Cañoneras, aranceles y narcotráfico de EE. UU. en América Latina
Via portal: https://marcoconsolo.altervista.org/
Mientras continúan el conflicto en Ucrania y el genocidio en Palestina, también en el frente latinoamericano soplan vientos de guerra. Una guerra híbrida, con características militares, mediáticas, psicológicas y un largo etc..
Según el New York Times, a principios de agosto, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habría firmado una directiva secreta que permite al Pentágono utilizar las Fuerzas Armadas en la “lucha contra los carteles del narcotráfico”, clasificados por Washington como organizaciones terroristas. Según el periódico, esta directiva autoriza a las fuerzas armadas estadounidenses a llevar a cabo “misiones anti-cartel” fuera de las fronteras nacionales, sin especificar los grupos criminales objetivo. Días después, la agencia de noticias Reuters difundió la noticia del envío por parte del Pentágono de un contingente naval al Mar Caribe, en coordinación con el Comando Sur, que incluiría varios destructores, cruceros y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear.
La enésima amenaza agresiva representa una de las injerencias más explícitas de Estados Unidos en la región en los últimos años. Según fuentes oficiales, el objetivo declarado es contrarrestar las “amenazas a la seguridad nacional”. Sin embargo, la atención en el área caribeña sugiere un posible cambio del foco hacia las costas de Venezuela, sobretodo si se consideran las últimas amenazas de la Casablanca contra Caracas.
La directiva relanzaría la presión militar de un sector de la administración Trump, enfocándose especialmente en países como México (que mantiene un duro tira y afloja con EE. UU. sobre los aranceles) y Venezuela. El Secretario de Estado, Marco Rubio, acaba de anunciar una visita la próxima semana a México y Ecuador para “contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”, en referencia a los acuerdos alcanzados entre Ecuador y China durante el anterior mandato presidencial de Rafael Correa.
Como confirmación de la escalada al estilo “Far West”, la Casa Blanca aumentó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información útil para la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. El mandatario bolivariano es acusado sin pruebas de ser el líder del fantasmal Cartel de los Soles y de tener vínculos con el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, ambos considerados por Washington como organizaciones terroristas. La Fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha calificado la recompensa como “histórica”, subrayando que “Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Cartel de Sinaloa y el de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”. Sin embargo, las mentiras tienen las patas cortas, dado que el Cartel de los Soles no aparece ni de lejos en ninguno de los informes anuales de la Agencia antidroga de Estados Unidos (DEA), ni en el de la ONU (UNODC) y su existencia nunca ha sido demostrada.
En cuanto a Venezuela, el informe de la UNODC afirma que solo “una parte marginal de la producción de droga colombiana transita por el país hacia Estados Unidos y Europa. Según la ONU, Venezuela ha consolidado su posición como territorio libre de cultivos de hojas de coca, marihuana y similares, así como de la presencia de carteles criminales internacionales” [i]. El documento confirma los 30 informes anuales anteriores que no mencionan el narcotráfico venezolano, ya que este no existe. Además, solo el 5% de la droga colombiana transita por Venezuela.
Las venas abiertas de América Latina
Más allá del pretexto del narcotráfico, el posible botín es considerable. América Latina y el Caribe concentran más de una cuarta parte de las reservas minerales de metales estratégicos del mundo, casi una quinta parte de las reservas de hidrocarburos, poco menos de un sexto de las tierras agrícolas del mundo y un cuarto del área forestal global. La región también posee aproximadamente un tercio de las zonas de pesca y un tercio del agua dulce del mundo. Además, en este territorio hay un tercio de los países con la mayor biodiversidad del planeta.
Una amenaza a la paz
En un contexto de debilitamiento de la influencia estadounidense en el hemisferio occidental, las amenazas de una ofensiva militar se presentan como una provocación adicional y una manifestación de voluntad hegemónica. Esto constituye una grave amenaza a la paz y seguridad regional, en violación del “Tratado de Tlatelolco” (Tratado para la prohibición de armas nucleares en América Latina y el Caribe), firmado en 1967 y en vigor desde 1969. También contraviene la proclamación del continente como zona de paz, declarada en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en 2014 en La Habana.
