen haciendo recortes a lo sustantivo para financiar gastos de operación, que es todo lo contrario del programa de austeridad republicana, y con ello se ha afectado, desde luego al INFP, pues no ha llegado ni cerca del 50% del presupuesto del partido que le corresponde.
El 17 de septiembre de 2022 se llevó a cabo el Congreso de Morena, en cuyos estatutos se estableció que la formación política se volvía obligatoria. Para dar a conocer el instituto y atraer a nuevos simpatizantes y militantes, se diseñó el Curso Básico de Formación Política. Se convocó a los principales referentes, se llevaban a cabo conferencias presenciales en los estados cada sábado, para que en todo el territorio se conociera el proceso, las cuales se transmitían también por redes sociales. Así se fue multiplicando el interés. En sólo tres meses toda la nueva estructura de Morena, incluyendo a los coordinadores operativos territoriales y a 25 mil personas en todo el país, había acreditado el curso. Se diseñaron manuales específicos que se compartieron públicamente de forma virtual para que quien quisiera los replicara; para los formadores en territorio se diseñaron trípticos por cada módulo del curso básico para que se pudieran llevar en un morral, sin que pesara demasiado y se compartiera fácilmente.
Durante el proceso interno para determinar a la persona aspirante a la presidencia de la República, se conformó un consejo asesor para la elaboración del Proyecto de Nación y para promover que la militancia se involucrara en la discusión sobre cómo profundizar la transformación y no en la promoción de una aspirante u otro. Con esto se logró que se involucraran 3 millones de personas, así la formación política alcanzó no sólo al núcleo fundador de Morena sino a todas las personas interesadas.
Esta ola posiblemente no se vuelva a repetir a la brevedad por diversas razones, entre ellas que muchas de las personas que se acercaron dejaron otros partidos para sumarse a Morena. No se trata de entrar en el debate de quiénes son militantes históricos y quiénes llegan frente al cambio de condiciones. Este debate, desde luego importante, no es objetivo de este artículo. En el partido conviven históricos, nuevos militantes y también oportunistas. Ante esa realidad, es necesario que lo que prevalezca sea la profundización de la democracia participativa por medio de diferentes estrategias dirigidas a aprovechar esta ola alta y a consolidar los principios del movimiento. Hay que tomarse en serio la tarea, a fin de neutralizar a posibles grupos de interés para que no ocupen espacios, plazas y recursos.
Ahora, para cerrar la primera entrega de este artículo, hago algunas propuestas en línea con lo expuesto hasta ahora:
• Para consolidar los círculos de estudio, los recursos del partido deben llegar abajo y delimitarse a partir de las necesidades de participación de la población. Por ejemplo, en un espacio público que requiera mantenimiento, se pueden llevar a cabo actividades específicas (gasto programado) o de otro tipo (gasto ordinario), en vez de realizarlas en hoteles o salones rentados, y así mejorar espacios públicos y mejorar las condiciones para la militancia de base. De tal suerte, al mismo tiempo que se recupera el espacio público, se discute en torno a problemáticas colectivas, se estrechan lazos comunitarios y se conforma un comité.
• Con estos esfuerzos multiplicados a nivel nacional, se podría consolidar la red para incidir en la toma de decisiones y gestión de recursos. Se podría impulsar que los espacios de formación para la militancia y los materiales para el trabajo de territorio (volantes, lonas, carpas, sonido, sillas, etc.) estuvieran garantizados. Hasta ahora, la dirigencia, y principalmente el INFP, lleva la vanguardia en la iniciativa, como lo pudimos observar en los casos de la reforma eléctrica, la reforma electoral, el proyecto de nación y la reforma al poder judicial. En esta nueva etapa, hay que profundizar la creatividad desde abajo y la organicidad desde la dirigencia para vincular la participación ciudadana desde las bases hasta la dirigencia.
• Impulsar la obligatoriedad del curso básico para la credencialización como un proceso orgánico del partido y no como un trámite. En esto hay mucho trabajo que hacer desde las dirigencias nacional y estatales, y el propio INFP, para que la formación política sea parte del ejercicio de la política y no un mero requisito.
• Convocar a un amplio proceso de evaluación y prospectiva en una reunión nacional de la Red Nacional de Círculos de Estudio que concluya con una delimitación clara de tareas para avanzar el trabajo en territorio, promover la creación de institutos estatales, el acompañamiento y la vigilancia de las acciones de gobierno y un compromiso expreso de los círculos de estudio participantes.
La siguiente entrega se enfoca en los temas de la profesionalización e internacionalización de la formación política.