La violencia contra las mujeres no solo se expresa en el ámbito doméstico o en las relaciones interpersonales. También se manifiesta, cada vez con mayor claridad, en el ámbito político, como instrumento de exclusión, intimidación y silenciamiento. La violencia política de género se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la participación de las mujeres en la vida pública en Brasil y América Latina, comprometiendo la calidad de la democracia y el funcionamiento mismo del Estado de derecho.

Si bien las mujeres constituyen la mayoría de la población en América Latina, ocupan cada vez menos espacios de poder político y de toma de decisiones. Esta contradicción revela que la exclusión femenina no se debe a la falta de interés o capacidad, sino a estructuras políticas, partidistas e institucionales que siguen operando según lógicas profundamente desiguales.

En Brasil, los recientes episodios de violencia política contra mujeres negras, líderes comunitarias y representantes electas demuestran cómo el género, la raza y el poder están entrelazados. El asesinato de Marielle Franco sigue siendo un símbolo extremo de esta violencia y un hito ineludible en el debate sobre los riesgos que enfrentan las mujeres que se atreven a ocupar el espacio público y competir por el poder en contextos de fuerte desigualdad.

La violencia política también se expresa a través de procesos de desestabilización institucional. El golpe de Estado que destituyó injustamente a la presidenta Dilma Rousseff, democráticamente ganado, estuvo marcado por discursos misóginos, humillaciones públicas y ataques simbólicos que trascendieron el debate político y afectaron su condición de mujer en la Presidencia de la República. Este episodio dejó profundas cicatrices en la democracia brasileña y tuvo un efecto disuasorio en la presencia de mujeres en puestos de liderazgo.

En escenarios de alta polarización política y erosión institucional, la violencia política de género no se limita a las mujeres que ocupan cargos electos. También se extiende a quienes, por su proximidad simbólica o familiar con líderes políticos, se convierten en blanco de ataques, estigmatización y exposición pública. Estas mujeres se convierten con frecuencia en instrumentos de presión política, utilizando sus cuerpos, trayectorias e identidades como territorios de disputa y castigo. Esta es una forma perversa de violencia política indirecta que refuerza patrones patriarcales, busca generar miedo y envía un mensaje disciplinario a todas las mujeres que se mueven, o podrían moverse, en el espacio de poder.

A nivel regional, la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta de México representa un hito histórico. El país actualmente presenta una configuración excepcional en América Latina, con mujeres ocupando puestos centrales de poder, incluyendo la Presidencia de la República, la dirección del principal partido político y gobiernos estatales y municipales de gran relevancia. Aun así, esta experiencia sigue siendo una excepción en un continente donde la violencia política de género continúa utilizándose como herramienta para limitar, debilitar o expulsar a las mujeres de los espacios de toma de decisiones.

La persistencia de este fenómeno pone de relieve la insuficiencia de los marcos jurídicos actuales. En Brasil, a pesar de importantes avances normativos, la legislación aún no reconoce explícitamente el concepto de feminicidio político ni abarca adecuadamente las múltiples formas de violencia —simbólica, digital, institucional y física— que afectan a las mujeres que compiten por el poder y lo ejercen. Este debate debe abordarse con valentía y urgencia, no solo a nivel nacional, sino como parte de la agenda latinoamericana.

La violencia política contra las mujeres socava la democracia al silenciar voces y reducir la diversidad de perspectivas en el debate público. Para enfrentarla, es necesario construir instrumentos legales e institucionales que protejan eficazmente la participación de las mujeres y garanticen que todas ellas puedan ocupar espacios de toma de decisiones sin temor ni intimidación.

El Ministerio de la Mujer de Brasil, fortalecido bajo el liderazgo de Márcia Lopes, puede desempeñar un papel central en el impulso del diálogo regional, la promoción del intercambio de experiencias y la articulación de una agenda común para combatir la violencia política de género en América Latina. Esta articulación cobra aún más importancia en un momento en que Brasil refuerza, a nivel nacional, la lucha contra las múltiples formas de violencia, reconociendo que la democracia, la justicia social y la igualdad de género son inseparables.

La reflexión sobre la violencia política de género no puede limitarse al ámbito regional. También es urgente que la comunidad internacional promueva una mayor representación femenina en los espacios de toma de decisiones globales. La elección de una mujer para el cargo de Secretaria General de la ONU sería un hito simbólico y político, señalando que las mujeres líderes pueden ocupar los más altos puestos de poder e influencia, fortaleciendo las agendas de igualdad, protección de los derechos humanos y combate a la violencia contra las mujeres.

Abordar la violencia política contra las mujeres no es un asunto sectorial ni identitario. Es un imperativo democrático. Mientras las mujeres sean atacadas, deslegitimadas o marginadas por ejercer liderazgo político, ninguna democracia estará plenamente protegida. El reto de América Latina es transformar las excepciones en la regla y garantizar que la política deje de ser un territorio hostil para las mujeres.

Vanda Pignato
Consultora de Políticas Públicas y Género
Ex Secretaria de Inclusión Social de El Salvador