La urgente necesidad de un desarme general y el compromiso con la agenda de la Agencia para la prohibición de armas nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) fueron reafirmados por los 33 Estados miembros durante la Conferencia general de Buenos Aires en 2013. Se destacó la obligación de no intervenir en los asuntos internos de otros Estados y el respeto a los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos. Además, se reafirmó el derecho de cada Estado a elegir su propio sistema político, económico, social y cultural, como base para una coexistencia pacífica, y el compromiso de resolución pacífica de controversias para eliminar el uso y la amenaza de la fuerza en la región.
Las “guerras contra las drogas” made in USA
El pretexto de la lucha contra el narcotráfico para promover la injerencia en otros países no es en absoluto nada nuevo. En lo que respecta a Estados Unidos, en los últimos cincuenta años ha habido la “guerra contra las drogas” de Richard Nixon (iniciada en 1971), la de Ronald Reagan (desde 1981, luego con el Anti-Drug Abuse Act de 1986) y el “Plan Colombia” de Bill Clinton. Con este último, entre 2001 y 2016, Estados Unidos invirtió 10 mil millones de dólares en Colombia en ayuda militar, la mayor ayuda en armamentos de Estados Unidos después de la entregada a Israel.
La “guerra contra las drogas” made in USA ha demostrado ser un fiasco. Sin embargo, a pesar de los repetidos fracasos, la Casa Blanca no aborda el lado de la demanda de narcóticos en Estados Unidos, ni las deficiencias en los mecanismos de control internos para impedir la entrada de drogas en el país, centrándose únicamente en la oferta de países terceros. Por el contrario, en las últimas semanas, Caracas ha reportado incautaciones históricas de cocaína y ha fortalecido una alianza con Colombia para combatir el tráfico de drogas.
Hablar de “guerra con las drogas” es más apropiado en el contexto del escándalo Irán-Contras, o Irangate. Como se recordará, durante la presidencia de Ronald Reagan (1985-86), altos funcionarios de su administración se vieron involucrados en el tráfico ilegal de armas a Irán, violando un embargo. Las ganancias de estas ventas financiaban a los “Contras” anti-sandinistas en Nicaragua, lo cual habia sido vetado por el Congreso. La operación, dirigida por el teniente coronel Oliver North [ii], entonces Vice Director para los asuntos político-militares del National Security Council (NSC), contaba con el apoyo del Mossad israelí, especialmente de Amiram Nir [iii], cercano al primer ministro Shimon Peres. North transformó miles de millones de dólares de países árabes en armas para Irán y para los “Contras”. Así como en toneladas de cocaína que inundaron Estados Unidos a través de Panamá, con la colaboración del general Manuel Antonio Noriega (luego recompensado con la cárcel estadounidense) y de Honduras. Para el transporte de la droga también se utilizaron aviones militares de Washington, la base estadounidense de Ilopango en El Salvador y mercenarios de la CIA.
¿Buques de guerra para la lucha contra las drogas?
Es muy improbable que la lucha contra el narcotráfico se lleve a cabo con cruceros, destructores y submarinos nucleares, cuya envergadura y armamento son desproporcionados para esta supuesta misión. Se trata de buques de guerra, diseñados para ataques terrestres, guerra antiaérea, guerra antisubmarina, equipados con armamento antisatélite, y misiles antibalísticos. O de buques de asalto anfibio, destinados al transporte de tropas y materiales para una invasión en cualquier tipo de costa.
Dulcis in fundo, mientras el despliegue naval de Washington estaría en el Océano Atlántico, más del 70% de la cocaína producida en los países andinos pasa por el Océano Pacífico hacia la costa oeste de Estados Unidos, según el Informe Mundial sobre las Drogas anual de la Agencia de la ONU (UNODC) [iv] .
Trump, petróleo y escándalos
Está claro que el objetivo estadounidense es reforzar la presión para derrocar al gobierno bolivariano, a través de la intervención directa, como lo declaró el mismo Trump al final de su primer mandato.
Durante ese mandato (2017-2021), Trump implementó una política de máxima presión contra Venezuela, con una serie de medidas coercitivas que incluían un embargo petrolero, aún vigente. Sin embargo, en este segundo mandato, contactó al chavismo para coordinar la deportación de inmigrantes venezolanos desde Estados Unidos. A pesar de la tensión, los aviones de deportados continúan llegando a Venezuela. Lo mismo ocurre con el petróleo, dado que, tras suspender las operaciones de la compañía petrolera estadounidense Chevron, Trump autorizó la renovación de un permiso especial que elude el bloqueo. “Cada día esperamos un barco y la verdad es que los barcos que están partiendo son los que transportan petróleo, algunos de los cuales son de Chevron para Estados Unidos”, subrayó la Vicepresidenta y Ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez. Paradójicamente, dada la necesidad estadounidense de petróleo, hasta ahora los únicos barcos que ondeaban bandera de estrellas y franjas en aguas venezolanas eran los petroleros de Chevron.
Esta operación de guerra psicológica, busca además desviar la atención interna y mundial de los graves escándalos que afectan al sistema estadounidense, como la trama de corrupción y encubrimiento del “caso Epstein” y el escándalo de narcotráfico descubierto en Fort Bragg [v], centro militar de las Fuerzas Especiales del ejército.
El contexto regional
Esta nueva agresión, que tiene ademas las características de guerra psicológica (PsyOps), ocurre en un contexto regional de ofensiva estadounidense contra los gobiernos “progresistas” en busca de un “regime change”. Una ofensiva que viene de lejos, en alianza con las derechas y las oligarquías “vende-patrias” del continente. En el caso de Venezuela, desde la victoria electoral de Hugo Chávez en 1998, la Casa Blanca ha probado de todo para desestabilizar el proceso bolivariano. Las nuevas amenazas militares (disfrazadas de operación anti-drogas) son parte de la estrategia de “guerra híbrida” o “guerra de quinta generación” que la Casa Blanca implementa contra los procesos que defienden la soberanía nacional. Una estrategia reaccionaria cuyo último resultado es la victoria de la derecha en Bolivia. En Colombia y Honduras, el ataque por ahora se ha centrado en agresivas campañas de desinformación contra los gobiernos de Gustavo Petro y de la presidenta Xiomara Castro, en preparación para las próximas elecciones en ambos países.
En el plano internacional, Washington ha convocado a los gobiernos aliados en el continente (Argentina, Ecuador, Panamá, Paraguay, Guyana…). A la par de la legislación antiterrorista impuesta al mundo después del 11 de septiembre de 2001, la Casa Blanca ha presionado para que los aliados latinoamericanos clasificaran a los carteles del narcotráfico como amenazas terroristas, abriendo así las puertas a una posible intervención directa.
En Ecuador, mientras tanto, el gobierno de Daniel Noboa ha dispuesto que las islas Galápagos se conviertan en una base militar de Estados Unidos, gracias a los tratados de cooperación militar entre los dos países firmados en febrero de 2024. De este modo, barcos, personal militar, armamento y submarinos podrán instalarse en el archipiélago, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1978. No solo eso, Noboa también ha contratado al conocido mercenario estadounidense Erik Prince, al frente de la infame “Blackwater” (hoy rebautizada Constellis Holdings [vi]). En ambos casos, la motivación oficial es “la lucha contra el narcotráfico”.
La respuesta venezolana e internacional
El gobierno venezolano no ha subestimado la amenaza y su respuesta no se ha hecho esperar. Según la doctrina militar que prevé la participación de la población, el gobierno ha movilizado la milicia popular, compuesta por alrededor de 4 millones de personas, además de haber desplegado la marina bolivariana en sus aguas territoriales.
La amenaza de la Casa Blanca ha producido dudas y declaraciones en toda la región y no solo. Además de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), han sido numerosos los Estados y las Organizaciones internacionales que han expresado su solidaridad con el gobierno venezolano.
Colombia, principal vecino de Venezuela, ha sido contundente en su postura. El Cartel de los Soles “no existe, es solo una excusa inventada por la extrema derecha para derrocar a los gobiernos que no le obedecen”, declaró el Presidente Gustavo Petro. El mandatario advirtió que cualquier agresión contra Venezuela sería un ataque también a Colombia y que una intervención armada “podría convertir a la región grancolombiana (Colombia, Ecuador, Panama y Venezuela) en una nueva Siria o Irak”.
En abril de 2025, durante la IX Cumbre de la CELAC en Honduras, el Presidente brasileño Lula Da Silva enfatizó la importancia de fortalecer la unidad de América Latina y el Caribe para evitar convertirse nuevamente en un simple espacio de influencia.
Y en lo que respecta a Brasil, después del anuncio de los fuertes aumentos de los aranceles de EE. UU., de las sanciones contra algunos altos magistrados de la Corte Suprema y del chantaje sobre el proceso contra Jair Bolsonaro por el intento de golpe, Lula ha endurecido su posición, afirmando que “no será un gringo quien dé órdenes a este Presidente”. Una posición que ha aumentado su consenso interno, mientras que, en el plano comercial, Brasil y México buscan profundizar las relaciones para diversificar los mercados.
Hoy, Venezuela y Brasil piden el fin “inmediato” de las “agresiones” de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Yván Gil, tras una llamada con su homólogo brasileño, Mauro Vieira. Se trata de un significativo acercamiento diplomático entre los dos países, después de la oposición de Brasil a la entrada de Venezuela en los BRICS.
Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reafirmado la postura histórica de su país en contra de cualquier intervención extranjera en Venezuela. “Nunca estaremos a favor de la intervención de un gobierno extranjero en un país soberano. Y repito, no solo por convicción personal, sino porque esta debe ser la posición de cualquier presidente de México, porque está sancionada por la Constitución”.
También China ha emitido una declaración de condena, subrayando que “el continente no es el patio trasero de nadie”, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa (con la que Venezuela tiene lazos estrechos, incluso militares) ha manifestado su solidaridad.
Entre los movimientos sociales internacionales, la alianza continental ALBA Movimientos ha denunciado el posible despliegue de fuerzas aéreas y navales de Estados Unidos y ha invitado a los movimientos y organizaciones del mundo a movilizarse por el fin inmediato de las amenazas de guerra.
Por su parte, el Foro de São Paulo, que reúne a las organizaciones y partidos políticos de izquierda en Latinoamérica y El Caribe, rechazó la decisión del presidente Trump, de utilizar las FF.AA. para intervenir la región. “Reafirmamos nuestra determinación de defender una América Latina y El Caribe libres, soberanos y en paz“, declararon en su comunicado [vii].
Las manos sobre el canal de Panamá
La Casa Blanca considera crucial el control del canal interoceánico de Panamá, para recuperar su hegemonía sobre el continente, defender sus intereses y garantizar un flujo comercial de las mercancías estadounidenses. Como se recordará, las últimas bases militares estadounidenses en Panamá fueron abandonadas en 1999, en virtud de los tratados Torrijos-Carter de 1977, que ordenaban el traspaso del canal a la soberanía panameña. Según los tratados, ninguna potencia extranjera puede “mantener fuerzas militares, sitios de defensa o instalaciones militares en el territorio nacional”. Las declaraciones de Trump han generado indignación en el país, dado que el regreso de las tropas estadounidenses evoca la sangrienta invasión de 1989 (Operación Just Cause), cuando los marines asesinaron a miles de civiles. También en esa ocasión, el pretexto había sido llevar ante la justicia al ex-aliado y narcotraficante Manuel Noriega.
No es de extrañar, entonces, el ir y venir (nunca interrumpido) de funcionarios políticos y altos mandos militares estadounidenses, además de su batalla por retomar el control del canal y expulsar a las grandes empresas chinas que operaban allí.
En abril, hubo una visita a Panamá de tres días del Secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. En esa ocasión, Donald Trump había confirmado el traslado de personal militar estadounidense al país. Por su parte, Hegseth había afirmado que Estados Unidos aumentaría su presencia militar en tres ex bases estadounidenses en el país para “proteger el canal de Panamá de la influencia china”. Dicho y hecho.
Los pasados 17 y 18 de agosto, la ex base militar estadounidense de Fort Sherman en Panamá fue activada para un ejercicio de las fuerzas estadounidenses, que expande el control de Washington sobre el canal interoceánico. Las maniobras se llevaron a cabo bajo la supervisión del almirante Alvin Hosley, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. En su tercera visita a Panamá durante 2025, Hosley tuvo encuentros con altos funcionarios de seguridad y realizó una inspección del destructor USS Sampson, en medio de las crecientes amenazas de Washington a Caracas. Las fotografías del buque de guerra, atracado en la base panameña Vasco Núñez de Balboa, habían desmentido al Ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, quien afirmaba no estar al tanto de la presencia del barco en aguas nacionales.
La llegada de Hosley es, por lo tanto, un nuevo capítulo del tira y afloja por el control geoestratégico del Canal de Panamá y del Cono Sur del continente.
EE.UU. y la OTAN a la conquista de la Antártida
La obsesión de Estados Unidos es fortalecer su presencia en la región, especialmente en función anti-China y anti-Rusia. El Atlántico meridional ha cobrado importancia por su cercanía a la Antártida (presencia regulada por un tratado que finalizó en 1941), la Amazonía (principal reserva de biodiversidad y oxígeno) y la triple frontera (Argentina, Brasil, Paraguay), donde se ubica el acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua del mundo.
A esto, hay que añadir a Guyana, que ha entregado a Exxon Mobil estadounidense la explotación de ingentes cantidades de petróleo, justo en una parte del territorio en disputa de larga data con Venezuela en los tribunales internacionales. Y aquí la temperatura puede subir en cualquier momento.
En el caso de Argentina, el nombramiento de Peter Lamelas como nuevo embajador estadounidense en Buenos Aires ha venido acompañado de escandalosas y arrogantes declaraciones. A finales de julio, el médico y empresario de origen cubano declaró ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Lamelas afirmó que buscará combatir la “corrupción por parte de los chinos” en toda Argentina, pidiendo que se apoye al presidente Javier Milei en las elecciones legislativas de octubre y asegurándose de que “Cristina Kirchner reciba la condena que merece”. La enésima inaceptable injerencia en la política interna, que marca de cerca al mejor aliado de Israel en la región. Lamentablemente, resulta al menos embarazoso defender a Milei y su gobierno que, precisamente en estos días, están bajo los reflectores por un enorme escándalo de sobornos en suministros médicos destinados a personas con discapacidad.
No es de extrañar, entonces, que, tras Panamá, el jefe del Comando Sur se haya trasladado a Argentina, donde participó en una conferencia sobre defensa regional en Sudamérica, además de mantener una reunión con el Jefe de Estado Mayor argentino, Xavier Isaac, para abordar cuestiones relacionadas con la “seguridad continental”.
Además, en las aguas territoriales argentinas y en las Islas Malvinas (ocupadas por el Reino Unido como Falkland), la OTAN está presente con un sistema de bases en las islas de Ascensión, Santa Elena y Tristán da Acuña, que “vigilan” todo el Atlántico desde el norte hasta la zona antártica.
En el continente, Estados Unidos tiene una presencia militar (y bases con varios sombreros) en Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Puerto Rico, Paraguay y Perú, además de instalaciones en Aruba, Costa Rica, El Salvador, Cuba (Guantánamo) y Perú, con el objetivo de una cobertura total de la superficie terrestre y marítima de la región.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, hay una sensación de que la posible “retirada” estadounidense del frente de Ucrania podría significar una renovada presencia agresiva en el “patio trasero” latinoamericano.
*Marco Consolo é da área de Relações Exteriores e Paz do Partido da Refundação Comunista – PRC, Itália, e Coordenador do Grupo de Trabalho da Esquerda Europeia sobre América Latina
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[i] https://x.com/pinoarlacchi?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
[ii] https://www.britannica.com/biography/Oliver-North
[iii] https://en.wikipedia.org/wiki/Amiram_Nir
[iv] https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2025.html
[v] https://www.newamerica.org/the-thread/fort-bragg-cartel-drug-trafficking-seth-harp/
[vii] https://forodesaopaulo.org/rechazo-a-la-escalada-militar-de-trump-en-el-caribe/
